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Botón antipánico: “No es total la seguridad que brinda a la víctima”

Un nuevo informe del Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” demostró el incremento de femicidios desde inicios del 2024 y la falta de políticas públicas que aseguren el bienestar de mujeres y disidencias.

9 febrero, 2024
BAJO ÍNDICE. En Misiones, en muy pocos casos han habido denuncias antes de que ocurran los femicidios.

BAJO ÍNDICE. En Misiones, en muy pocos casos han habido denuncias antes de que ocurran los femicidios.

De acuerdo al informe del Observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” durante el primer mes del 2024 ya se registraron 2 femicidios -una menor de edad de 10 años, oriunda de Colonia Aurora y Graciela Beatriz Soto, de San Ignacio- y siete intentos en la provincia, mientras que, a nivel nacional, se reportó un femicidio cada 27 horas y 39 intentos solo en enero.

“Un intento no es menor que un femicidio, es una vida que está corriendo peligro y que hay que acompañar y asesorar para que no ocurra el paso siguiente”, expresó Carla Talavera del movimiento Mumalá Misiones en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, remarcando cómo las cifras se duplicaron preocupantemente en Misiones desde el 2022, con 55 intentos, al 2023 con 8 femicidios y 98 intentos.

“Estos números que vemos reflejados en las placas del Observatorio Nacional han sido vidas de madres, de mujeres, de hijas que han sido arrebatadas a causa de la violencia machista”, manifestó.

Respecto a las medidas preventivas ofrecidas a las personas que se encuentran atravesando una situación de violencia, Carla remarcó que hay mucho por debatir todavía. “El año pasado hubo mujeres que tenían la perimetral, el botón antipático y aún así han sido víctimas de femicidios. Es algo que hay que revisar y muy finamente porque no es total la seguridad que brinda a la víctima”.

“Está mal planteado porque pone toda la responsabilidad nuevamente en la víctima. Depende únicamente de la víctima que el celular tenga batería, internet, porque funciona con un GPS, dinero para cargar o pagar internet y que lo tenga en mano cuando el violentador este cerca”, resaltó.

Carla expresó que estas soluciones preventivas no solo colocan a la víctima en un lugar como única responsable de su integridad emocional y física, sino que muy pocas veces cumplen con su objetivo que es protegerlas.

“En Misiones tenemos un indicie muy bajo de casos en donde han llegado a denunciar antes de que ocurran los femicidios. Esto nos lleva a repensar qué está pasando en las comisarías, en las fiscalías, en aquellos lugares donde corresponde tomar la denuncia que es el primer paso para salir y romper con el circulo de la violencia”.

“El año pasado tuvimos un caso donde la víctima tenía el botón antipánico, pero vivía en el campo donde muchas veces no tenía ni señal, y en muchos casos ni siquiera quieren tomarle la denuncia”, arguyó Talavera.

“Ese es el momento en que hay que acompañarla, asistirla y brindarle el abanico de herramientas que tenemos para que esa persona no retroceda y no se vea en la situación de volver al lugar donde ocurrió la violencia. Muchas veces cuando vuelven es mucho peor”, agregó. “No debería ser un privilegio de pocos sino un acceso real para todas las personas”, puntualizó.

 

Falta de acceso y difusión

Carla destacó que existen herramientas que las víctimas pueden hacer uso para asesorarse o pedir ayuda, como ser la Línea 137 donde las personas pueden realizar denuncias, también de manera anónima, que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, o la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, “donde cuentan con acompañamiento psicológico, legal y jurídico”, aclaró.

También se refirió a la Ley de Educación Sexual Integral que “debe ser aplicada en las casas de estudio, sumado a la importancia del acompañamiento de las infancias y adolescencias, que nos ayuda a detectar además de las situaciones de violencias, las situaciones de abuso”.

Sin embargo, “la reducción de los accesos a esas herramientas o la falta de difusión de éstas hace que la persona se encuentre más vulnerada”, dijo Carla.

A su vez, hoy en día, aún “no todos los municipios cuentan con un lugar propio para que las personas puedan ir a denunciar, a veces deben trasladarse a los lugares más cercanos”, compartió.

“No hace falta irse muy lejos de Posadas para darse cuenta de la falta de difusión que existe de las herramientas disponibles, el acceso a los derechos, las leyes. En los mismos barrios populares o asentamientos se hace evidente esta realidad. También ocurre en Garupá y Candelaria, ni hablar del interior de la provincia”, añadió.

La desinformación va desde poder identificar a tiempo situaciones de violencia, cómo denunciar, qué pasos seguir, a dónde acudir, cómo hacer una petición de alimentos, entre muchas otras cosas.“El transmitir la información necesaria, justa y real hace que el vecino pueda tener otra perspectiva y hacer uso y reclamo de sus derechos”, resaltó Talavera.

 

 

Crece la preocupación

En el actual contexto nacional, “debido a la situación económica, es muy difícil que la persona que está atravesando la situación de violencia pueda viajar a Posadas a hacer una denuncia, un reclamo de alimentos, porque es difícil bancar los pasajes, es un beneficio de pocos”, expresó Carla.

 

“Toda crisis hace que las situaciones de violencia aumenten, hace que rebrote porque no hay un amparo hacia la víctima”.

 

“Son situaciones que le competen al Estado estar presente y acompañar a las víctimas, hacer un seguimiento muy fino de los instrumentos, las leyes o políticas que se crean”, manifestó.

Por último, destacó que la postura del gobierno de Javier Milei es claramente negacionista de la violencia de género.“Mientras la violencia por motivos de género mata cotidianamente el Gobierno elimina Ministerios, desjerarquiza políticas públicas, cierra programas y precariza la atención de la línea de asesoramiento 144”.

 

Tags: Botón AntipánicoDerechosDisidenciasfeminicidioObservatorio “Mujeresseguridadvíctima
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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