Conocida la resolución de inhibición que firmó el juez federal de Oberá, subrogante en feria del Civil y Comercial Federal de Posadas, Alejandro Gallandat Luzuriaga; Misiones apeló la misma el martes pasado, a las pocas horas de ser notificada.
PRIMERA EDICIÓN pudo confirmar que dicha apelación fue concedida y ahora la Fiscalía de Estado de la provincia tendrá cinco días para presentar la fundamentación que avale las razones por las que entiende que la demanda contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 no debe pasar a la Corte Suprema de Justicia.
Si complementa ese requisito, la Cámara de Apelaciones será la que defina si queda en esa primera instancia o va al máximo Tribunal de la Justicia argentina. Cabe recordar que la segunda instancia en la feria judicial quedó a cargo de Mirta Tyden de Skanata (presidenta); y Ana Lía Cáceres de Mengoni, hasta el 31 de enero con lo cual probablemente sean estas magistradas las que deban tomar la decisión.
La intención que expresaron fuentes oficiales a este Diario, es que Gallandat se aboque a la causa radicada en el expediente por la “urgencia en que debe dejarse sin efecto -con el dictado de una medida cautelar- la quita de funciones esenciales para el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)”, además de un planteo contrario a la reforma por el DNU de la Ley de Sociedades que afectaría a las SE misioneras (IPLyCSE, Marandú, AMSE, Misio Pharma, Mercado Central), en cuanto la Provincia vela por la participación estatal en las mismas.
En el escrito del fiscal de Estado provincial, Fidel Duarte, al que accedió PRIMERA EDICIÓN al momento de los fundamentos, opinó que “el Decreto 70/2023 es a todas luces inconstitucional ya que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen su dictado, mucho menos cuando las materias ya se encuentran reguladas por leyes emanadas del Congreso de la Nación”.
Y agregó que “… en un solo acto deroga 28 leyes, 8 Decretos y modifica 44 leyes que posibilitan el funcionamiento de la vida, salud y economía de la República Argentina”.
El Estado misionero aseguró que “ello implica un avasallamiento al concepto de república, la que encuentra garantía en la Constitución material (por oposición a la formal), la que rige en la realidad, lo que nos permitirá afirmar si en un país hay ‘república’ o si hay solo una parodia de ella, y a la que hay que proteger de las ‘trampas’, ‘abusos’ y ‘falseamientos’ promovidos desde la extralimitación de los poderes del Estado”.
Puntualmente sobre el INYM, el fiscal sostuvo que el DNU “genera una lesión de imposible reparación posterior, sobre el derecho de propiedad y trabajo de los productores yerbateros de la Provincia de Misiones, limitando a los mismos de forma tal que se afecta directamente su actividad laboral y por ende su salud y su vida, ya que en casi todos los casos, los productores de pocas superficies son el sector más vulnerable de la cadena de producción, siendo este factor el determinante para la creación del INYM, donde se encontraban protegidos derechos y de donde se exigía el cumplimiento de muchas 11 obligaciones, amparadas y protegidas por la ley de creación del organismo, la cual fue absolutamente violentada y por ende se necesita sea restaurada”.
Más adelante también se cuestionaron en los fundamentos del escrito judicial, los cambios sobre el envasado en la zona productora o “en origen”.
Para sostener la medida cautelar, Duarte fue contundente: “Afirmamos con base en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que el DNU 70/2023 para desregular parte de la actividad económica no aprueba el examen de constitucionalidad”.
