La Legislatura de La Rioja aprobó por amplia mayoría que el gobernador Ricardo Quintela pueda emitir cuasimonedas por 22.500 millones de pesos. Se denominarán Bocade (Bonos de Cancelación de Deuda) y estarán destinados en un 30% al pago de los salarios de los empleados públicos de la provincia del noroeste argentino.
El proyecto que había presentado el Frente de Todos que domina con comodidad el órgano legislativo -tiene a 32 de 36 integrantes de su signo político- se aprobó ayer en la sesión 138. La creación de una moneda propia generó una polémica en las redes sociales con el presidente Javier Milei.
La ley fija que el Poder Ejecutivo deberá llegar a un acuerdo con el Banco Rioja (estatal) “u otras entidades bancarias de plaza, en la forma y modalidad de acreditación en cuenta corriente o caja de ahorro u otra forma de depósito bancario, de los importes depositados” en bonos. La idea del gobernador justamente surgió luego de que se desatara un reclamo de las fuerzas policiales riojanas para recomponer sus salarios.
El pasado que vuelve
El solo hecho de recordar que la emisión de cuasi monedas en la crisis de 2001 acumuló $8.200 millones -en la época en que un peso era igual a un dólar- y que llegó a representar más del 25% de la base monetaria es algo que genera nervios en el mercado. En total fueron 15 cuasimonedas provinciales, a las que se sumaron medios de pago nacionales y hasta municipales. Fueron creadas ante la emergencia de un duro recorte fiscal en los tiempos en que Domingo Cavallo, en su segunda etapa como ministro de Economía, intentaba preservar su invento más preciado: el régimen de Convertibilidad.
Pero a diferencia de lo que había ocurrido en la gestión menemista, para ese entonces se había revertido el flujo de capitales y no había recursos para financiar un gasto público que entonces representaba la cuarta parte del PBI.
La experiencia es recordada como un trauma por muchos de quienes la vivieron. Los empleados provinciales y las empresas proveedoras cobraban en esa moneda, que luego, en muchos casos, sufrían una desvalorización en el mercado.
Finalmente, todas fueron rescatadas en 2003 por el Gobierno de Néstor Kirchner al valor nominal, para beneplácito de los arriesgados inversores que las habían comprado a su precio mínimo de aproximadamente 25%.
Ahora, a 23 años de aquella experiencia, la decisión del peronista Quintela, en el sentido de volver a emitir una moneda provincial, hizo que se reactivara el debate sobre las consecuencias que podría traer este hecho sobre la economía.
Déficit cero
El propio Javier Milei se referió al tema, y opinó que no habría inflación en pesos, aunque sí en la propia moneda provincial, porque perdería valor de mercado si el gobernador no generase la confianza suficiente como para garantizar la aceptación de esa moneda.
Es una situación que, desde el punto de vista del Presidente, ocurrirá inexorablemente por los problemas de asignación de gastos que tienen varias provincias, empezando por La Rioja: el presidente le recordó públicamente a Quintela que, mientras tiene dificultad para pagar los salarios de policías y enfermeros, pagó un contrato para un show de Lali Espósito en la provincia.
Las afirmaciones del Presidente se dieron en sus redes sociales. No es la primera vez que Quintela y Milei se cruzan por distintas iniciativas. “Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan”, escribió el Presidente en su perfil de X (antes Twitter), en relación a la iniciativa que tomó el gobernador de La Rioja al anunciar la emisión de una letra por hasta 22.500 millones de pesos.
“Por lo tanto: Viva la competencia. Viva la libertad carajo”, sostuvo el mandatario y cerró su mensaje aclarando que “la Nación ha tenido que enfrentar la corrección de un déficit de 15% del PBI, mientras que todas las provincias juntas suman 1% del PBI”.
Milei ratificó en los últimos días que la meta de déficit fiscal cero de su gobierno “no es negociable, no importa qué pase; vamos a déficit 0, porque entendemos que el origen de todos los males es el Estado y los políticos generando déficit fiscal. Si encontramos un contexto más adverso porque cae más la actividad o tenemos menos acceso al mercado de capitales, menos recursos, el ajuste será más violento”.
