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Colectivo: se pierden $5.000 millones en 2024 por quita de Nación y no tener SUBE

Hasta agosto de 2023 ingresaron $2.227 millones a Misiones. La estimación para este año sería de $5.000 millones. Por no tener la SUBE nacional los usuarios no podrán tener descuentos.

10 febrero, 2024
Persiste la discontinuidad de las frecuencias

Persiste la discontinuidad de las frecuencias

En 2024 los misioneros se perderán más de 5.000 millones de pesos por la decisión de la Nación de recortar los subsidios a los colectivos y las empresas, para seguir manteniendo el servicio, intentarán recuperar ese dinero cargando al valor de las tarifas que pagan los usuarios.

Las empresas del Grupo Z, que tienen la mayor tajada del negocio en la provincia, en diciembre avisaron que un boleto sin subsidios cuesta 1.300 pesos. Habría que pensar, entonces, que por la decisión del presidente Milei, eso podría ser el costo para el futuro.

Pero la pérdida también se produce porque las empresas más grandes, del Grupo Z, no colocaron ni permitieron el uso de la SUBE nacional. La Nación aseguró que los que tengan esa tarjeta podrán acceder a los subsidios, pero solo funciona en Apóstoles e Iguazú (activación inminente).

La estimación de la pérdida de 5.000 millones de pesos parte de la base de los subsidios que ingresaron a Misiones en 2023. Solo hasta agosto (último mes que cobraron las empresas) ingresaron a la provincia $2.227 millones de pesos, de acuerdo a los datos publicados ayer por la consultora Politikon en base a informes del Ministerio de Energía (subsidios al combustible).

Si lograra completar el pago de los doce meses del año, se llegarían a unos $3.000 millones de pesos. A eso, proyectando la misma inflación calculada en el presupuesto 2024 los subsidios no podrían ser inferiores a los $5.000 millones de pesos.

Si bien los datos provisorios señalados previamente indican que por el Fondo Compensador se distribuyeron $ 70.712 millones (subsidios), las proyecciones realizadas considerando los meses adeudados a las provincias indican que el año 2023 podría haber cerrado con un total destinado a tal fin de $ 87.600 millones, recursos que con la medida anunciada por el Gobierno nacional ya no llegarán a las provincias en este 2024.

Suponiendo que dicho total podría haber sido ampliado en igual nivel que la estimación inflacionaria detallada en el proyecto de presupuesto 2024, estamos hablando de un fondo de $ 148.968 millones.

La proyección de Politikon también duplica los números para el total de los subsidios a distribuirse en el año en curso.

REPARTO DESIGUAL. El fondo compensador del transporte para el interior y cuánto recibió cada provincia.

 

Cómo se repartió

¿Cómo se repartió el Fondo Compensador entre las provincias del país?

De los $ 70.712 millones destinadas a las 23 provincias, el 20,6% quedó en Córdoba, que se hizo de $14.573 millones entre enero y noviembre del 2023. Santa Fe, con el 14,9% (por $ 10.548 millones) se ubica en segundo lugar, y más atrás quedan Tucumán ($ 6.813 millones), Salta ($ 6.195 millones) y provincia de Buenos Aires, excluyendo los partidos del Gran Buenos Aires ($ 4.433 millones).

Todas estas provincias recibieron recursos del Fondo Compensador en todo el período enero-noviembre inclusive, al igual que otras siete provincias.

Con fondos captados solo hasta octubre inclusive se encuentran Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y La Pampa; tres lo hicieron hasta septiembre inclusive (Chubut, San Luis, Río Negro); una hasta agosto inclusive (Misiones); dos hasta abril (Santa Cruz y Tierra del Fuego) y una provincia, Mendoza, registra fondos solo en enero y febrero.

 

Reparto desigual

En el año 2023, de acuerdo con los datos de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, las transferencias del Tesoro al Fondo Fiduciario al Sistema de Infraestructura del Transporte fueron por $ 479.216 millones; de ese total, el 79,7% correspondió al AMBA (por $ 381.966 millones) y el 20,3% a las provincias (por $ 97.250 millones). El grado de lo pagado sobre el devengado fue del 98,8% para el total (99,0% para AMBA y 97,9% para provincias).

Sin embargo, dicho sistema de consulta no permite desagregar esos recursos según los diferentes componentes que forman parte del Fondo Fiduciario. Para ello, se debe recurrir a una fuente alternativa, que es la actual Secretaría de Transporte (ex Ministerio), que publica los montos asignados a las jurisdicciones por cada concepto en particular. Esta fuente de información tiene un problema: no está actualizada en igual nivel que los datos consolidados del FFSIT, por lo que se debe tener eso en consideración al momento de analizar los datos que se detallan a continuación.

De acuerdo con los datos parciales provistos por la Secretaría de Transporte, las provincias recibieron en 2023 un total de $ 70.712 millones por el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros; al tiempo que las compensaciones tarifarias recibidas por el AMBA totalizaban $ 343.067 millones. La información para el AMBA llega a noviembre incluido, mientras que hacia adentro de las provincias, hay algunas con transferencias solo hasta agosto o septiembre, aunque la mayoría de ellas registran recepción de fondos hasta noviembre.

Esta desigual distribución de los recursos entre AMBA y el interior fue un motivo constante de puja en los últimos años entre las provincias y el Gobierno nacional de Alberto Fernández, que nunca tuvo la voluntad de solucionar.

Esta situación lleva, por ejemplo, a que las empresas de la Capital reciban cuatro veces más subsidios que las del interior, teniendo caminos en mejores condiciones y mayor volumen de pasajeros transportados.

Por esta razón, las empresas de AMBA pueden pagarle sin problemas el salario acordado en paritarias a los trabajadores, mientras que las del interior no cuentan con la rentabilidad suficiente para hacerlo. A raíz de eso, los últimos paros de transporte fueron solamente en el interior.

 

Beneficio perdido

Además del Fondo Compensador, los ciudadanos del interior pueden contar con un beneficio que se conoce como Atributo Social. Significa el pago de compensaciones que permite a determinados grupos de afinidad (jubilados, pensionados, trabajadoras domésticas, beneficiarios de ayudas sociales asignadas por ANSeS, etc.) acceder a un descuento del 55% en las tarifas del Transporte Público (aplica a AMBA y al interior del país).

Con datos que llegan también a noviembre, los fondos por Atributo Social SUBE que llegaron a las provincias fueron por $ 12.582 millones; mientras que al AMBA alcanzaron los $ 24.064 millones.

De esta forma, y considerando las aclaraciones realizadas previamente, los datos muestran que entre Fondo Compensador, compensaciones tarifarias y Atributo Social SUBE, las transferencias a provincias y AMBA totalizan $ 450.424 millones, equivalente a un 94% de lo ejecutado por el FFSIT. De ese total, las provincias participan solo del 18% mientras que el AMBA lo hace en el 82%.

Solo pueden acceder los usuarios que utilizan la SUBE nacional, pero en Misiones el Grupo Z y el Gobierno se pusieron de acuerdo para instrumentar la SUBE misionera, una empresa ligada al Grupo, no permitiendo a estos grupos acceder al beneficio de 55% de descuento. Por esa razón, los fondos de ese beneficio no llegan a Misiones.

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Tags: ColectivoGrupo ZSUBE
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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