Un grupo de empleados despedidos de Yacyretá por el nuevo presidente, Alfonso Peña, presentó un amparo y logró que la Justicia ordene su reincorporación hasta que se defina la cuestión de fondo, pero la Entidad les prohibió el ingreso.
Son 23 trabajadores nombrados desde 2019 en adelante, que forman parte de un grupo total de 103 echados en abril sin otras razones más que un recorte de personal. Lograron que el juez César Jiménez aceptara el pedido. Otros trabajadores no acudieron a la Justicia y algunos fueron reintegrados por “pedidos políticos”.
La situación es transitoria hasta que un Juzgado determine si deben ser reincorporados definitivamente o no, debido a que la EBY es una entidad nacional y estos conflictos se deben resolver en el fuero federal. Pero el juez intervino argumentando razones de carácter alimentario de los afectados.
Algunos de ellos acudieron con escribano público hasta la puerta de entrada para dejar constancia documentada que les prohibieron el ingreso.
Entre los trabajadores de la EBY circulan versiones de que habría una segunda tanda de despidos y que la sede Posadas debería quedar solamente con 40 empleados, de los 200 que tenía a principios de año.
Preocupados por la situación, la Asociación de Personal Argentino en Yacyretá, el gremio que representa a los trabajadores, reclamó que se reviertan los despidos y calificó la medida de “discrecional y arbitraria”.
Las desvinculaciones son de personal de planta permanente, incorporados durante las últimas tres gestiones.
“Llama poderosamente la atención el proceder segregatorio adoptado por el Ente Binacional, pues es evidente que los despidos, al carecer de causa, se observan claramente arbitrarios y carentes de toda motivación funcional”, denunció el secretario general de la Asociación de Personal Argentino en Yacyretá, José Correa.
Obras paralizadas
La situación genera una gran incertidumbre acerca de los planes futuros de la represa, en especial en proyectos clave como la Maquinización del Brazo Aña Cuá que ejecuta la EBY, cuyo avance se frenó en el 41% de ejecución, dejando sin empleo a más de 900 operarios, el 50% de ellos argentinos.
Ya se habían destinado 226 millones de dólares ejecutados del contrato. Restaban ejecutarse 133 millones de contrato y el 59% de la obra civil a desarrollarse.
Esta situación habría obligado a la contratista Webuild-Rovella-Tecnoedil a desafectar a unos 900 operarios (450 argentinos y 450 paraguayos) y la consecuente paralización total de la obra.
La empresa argumentó que el escenario “se vio agravado por la situación de incertidumbre que atraviesa Argentina a partir de la modificación sustancial e imprevista de las condiciones macroeconómicas: aumentos de precios, aceleración de la inflación, imposibilidad de importación de equipos y materiales imprescindibles, falta de flujo de fondos que garantice el debido financiamiento de la obra, incumplimiento de medidas compensatorias y correctivas; entre otros cambios no imputables al Consorcio”.
En enero, un grupo de legisladores nacionales de la provincia de Corrientes presentó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para que, “a través de los Ministerios de Infraestructura, de Economía y la Secretaría de Energía, el Gobierno nacional arbitre los medios necesarios tendientes a revertir la paralización de la obra”.
Los expertos coinciden en la importancia estratégica de continuar y finalizar la nueva Central Hidroeléctrica Aña Cuá que permitirá ampliar entre un 10% y 20% la generación de electricidad de Yacyretá y aportará 2.000 gigavatios-hora (GWh) anuales de energía limpia y renovable al Sistema Interconectado Nacional.