Al respecto acotó que durante la vigencia de la convertibilidad el salario medio de la economía era de US$ 1.800 y ahora es de US$ 300 y que de haber seguido la tendencia previa sería hoy de 3.600 dólares.
¿No es culpa mía?
Pero, sobre todo, la duda que queda planteada es si, llegado el caso de que vuelvan a proliferar las cuasimonedas provinciales, cuál será la actitud de Milei. Y, por lo visto hasta ahora, parece extremadamente improbable que haya un rescate por parte del Gobierno nacional, como el que había hecho Néstor Kirchner en 2003.
“¿Acaso no somos un país federal? ¿Las finanzas de las provincias no son responsabilidad de las provincias? Qué culpa tengo yo del desmadre de la administración anterior y de lo que han hecho los gobernadores. No es culpa mía”, fue la expresiva definición de Milei cuando se planteó la dificultad de las gobernaciones para pagar los aguinaldos.
Lo cierto es que si, desde el punto de vista de Milei, el peso “vale menos que excremento”, qué no pensará entonces de una moneda emitida por un gobierno provincial cuyos recursos dependen en un 74% de la asistencia del Estado nacional, y al que acusa de despilfarrar los recursos en gastos superfluos.
“Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno nacional”, escribió Milei en las redes sociales.
La respuesta de Quintela no demoró; “La Provincia nunca le pidió a la Nación el respaldo de ningún bono. La rescatamos nosotros. El respaldo del bono está realizado con la provincia, no le pide a la Nación el rescate del bono, creo que se confunde el Presidente”.
¿Buenos Aires también?
Pero, aunque las declaraciones de Milei puedan inducir a pensar que a la Casa Rosada no le preocupa la iniciativa de La Rioja y que una eventual cuasimoneda no tendría consecuencias a nivel nacional, lo cierto es que empiezan a escucharse voces de alarma.
Sobre todo, por la posibilidad de que el ejemplo riojano sea seguido por otras provincias más grandes como Buenos Aires, donde vive casi el 40% de la población nacional.
Las cuasimonedas son emitidas para pagar los sueldos de los empleados públicos provinciales y los insumos y servicios de los proveedores privados.
Se permite que con esa moneda se abonen los impuestos y tasas municipales -pero no los nacionales que cobra la AFIP- y se pide a los comerciantes que los acepten a la par del peso -aunque no siempre esa disposición es respetada-.
En casos como el de La Rioja, esto implica que la mayoría de la población tendrá altas chances de cruzarse con esos billetes provinciales: según la Fundación Mediterránea, un 42% de la población activa reviste en filas estatales.
Y la relación entre empleados públicos es de dos a uno respecto de los privados del sector formal.
En el caso de Buenos Aires, ese ratio es menor: hay 46 empleados públicos por cada 100 privados registrados. Pero la gran población de la provincia hace que, igualmente se trate de un número gigante: se estima que hay más de 600 mil personas que todos los meses cobran un salario pagado por el Estado, en alguno de sus niveles nacional, provincial o municipal.
De momento, el gobernador Axel Kicillof no tomó una decisión al respecto, pero vienen insinuando que es una medida que tiene en carpeta si el Gobierno nacional no atiende sus reclamos de mejorar la porción que Buenos Aires recibe a la hora del reparto de impuestos.
El último año, solamente un 54% de lo que entró a las arcas bonaerenses provino de recursos propios, mientras que un 32% tuvo su origen en las transferencias automáticas, y un sustantivo 14% se explicó por las transferencias discrecionales decididas por el poder Ejecutivo, que es lo que Milei se propone recortar a cero.
“Hubo varios episodios históricos, lo más parecido fue lo del 2001”, recordó Kicillof, en alusión a los Patacones que puso en circulación el entonces gobernador Carlos Ruckauf. Y puntualizó que el Banco Provincia tiene la facultad constitucional de emitir moneda.
Optimismo
Entre los más optimistas figura Jorge Yoma, histórico dirigente del peronismo riojano, quien se manifestó seguro de que el sistema no traerá ninguna de las consecuencias nocivas que advierten los economistas.
