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La reforma de Milei es “más hambre para los jubilados”

El gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino explicó que si la movilidad se modifica como se pretende, será un incremento exiguo. Aseguró que el costo de vida acumulado es del 70%. La canciller Diana Mondino criticó los créditos de ANSeS al sector pasivo porque “se van a morir”.

11 marzo, 2024
PIDEN DIÁLOGO CON LOS QUE SABEN. Los jubilados “venimos atravesando una crisis humanitaria de muchos años” y los sucesivos cambios que se fueron incorporando a la normativa distan mucho de traer soluciones, advirtió el Defensor de la Tercera Edad.

PIDEN DIÁLOGO CON LOS QUE SABEN. Los jubilados “venimos atravesando una crisis humanitaria de muchos años” y los sucesivos cambios que se fueron incorporando a la normativa distan mucho de traer soluciones, advirtió el Defensor de la Tercera Edad.

El fuerte impacto que tienen las medidas del Gobierno de Javier Milei entre los jubilados de la mínima se traduce actualmente en falta de alimentos y remedios, pero el panorama en el futuro cercano parece ser mucho más cruel, porque si finalmente avanza la reforma previsional y la movilidad se ajusta por el IPC, “va a significar más hambre para los jubilados”.

Así lo explicó a PRIMERA EDICIÓN el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, para quien “si en abril sale la nueva ley y para calcular el aumento a las jubilaciones se aplica el IPC, digamos -hipotéticamente- del mes de marzo, que vamos a suponer que baje y sea de 10 puntos como dicen ahora que será, esto solo va a significar más hambre para los jubilados porque se tratará de incrementos exiguos”, aseguró Semino.

Y se preguntó: “¿Qué va a pasar con los haberes que ya están licuados cuando se apliquen esos 10 puntos?, por ejemplo sobre las mínimas, cuyo haber es de $135.000, con el 10% de IPC solo habría $13.500 de aumento. Es decir, el jubilado de $135 mil va a ganar recién dentro de dos meses cerca de $150 mil”, se escandalizó.

“Y así se seguirá con el resto. Menciono los de la mínima porque son la mayoría, como para comprender que sería un gran retroceso”, acotó.

“Pero también podemos hacer el mismo cálculo para quienes están en un rango de haberes más alto, por ejemplo, si tomamos la base de los $200.000 (con los bonos y demás) bueno ese ajuste de la nueva fórmula con ese 10% de IPC, en dinero son $20.000 de aumento. No es un cambio que apunte al bienestar de nuestro sector, donde venimos atravesando una crisis humanitaria de muchos años”, expresó.

De acuerdo con Semino, por cómo se está dando la coyuntura política y económica, la crisis previsional dista bastante de resolverse a partir de cualquier reforma que se proponga (en el Congreso hay varios proyectos dando vueltas), ya que para que la situación mejore tienen que coexistir dos componentes: voluntad de diálogo y decisión política, que no se ve que existan.

“Los actores políticos (oposición /oficialismo) castas, anti castas no están tomando nota con lo que nos pasa. Si bien, uno de los temas tiene que ver con la pérdida de nuestros haberes, en términos de poder adquisitivo, que es algo que se arrastra hace muchos años, con varias administraciones distintas. Ahora, por ejemplo ya tuvimos 70% de aumento en el precio de los alimentos y hasta el FMI le pidió al Gobierno que se apiade”, sostuvo el experto a lo largo de la charla.

A su vez brindó una explicación de por qué ante una posible nueva fórmula no sirve un ajuste de haberes por IPC.

“La ley de (Alberto) Fernández dio muy malos resultados y lo vemos ahora porque, en su momento el oficialismo de entonces (año 2020) decidió no hacer caso a las opiniones de todos aquellos que fuimos invitados por las comisiones en el Congreso, donde planteábamos que más allá de la movilidad debía incorporarse una cláusula de garantía por inflación. A partir del 2022, cuando aumenta la inflación y se cambia inclusive el ministro de Economía, el doctor (Sergio) Massa viendo que no se podía contener la suba de precios restituye como política de Estado un bono permanente para los jubilados y pensionados que cobran la mínima, que no es otra cosa que un pago en negro”, amplió.

Y luego explicó que para llegar a una ley que cambie de fondo la mala situación de los jubilados “es necesario volver a convocar a los expertos al diálogo, escucharlos y seguir esos consejos”, algo que también dentro las definiciones que brindó a este Diario, “no está ocurriendo” con este Gobierno.

De igual manera, para Semino una cosa no quita la otra y urge una reforma previsional, porque la ley que rige la vida de los jubilados es obsoleta.

