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Fin de la polémica Uber: Posadas legalizará las aplicaciones digitales de transporte

Se exigirá seguro para el transportado, que vale alrededor de $8.000, antecedentes provinciales y, posiblemente, licencia profesional. La intención es asegurar las garantías para el usuario, explicaron desde la Municipalidad. Habrá rechazo de taxistas.

18 abril, 2024
CONSENSO. Los bloques de oficialismo y oposición unificaron proyectos para una redacción conjunta y decidieron legalizar el servicio, con requisitos.

CONSENSO. Los bloques de oficialismo y oposición unificaron proyectos para una redacción conjunta y decidieron legalizar el servicio, con requisitos.

La Municipalidad posadeña finalmente dio el visto bueno para habilitar todas las plataformas digitales de transporte mediante una ordenanza que se sancionará en el Concejo Deliberante.

Los bloques de la renovación y Juntos por el Cambio ya se pusieron de acuerdo y estuvieron trabajando lunes y martes en los detalles y aspectos generales de la iniciativa. La redacción final está siendo analizada por los asesores de la Municipalidad pero se supo que tendrá como principal novedad la exigencia de un seguro para el transportado, que cuesta aproximadamente $8.000 al mes.

Es difícil que el proyecto baje al recinto en la sesión de hoy pero lo más probable es que sea aprobado el jueves próximo ya que no encuentra resistencia de ningún concejal.

Se espera, como ocurrió en ocasiones anteriores, un fuerte rechazo de las asociaciones de propietarios de taxis y del gremio de peones, que vienen sosteniendo hace meses que las plataformas digitales les perjudican, no tributan en la ciudad y representan una competencia desleal. Pero los ediles igualmente ya tienen la decisión tomada.

En este sentido, Pablo Velázquez, de la UCR, sostuvo que “nos reunimos el lunes en la Comisión de Transporte y se decidió avanzar con un proyecto conjunto: uno del Frente Renovador, de Malena Mazal y otros concejales; y otro proyecto mío”.

En declaraciones a PRIMERA EDICIÓN sostuvo que “luego a la tarde hubo reuniones para cerrar el texto con equipos técnicos. Calculo que para el jueves próximo se aprobará con el espíritu de habilitar todas las aplicaciones digitales”.

Sobre el rechazo de los taxistas, Velázquez explicó que “nosotros no vamos a generar nada nuevo, las aplicaciones ya están funcionando y lo único que vamos a hacer es dejar en claro la realidad que existe”.

“Nosotros tenemos que legislar para beneficiar a la mayoría del conjunto y si las aplicaciones digitales están aceptadas por los usuarios, tenemos que formalizar su funcionamiento por medio de una ordenanza, porque el usuario nos está diciendo que eso le conviene”, explicó el edil del bloque unipersonal “Acción”.

Y agregó que “los concejales tenemos que alinearnos con lo que pide la ciudadanía y legislar en ese sentido. Acompañar los cambios y la realidad que impulsa la gente”.

Mantener garantías al usuario

El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Posadas, Lucas Jardín, explicó a este Diario que “la idea es modificar la ordenanza que se planteó desde el Ejecutivo hace dos años, estamos trabajando con los concejales para una propuesta superadora e inclusiva, sin perder las garantías y seguridad de la persona transportada”.

Agregó que “no tiene fecha aún, está en debate y se está convocando a los sectores, pero hay que trabajar este tema, el HCD está teniendo conversaciones con todos. Lo importante es que se pueda legislar algo que sea práctico para la gente y el Municipio pueda monitorear y controlar los diversos servicios en la ciudad”.

Antes de tomar esta decisión, se supo que el Municipio realizó un relevamiento y constató que los usuarios eligen las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación porque le dan otra experiencia “con la satisfacción de sus demandas”.

Igual, la intención es dejar en claro en la ordenanza que se debe encerrar todo “dentro de un marco legal” debido a que el mercado por sí solo a veces permite situaciones que el Estado debe garantizar. A raíz de esto, la Intendencia pidió que se contemple en el proyecto de ordenanza la exigencia de: licencia profesional, antecedentes penales provinciales y seguro para el transportado, que cuesta $8.000 al mes, como requisitos mínimos. Este seguro también se exige a taxistas y remiseros, con lo cual se igualan un poco más las condiciones.

“Vamos a exigir que el vehículo esté en condiciones, que el chofer esté en condiciones para brindar las garantías de que el usuario viaje seguro”, indicó Jardín.

Incluso hay una intención de que, más adelante, cuando se tenga “aceitado” el funcionamiento, se pueda trabajar en un servicio “metropolitano” porque es común que los usuarios crucen de un municipio y las normas deberían estar mínimamente unificadas.

En tanto, la concejal renovadora Malena Mazal, autora de otro de los proyectos que se unifican, indicó a PRIMERA EDICIÓN que “se trata de un proyecto de ordenanza presentado en conjunto con mi compañero Horacio Martínez que establece algunas modificaciones a la ordenanza 16 número 109: que busca regular el transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas en la ciudad de Posadas”.

“Con esta ordenanza buscamos establecer un marco normativo claro y actualizado para esta actividad y garantizar un mejor servicio para los usuarios que acceden a este tipo de transporte”, añadió.

“Desde este espacio tenemos interés en seguir mejorando la accesibilidad a los servicios que se ofrecen en Posadas, en este caso la eficiencia del transporte y por ende la calidad de vida de los ciudadanos, que contarán con una opción más para trasladarse”, dijo.

Por último, Mazal sostuvo: “Entendemos que es clave que el Municipio cumpla un rol activo en el vínculo entre las empresas y los conductores, para garantizar la seguridad de los pasajeros, que son ciudadanos de Posadas”.

Se usa cada vez más en el país

Uber no tuvo las cosas fáciles en ningún lugar del mundo. Al principio hubo resistencia en cada ciudad donde desembarcó, principalmente de los taxistas. Pero con el tiempo y gracias a la aceptación de los usuarios, no hubo freno. Incluso los gobiernos en varios lugares intentaron restringir la aplicación, como el caso de Posadas, Buenos Aires, Puerto Iguazú y otras ciudades, pero al final el mercado o la demanda de los usuarios se termina de imponer.

Hoy tiene otras aplicaciones con mucho potencial y crecimiento que vienen siendo utilizadas.
Incluso muchos taxistas, cuando terminan su horario en la empresa, utilizan el mismo vehículo para hacer una ganancia extra.

El cambio de posición que tiene la Municipalidad de Posadas estaría en línea con la demanda de los usuarios y la aceptación que tienen los dispositivos electrónicos para contratar viajes.

De un cerrado rechazo se pasó a comprender que la gran mayoría elige lo que le conviene. Por lo tanto, es más probable que los taxis se deban adecuar, que se restrinja estas herramientas.

Tags: aplicaciones digitales de transporteConcejoDeliberante de Posadasmunicipalidad de PosadasUber
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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