En breve, cuando un consumidor argentino vaya a un supermercado, probablemente encuentre en la góndola de la yerba mate alguna marca uruguaya como Canarias o el famoso dulce de leche Conaprole o alguna gaseosa brasileña como Guaraná.
El Gobierno avanza con la idea de facilitar el ingreso de productos alimenticios desde el exterior, más precisamente, desde el Mercosur, con la intención de evitar que los productos locales suban de precio de manera descontrolada aunque los empresarios del sector advierten que no es algo sencillo y dudan de que puedan mejorar mucho a los precios locales.
La verdad es que la importación de alimentos en Argentina es casi insignificante. En enero representó apenas el 2,3% del total. Solo US$ 110 millones, sumando alimentos procesados y los no elaborados.
En enero de este año, el ingreso de alimentos básicos para el hogar fue por US$ 34 millones, con una baja del 33% interanual y el de elaborados US$ 75 millones con una retracción del 5%. La balanza comercial de alimentos en Argentina es ampliamente superavitaria y difícilmente una “apertura” importadora pueda afectar a la actividad interna.
De modo que la apertura que impulsa el Gobierno parece estar más enfocada en presionar a algunas industrias de consumo masivo a que “colaboren” con el proceso de desinflación. Para ello, van a usar a las grandes cadenas de supermercados que tienen todo el andamiaje logístico y burocrático listo para importar en cuanto se larguen las medidas.
Funcionarios de la Secretaría de Comercio trabajan contrarreloj para tener todo listo en los próximos días. Entre los productos que van a poder entrar, figuran los que se pueden encontrar en la oferta de las grandes cadenas de retail. Hay de todo, desde carnes, pescados, lácteos, infusiones como yerba mate, frutas, nueces, dátiles, harina, semillas de trigo y maíz.
No va a haber una marcha atrás del Gobierno, le anticiparon esta semana a las industrias alimenticias que integran la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios). Pero todo parece ser temporal, por un reclamo de los supermercados quienes le dijeron al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, que los responsables de fijar los precios son sus proveedores.
En una segunda etapa, el Gobierno igualará las condiciones cambiarias y fiscales para traer insumos, que es el reclamo de los industriales.
En tanto, el Banco Central ya informó a los bancos de plaza cuáles van a ser las posiciones arancelarias para importar a las que podrán acceder dólares oficiales a pagar en 30 días.
Empresarios consultados por iProfesional indicaron que todavía se necesita que la Secretaría de Comercio publique la reglamentación. “Hoy se puede importar alimentos, dentro de las condiciones que fija la ley argentina”, explicó un operador del comercio exterior. Para poder traer comida se requiere una autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Algunos productos pueden ingresar de manera rápida y otros van a tener demoras. La sensación que hay entre los empresarios es que a diferencia del gobierno de Alberto Fernández, que quería controlar precios de manera deliberada, en este caso se busca ampliar la competencia.
“Lo que pasa es que si por ejemplo se quieren traer pastas italianas De Cecco, solo una pequeña parte del mercado va a poder pagarla”, dijo un empresario consultado. Según Mercado Libre, el paquete de fideos tipo tallarines importados cuesta $10.539.
Una lata de tomates en cubitos, por caso, paga 12,5% de arancel de importación si viene fuera del Mercosur, más 3% de tasa de estadística, paga 21% de IVA y 20% adicional, 6% de retenciones del Impuesto a las Ganancias, más 3% de Ingresos Brutos.
Por lo tanto, lo que ingrese deberá provenir desde Uruguay, Brasil, Paraguay o de algún país con el que Mercosur tenga tratado de comercio que permita traer sin aranceles o con reducción de los mismos.
Aun así, sin aranceles, un kilo de yerba de marca uruguaya se consigue a $8.300 en una de las cadenas de proximidad, que es el doble del costo de una argentina. De modo que la reducción de impuestos puede ayudar a que se abarate el costo, pero no está claro si serán valores competitivos.
En definitiva, hay que sumar esos costos y al final de todo ver si el precio que resulta de eso es ventajoso respecto del mismo producto local.
Solo hay algunos establecimientos en Argentina que ya están autorizados a importar alimentos. Empresas como Cabrales, que traen café, o Arcor, que importa cacao y los supermercados. En general, lo que se trae son alimentos que no se pueden producir en el país, como atún, algunas frutas contra estación, como las bananas y ciertos tipos de conservas.
Las empresas pueden comprar a granel, para luego envasar aquí, o en productos listos al consumidor final. En ese caso, se deben respetar las reglas del país, como es el caso de los octógonos negros, que indican que un producto tiene componentes no saludables. Hay que cumplir requisitos sobre conservantes y colorantes y eso es lo que puede demorar las intenciones del gobierno de generar una competencia.
Si se buscan traer envasados hay que pedirle al proveedor del exterior que lo mande en función de las normas de información al consumidor de las leyes argentinas. Por ello se puede asegurar que la importación de alimentos en Argentina no está cerrada, ni prohibida.
Simplemente, es que en las actuales condiciones puede resultar en que los productos que vengan del exterior sean más caros.
La conclusión a la que arriban los empresarios que están en el negocio de la importación, tras la medida anunciada del gobierno, es que la medida está más que nada dirigida a las grandes cadenas de supermercados. Estas ya están preparadas para la operatoria y con ello buscarán ampliar su oferta.
Quejas de Industriales
El economista Gustavo Lázari, que es empresario PyME en producción de jamones, planteó severas críticas a la iniciativa por considerar que es para beneficiar a las grandes cadenas de supermercados, que a su criterio, son las que habrían pedido facilidades para la operación, como es el caso del acceso a dólares en un pago a 30 días y la reducción de un par de impuestos.
“Deberían reducir los impuestos a los que tenemos que importar insumos. Las reglas tienen que ser parejas para todos”, señaló.
Los miembros de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) emitieron también un comunicado con el mismo tenor. Consideraron que es “un trato desigual para la industria” la decisión del Gobierno de permitir el ingreso de importaciones de alimentos y productos farmacéuticos.
“Mientras los productores nacionales deben pagar en cuatro cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días”, se quejaron desde la UIA.
No sirve para bajar la inflación
Federico González Rouco, de Empiria Consultores, advirtió que “abrir importaciones no sirve para bajar la inflación, al menos no en el sentido monetarista que el presidente Javier Milei tiene en la cabeza”.
“Abrir las importaciones (de lo que estoy muy a favor) sirve para bajar el nivel de precios, no el ritmo de aumento, que depende de otras cosas”, advirtió. González Rouco planteó que “en el corto plazo, el IPC subirá menos, pero porque aparecen productos nuevos y cambia la composición de la canasta, no porque haya bajado la inflación”.
Por su lado, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que “la apertura de la economía es una reforma pendiente, ya que significa más competencia y variedad”.
No obstante, señaló que “lo que plantea el Gobierno es parcial y solo moviendo algunos impuestos”. En ese sentido, sostuvo que las medidas del Gobierno contemplan la eliminación del IVA adicional y las retenciones del Impuesto a las Ganancias.
“Tenemos productos 33% de arancel y 3% de estadística que sigue estando en niveles altísimos. Esto representa un alivio puntual”, explicó.
Marí advirtió que las medidas de apertura solo alcanzan a productos terminados, pero que no se incluye los insumos para las industrias locales. “Es una medida que va en el sentido correcto, pero todavía le falta”, dijo.
