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Preocupación en Misiones por la discontinuidad de programas de asistencia alimentaria

La Nación dejó de enviar fondos para diversos programas bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. "Hay preocupación por la situación en la cual estamos inmersos", declaró Fernando Meza. Organizaciones sociales que apadrinan comedores y merenderos también son perjudicadas.

31 enero, 2024
MUNICIPAL. También se colabora con escuelas y algunos hogares locales. (Imagen ilustrativa)

MUNICIPAL. También se colabora con escuelas y algunos hogares locales. (Imagen ilustrativa)

La llegada del nuevo Gobierno sacudió los cimientos del Estado en todos los niveles. El ajuste prometido por el presidente Javier Milei, desde su asunción el 10 de diciembre, está llegando a todos los sectores, entre ellos al de asistencia social y alimentaria de las provincias.

Con el achique del Estado nacional nació el Ministerio de Capital Humano, con Sandra Pettovello a la cabeza, que absorbió, entre otros, al ex Ministerio de Desarrollo Social. La funcionaria, a través de una “auditoría” a nivel nacional  prometió “transparentar” la política alimentaria. 

La primera medida fue discontinuar varios programas de ayuda alimentaria que llegaban a comedores y merenderos, a través de gobiernos provinciales, asociaciones, fundaciones, clero, municipios, y hasta organizaciones sociales, principales “gerentes de la pobreza”, según el Gobierno.

En Misiones reina la incertidumbre con respecto a si continuarán en algún momento las asistencias alimentarias, principalmente bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, donde “hay preocupación por la situación en la cual estamos inmersos en este tiempo”, expresó el ministro Fernando Meza, en diálogo con Radio República.

Meza explicó que varios programas concretos que lleva adelante el Gobierno provincial con financiamiento de la Nación (Banco de Herramientas, Programa de Atención al Celíaco, Programa Mi Baño y Mi Pieza, urbanización de barrios populares, etc.), quedaron en ‘stand by’. “La verdad que estamos a la espera de ver de qué manera continúa”, aseguró el ministro.

Agregó que tuvo charlas con ministros del resto del país y la situación es la misma. “Entendíamos que había que dar un tiempo prudencial también para que las nuevas autoridades puedan tomar una dimensión y claramente ir viendo qué programas, sobre todo en lo que tiene que ver asistencia alimenticia, si se van a continuar y de qué forma”, resumió.

También aclaró que “hemos tomado contacto con el nuevo secretario y obviamente estamos viendo con los equipos técnicos con los que hemos tenido diversos programas a lo largo de estos años para ver de qué manera se va a continuar o cuál es la decisión”.

Igualmente, la Provincia sigue sosteniendo algunos programas esenciales con fondos propios. “Tenemos nuestra cocina centralizada funcionando todos los días en lo que es la órbita de Itaembé Miní, Santa Rita y Mercado Central. Tenemos acompañamiento en este tiempo sobre todo a familias que realmente lo están necesitando, como es el programa Tarefero (unas 15 mil familias), que la Provincia con un enorme esfuerzo y recursos propios viene sosteniendo”, apuntó.

 

Organizaciones sociales 

El Ministerio de Capital Humano apuntó a las organizaciones sociales como “gerentes de la pobreza”, por ende, bajó el “sistema de entrega discrecional de alimentos secos” y busca implementar una modalidad de “transferencia monetaria directa a los comedores” para evitar los intermediarios.

En la tierra colorada, estas agrupaciones que “apadrinan” comedores y merenderos a lo largo y ancho de la provincia no tenían nexo con Desarrollo Social de Misiones sino que trataban directamente con la cartera de la Nación, que preveía “fuerte acompañamiento” a las mismas, pero también a fundaciones, asociaciones civiles, cleros y hasta municipios, aclaró Meza.

 

Evitar “intermediarios” para llegar a comedores y merenderos

La política que está en carpeta y que comenzaría a implementar la Nación es a través de una modalidad de transferencia monetaria directa a titulares de comedores y merenderos. Al respecto, Meza opinó que “hay comedores que hoy están recibiendo ayuda por esta vía, comedores que tienen un nexo con la Nación. Lo que habría que desarrollar en este tiempo, si es que quieren más transparencia en cuanto a estos recursos, es un reempadronamiento”, destacó.

A través de este reempadronamiento, que Misiones realiza cada año entre febrero y marzo, “se puede realizar de manera conjunta con organizaciones sociales”, dijo Meza y sumó que “no veo el inconveniente de poder realizar este tipo de definiciones”.

En la tierra colorada, el Ministerio de Desarrollo Social convoca a titulares de comedores y merenderos y “realizamos una trazabilidad de cuáles son los beneficiarios, qué tipo de beneficios reciben y dónde tenemos que enfocarnos con más énfasis para acompañar a las familias”, cerró.

Tags: alimentosasistenciaMinisterio de Capital HumanoMinisterio de Desarrollo Social de MisionesNaciónprogramas socialesreclamo
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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