“El sistema provisional tiene que cambiar algunas cosas, por ejemplo el cómputo de los seis últimos años que se usan para llegar al coeficiente central del cálculo jubilatorio, porque ese es un dato de la prehistoria, la persona no tiene sus mejores años laborativos al final de su vida productiva, sino entre los 45 y lo 55 años. Eso es algo que se tiene que reformar”, pidió.

“Agonizan” prestaciones de salud

Los constantes aumentos en los remedios y la deficiente atención médica que reciben los jubilados, “es otro tema que preocupa y muchísimo”, apuntó Semino, para quien, esa cuestión también viene siendo desatendida por las sucesivas gestiones.

“En el último tiempo, lo que más se agudizó fueron las prestaciones de salud, que eran un sistema que ya venían colapsados pospandemia y que tras el hackeo del sistema de PAMI en agosto del año pasado, empezó la interrupción de tratamientos, no llegaron insumos, se agravaron patologías y se murió gente en el trayecto”, relató el hombre, para quien en la actualidad, los jubilados siguen siendo los más golpeados por la motosierra de Milei.

Y enumeró: “Los jubilados de la mínima perdieron un 33% de poder de compra con relación a marzo del año pasado”.

De hecho, reflejó que las jubilaciones y las prestaciones del PAMI son los dos rubros con mayor caída en el gasto público ejecutado por el Gobierno en lo que va del año. Ambas categorías explican el 43% del recorte del Estado.

Hay que recordar que recientemente, el presidente Milei había apuntado contra los adultos mayores y justificó los recortes tras calificarlos como “el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina”.

 

De las moratorias a los planes sociales

Consultado por último acerca de la idea que estudiaría el Gobierno, de pasar a los jubilados que accedieron a tal condición por moratorias a ser beneficiarios de planes sociales, Semino aseguró que se trata de una información que no tiene sustento y que posiblemente lo que circula al respecto “es erróneo”.

De todas formas afirmó que si la idea fuera cierta, es inviable de llevar a cabo.

“Los jubilados por moratoria tienen los mismos derechos que él que ingresó dentro de una jubilación ordinaria, porque compró su deuda y la fue pagando con los descuentos que se le hacían por varios años, dentro de lo que ordenaba el marco de una ley nacional”, aseguró.

“No hay ningún tipo de posibilidad reformar eso para pasarlos a otro sistema porque se tiene que reformar por el Congreso también por medio de otra ley”, rechazó.

 

Mondino: “Si sos jubilado es casi seguro que te vas a morir”

En el marco de las presuntas irregularidades en la contratación de los seguros de ANSeS para los préstamos subsidiados destinados a jubilados y pensionados, la canciller Diana Mondino cuestionó ese método de financiamiento y generó polémica en las redes sociales con su declaración.

“Ya por definición todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas?”, dijo la funcionaria en el programa de Mirtha Legrand, quien recientemente cumplió 97 años y le respondió a la funcionaria: “Yo pienso vivir muchos años más”.

Las declaraciones de Mondino se dan tras la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSeS. El expresidente Alberto Fernández ya suma dos imputaciones en la causa.

La canciller precisó además que el expresidente “conocía perfectamente los temas” y que “está complicado” en la investigación. Asimismo, defendió que los organismos públicos utilicen el mecanismo del autoseguro para tener cobertura, en lugar de contratarlo con una aseguradora, ya sea pública o privada.

Las presuntas irregularidades, según se investiga, se originó a partir de un decreto presidencial que ordenaba a todos los niveles del Estado a contratar a Nación Seguros, empresa que pertenece al Banco Nación, como aseguradora de riesgos en sus prestaciones. En cada contratación habrían intervenido empresas privadas, pertenecientes a terceros, a quienes se les cuestiona, la necesidad de su intermediación, y las comisiones que habrían percibido.

 

 

Reforma previsional 

La reunión entre el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los mandatarios provinciales fue el marco para que el Gobierno planteara la necesidad de obtener un consenso mayoritario sobre los principales puntos de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus. Entre los cambios se plantea una modificación de la fórmula de movilidad por la cual se ajustan las jubilaciones.

En este punto, la reforma previsional es clave para poder actualizar las jubilaciones.

El Capítulo V prevé la modificación de la movilidad de las prestaciones previsionales y la modificación de la actual fórmula previsional.

La propuesta que impulsa el gobierno de Javier Milei es aplicar un ajuste mensual por inflación más 10 puntos porcentuales de recomposición por el período anterior.

Seguramente esta propuesta será resistida por varios legisladores que aspiran a que se contemple la recomposición de los meses de mayor inflación.

Tags: créditosDiana MondinoJavier MileiJubiladosMovilidad JubilatoriaReforma
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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