En diálogo con iProfesional, Yoma recordó que la cuasimoneda es un recurso ya usado dos veces, una por Carlos Menem en 1989 y la otra en 2000 y 2001.
“Funcionó perfectamente, porque tiene el respaldo de los fondos que ingresan diariamente por Coparticipación federal”, argumenta Yoma, quien dijo que la regla para no sufrir la desvalorización de la cuasi moneda es no emitir más del 30% del recurso que ingresa.
Según Yoma, en las dos experiencias de la historia reciente se logró mantener la paridad frente a la moneda nacional, dado que los consumidores y los comerciantes tenían la certeza de que podían canjear la moneda provincial por moneda nacional.
“No es que toda la gente en un mismo momento va a ir a cambiar la cuasimoneda, sino que circula por el comercio local. Y hasta que ese bono llega al banco, ya tiene el dinero suficiente, porque le entró por la Coparticipación federal, para convertir esa moneda riojana en pesos nacionales”, plantea Yoma.
Los argumentos de Quintela
“Nos obligan a esto por la velocidad, el salvajismo, por la crueldad del ajuste que se precipitó en 20 días”, sostuvo el gobernador riojano, Ricardo Quintela, al reconocer que su administración se ve “obligada” a impulsar la creación de un bono, la cuasimoneda, para “cubrir salarios” de los trabajadores de la administración pública.
Y, en sus críticas hacia el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), enfatizó: “Además de eso, existen planes o programas de desestabilización de los gobiernos cuando inducen a que vayan contra el gobernador de la provincia”.
En paralelo con su iniciativa, el gobernador denunció a la Nación ante la Corte Suprema -donde planteó una demanda para que el gobierno nacional pague $9.300 millones de fondos retenidos, más otros $47.000 millones correspondientes al presupuesto 2024- y además está impulsando una nueva ley de coparticipación.
Entre otros puntos, planteó que tributos como el Impuesto al Cheque -que recauda un 8% del total de la torta tributaria- sean coparticipados a las provincias, para compensar lo resignado por el Impuesto a las Ganancias.
Quintela destaca expresamente que los montos reclamados no pertenecen a las transferencias discrecionales sino a la coparticipación automática.
Por su parte, los gobernadores del espacio Juntos por el Cambio han fustigado la idea y han sugerido que todo no pasará de una “movida política” de Quintela. “Es una cuestión más tribunera que real; me parece una locura que una provincia se corte sola”, refirió Ignacio Torres, gobernador de Chubut.
Consecuencias
Rafael Flores, economista especializado en administración financiera del sector público explica que “las cuasimonedas son bonos que emite el Estado, que se suelen plantear como de aceptación obligatoria para proveedores, contratistas y empleados públicos” y se usan para cubrir las deudas que tenga la administración provincial con proveedores o para pago de salarios.
“En la experiencia más cercana que tenemos, que es 2001-2002, las cuasimondas funcionaron para darle mayor liquidez a los gobiernos provinciales porque no había pesos”, recuerda Flores y señala que, para su emisión “solo se exige un acuerdo legislativo”.
Sin embargo, aclara: “Es clave la aceptación que este instrumento tenga por parte de la sociedad”.
Por otro lado, algo que se sopesa en general es “la duración que tendrá el uso y el plazo de rescate que se plantee el Gobierno”, que están directamente relacionados con la confianza que tengan los acreedores.
Riesgos
El economista jefe del IERAL, Jorge Vasconcelos, planteó los principales riesgos asociados a la medida:
• Un aumento en la circulación monetaria, porque los agentes buscarán desprenderse de ellos para buscar pesos. Esto agudizará la inflación provincial que perjudicará a los asalariados públicos.
• Las empresas privadas de la provincia tendrán un encarecimiento real a la hora de pagar impuestos nacionales, porque deberán cambiar la cuasimoneda riojana por pesos para entregarle a la AFIP. Esa conversión sufrirá descuento.
• Esas empresas probablemente incurran en atrasos con la AFIP y perderán rentabilidad, lo cual debilitará aun más el incentivo a crear empleo privado -en una provincia en la que apenas un 21% de los trabajadores revisten en el sector privado formal, que hace diez años no crea empleo en términos netos.
