Luego del discurso del presidente Javier Milei en el Congreso nacional, donde propuso a los gobernadores de todos los partidos políticos la firma del Pacto de Mayo en la provincia de Córdoba, hubo repercusiones por el capítulo medioambiental que propuso el mandatario.
Se trata del punto 6 del decálogo conocido durante su alocución en el Congreso nacional, referente al uso de los recursos naturales.
El mismo propuso “un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Fue en consonancia con el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida como Ley Ómnibus que tuvo un amplio rechazo en la Cámara de Diputados de la Nación.
La primera organización que se expidió mediante sus redes sociales fue Greenpeace, al sostener que “reformar, derogar o modificar leyes y normas ambientales, como vimos anteriormente (Ley de Tierras, Ley de Manejo del Fuego, Ley de Glaciares, Ley de Bosques, entre otras), no beneficia en nada ni al país ni a la crisis ecológica que vive el planeta”.
Bajo el hashtag PactodeMayo y el título “El ambiente no se negocia”, la organización internacional fundamentó su posición en que “volver a insistir con dichas regresiones es contrario a las necesidades de Argentina y a la salud del medio ambiente. Se trata de leyes que han tenido un impacto positivo, y que más que derogarse, deberían perfeccionarse”.
Primero hicieron referencia a que “la importancia de la Ley de Glaciares reside fundamentalmente en que los preserva como reservas valiosísimas de agua dulce para nuestro país. Abastecen cuencas hídricas de distintas regiones y son factores centrales en la regulación climática local, regional y global.
Gracias a esta ley, hito en la historia ambiental de nuestro país, se prohíbe la actividad de las industrias extractivistas que ponen en serio riesgo de destrucción estos ecosistemas únicos”.
En un tema que se vincula a Misiones, Greenpeace se refirió también a la Ley de Bosques: “… gracias a ella el 80% de los bosques nativos del país están clasificados por leyes provinciales como zonas donde no se puede desmontar. Desde su sanción a fines de 2007, el promedio anual de deforestación bajó un 40%. Sin embargo, hoy la mitad de los desmontes son ilegales”, advirtió.
Finalmente advirtieron que “no podemos permitir que se sacrifiquen los recursos naturales que abastecen a ecosistemas, poblaciones y diversas actividades productivas solo para beneficio de unos pocos”.
“Desde Greenpeace Argentina seguimos exigiendo que no se flexibilicen leyes ambientales fundamentales como las de bosques y glaciares. Hoy no existen certezas ni garantías respecto a que las modificaciones propuestas anteriormente no vuelvan a ser presentadas”, sentenciaron en la postura pública.
