En el artículo 348 del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que el presidente Milei envió al Congreso, se propone la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
Frente a ello y ante la renuncia de la última interventora del organismo, Greta Pena, trabajadores de las 25 delegaciones del país llevan adelante la campaña “El INADI no se cierra”.
En ese marco, Jorge Ríos, delegado provincial, explicó a PRIMERA EDICIÓN que el INADI “no solamente cumple un rol de ordenamiento jurídico interno del país, sino que se vincula a un derecho básico, un derecho constitucional, que es el derecho a la igualdad, de oportunidades, de trato, de no discriminación, pero además tiene que ver con compromisos que nuestro país ha asumido a nivel internacional, en materia de derechos humanos”.
“Es una de las pocas políticas de Estado que tiene nuestro país, es decir, que trasciende los gobiernos”, afirmó Ríos.
Asimismo, enfatizó que la ciudadanía y todos los organismos “se están movilizando y manifestando no solo en rechazo al DNU, sino para exigir que se trate como debe ser, democráticamente, según los procesos institucionales que tanto nos costó como país consolidar”.
En ese sentido, y en el marco de los 29 años que cumpliría el INADI este 2024, Jorge remarcó que “eliminar el INADI o reducirlo significaría renunciar a todo el trabajo que se viene haciendo hace casi 30 años con todos los gobiernos. Además de dejar desprotegida a la ciudadanía y a las poblaciones históricamente vulneradas”.
Alarma frente a las declaraciones públicas
A la Ley Ómnibus, se suman las declaraciones públicas que ha estado haciendo el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, respecto al Instituto.
“Cabe la posibilidad de que esté mal asesorado porque los números que dio respecto a la cantidad de delegaciones que existen en el país y la cantidad de trabajadores que están en ellas no coincide con la información que manejamos las delegaciones, no refleja la realidad”, manifestó el delegado.
“Tampoco coincide la información que él da respecto a los sueldos, habló de sueldos que superan el millón de pesos, lo cual bajo ninguna circunstancia es así”, arguyó.
De acuerdo al relevamiento realizado por las mismas delegaciones, el total de trabajadores que conforman el INADI no superaría las 400 personas. “En Misiones, por ejemplo, somos cuatro personas en total”, dijo Ríos.
“Lo mismo respecto a los alquileres, no todas las delegaciones funcionan en oficinas alquiladas que representen una erogación al INADI, sino que la mayoría funciona en locales que son compartidos con otros organismos nacionales, e incluso, en muchos casos, funcionan en oficinas cuyo alquiler lo pagan la Provincia o los municipios, que es el caso de los enlaces”.
Ante la falta de respuestas certeras por parte del organismo, Ríos explicó que “en las delegaciones se está trabajando en hacerle llegar la información que manejamos como para que pueda cotejarlo. No hemos recibido desde el organismo una propuesta de contacto”.
“Si en diputados se decide que no se elimine, de todas maneras, basados en las declaraciones públicas, sabemos que consideran que la estructura del INADI es innecesariamente grande, cuando en realidad no damos abasto para la demanda que tenemos”, subrayó el responsable provincial.
Relevamiento provincial
Basado en el relevamiento interno provisto por la delegación provincial, desde abril del año pasado han recibido, en promedio, alrededor de una consulta por día, de las cuales más del 70% requirió asesoramiento jurídico especializado, no solo administrativo.
Además, recibieron alrededor de una denuncia por semana, llevando adelante también más de 35 capacitaciones de pedagogías antidiscriminatorias en escuelas, clubes deportivos y otras entidades tanto públicas como privadas, alcanzando a más de 2.200 personas.
También llevaron adelante gestiones de buenos oficios, en donde actuaron como mediadores, y operativos en el espacio público, como ser en ferias, plazas o programas como “el Estado en tu barrio”, en donde participaron con stands. A esto se suma el trabajo en redes sociales y la incidencia mediática.
Referencialidad del INADI
En ese sentido, Jorge se refirió a la referencialidad que ha logrado el INADI en este último tiempo.
“Cuando un ciudadano tiene un problema, aunque no sea estrictamente de discriminación, pero está vinculado, acude al INADI. Luego, a partir de las redes que fuimos generando con otros organismos del Estado nacional, provincial y municipal, hacemos las derivaciones y el seguimiento correspondiente, por ejemplo, a mediación en la Municipalidad, a Defensa del Consumidor, al Centro de Acceso a la Justicia, a los programas del Ministerio de Género y Diversidad, pero en principio, muchas veces, acuden a nosotros”.
En razón de ello y recordando que se trata solo de cuatro personas remarcó que “no hay que achicarlo, sino más bien hay que dotarlo de más recursos”.
“La presencia del INADI en las provincias, a través de las delegaciones es lo que garantiza que las políticas públicas antidiscriminatorias realmente lleguen a los territorios”.
“Buscan cerrarlo bajo esta premisa de que generan un gasto, cuando en realidad tiene que ver con políticas públicas que son una obligación del Estado y que es fruto de todo un proceso histórico. Si hay cosas por mejorar, hay que mejorarlas, no eliminarlas”, finalizó.
