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Las prepagas suben 76% en el primer bimestre y aún así los médicos cobran cada vez más copagos

En enero, a cobrar en febrero, la suba es del 40%. Y en febrero, a pagarse en marzo, del 26%. Acumulada, supera el 75%. La Justicia no habilitó tratar un amparo.

27 enero, 2024

Junto con la escalada de precios que, en algunos casos como los medicamentos, ronda el 200%, los pacientes no tienen respiro ante los costos -indispensables para la mayoría- que deben enfrentar para atender sus problemas de salud.

Las empresas de medicina prepaga ya anunciaron que en el primer bimestre del año las cuotas se dispararán un 76% acumulado. El sablazo será del 40% para enero, a cobrarse en febrero, y luego, acumulativo, se le sumará otro 26%. Si alguien pagaba 100 mil pesos a fin de año, a principios de marzo deberá desembolsar 176 mil. Asfixiante para la mayoría.

A eso se suma que muchos médicos decidieron seguir cobrando copagos para atender -en muchos casos hasta en negro-, por lo que los pacientes se encuentran ante una situación desesperante que lacera sus bolsillos.

“La prepaga me dice que denuncie al médico. Pero no lo voy a hacer, porque no me lo quiero poner en contra”, razona una mujer de 60 años en el consultorio de un neurólogo de cierto renombre, en el barrio de Palermo.

“A mí me el psicólogo me avisó que a partir de la próxima sesión, me cobrará un copago adicional al que ya me cobraba a pesar de que voy por prepaga. Es decir, es un copago del copago”, se queja otra mujer antes de poner cara de resignación y cambiar de tema porque “es lo que hay”.

Los casos se repiten. La atención de la salud se convirtió en prohibitiva para vastos sectores de las clases medias, sobre todo los que aún pelean por no caer a clase media baja, que ya directamente ha tenido que dar de baja la medicina privada y se atiende en el sistema público, como ocurre con la mayoría de los monotributistas y autónomos.

 

Qué pasa en la Justicia

En este escenario, la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó habilitar la feria judicial para tratar un amparo presentado por una jubilada a raíz de los aumentos del servicio de su hospitla de comunidad.

Una mujer de 77 años había presentado un pedido de amparo para que el Hospital Italiano no le aplicara los ajustes en las cuotas que habilitó el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 dictado por el gobierno de Javier Milei, al desregular el sistema sanitario.

La socia del Italiano sostuvo que se encuentra atravesando una situación de urgencia que “amerita la habilitación de la feria judicial, ya que se aumentos desmedidos en la cuota generaron que deba dejar de pagar otras obligaciones para no endeudarse con su cobertura médica”.

En ese sentido, la jubilada pidió declarar nulos los artículos 267 y 269 del decreto. La mujer cuestionó los aumentos arancelarios del servicio de medicina prepaga del Hospital Italiano, que actualmente rondan los $113.000 y, según afirmó, no podrá afrontar los aumentos en las cuotas, lo cual pone en peligro la posibilidad de comprar la medicación que debe tomar diariamente.

Pero la Sala A de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (jueces Eduardo Daniel Gottardi, Juan Perozziello Vizier y Fernando Uriarte) rechazó el amparo, al considerar que no existe una “circunstancia real de incumplimiento” en el pago de las cuotas. En este sentido, en la Justicia se adopta la posición de la Corte Suprema, que recién se abocaría a estudiar la validez constitucional del megadecreto de Milei tras el receso por la feria, que concluye el miércoles próximo.

 

Los médicos cobran igual aranceles para atender a pacientes de prepagas

Pese a los aumentos en el servicio de salud privada, crece el cobro de copagos por parte de médicos. Se estima que en enero se sumaron un 10% más de médicos que les piden a pacientes este adicional. La práctica ya se empieza a volver común. Es una forma de reforzar los ingresos a costa de los pacientes claro.

La mayoría de los pacientes no denuncia los pedidos de plata adicional porque necesita mantener una buena relación con el médico, para el cuidado de su salud.

Los profesionales se defienden y aseguran que las prepagas aún no les trasladaron a sus honorarios las subas de las cuotas que aplicaron a afiliados ni cambiaron los plazos de pago (que van de 30 a 120 días luego de facturado el servicio). Otros dicen que las que sí dieron incrementos, no alcanzan para compensar el retraso ante el avance de la inflación.

Los aumentos a médicos van del 10% al 15%. En diciembre, la inflación fue un 25,5%, de acuerdo al Instituto de Estadística y Censos (INDEC), y las estimaciones privadas calculan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará en torno al 20% en enero.

Asociaciones que representan a establecimientos y profesionales de distintas especialidades advirtieron que las compañías de medicina privada definieron un porcentaje de actualización de forma inconsulta. “Fue una imposición, no hubo ninguna negociación”, indicaron.

De cara a los próximos meses, intentarán presionarn para que los ajustes estén en línea con los incrementos aplicados a los asociados en enero y febrero, que implicarán un incremento de casi 70% promedio en apenas dos meses.

Por un turno médico, actualmente los profesionales cobran de las prepagas en promedio $ 3.000. En el mejor caso llega a $ 5.500, mientras que en el peor ronda los $ 2.500. En estas consultas, los copagos rondan entre $ 1.500 y $ 6.000 dependiendo el profesional y la especialidad.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #saludArgentinacopagosCoseguroMédicosPrepagas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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