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Síndico advirtió que Petterson incurrió en “graves incumplimientos” a la ley

Las maniobras para el desplazamiento y la supresión del cargo al vicepresidente, al síndico e incluso de una abogada “fueron viciadas” en procedimiento erróneo, no se convocó a extraordinarias y su tratamiento ni siquiera constaba en el orden del día.

20 diciembre, 2023
EXIGENCIA. Jouliá reclama mientras desde adentro se procura evitar quiebre interno.

EXIGENCIA. Jouliá reclama mientras desde adentro se procura evitar quiebre interno.

La olla a presión en la que está convertido el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), avivada por la tensión previa a una tormenta, sumó ayer una intimación del desplazado síndico, Emilio Jouliá, quien -carta documento mediante- advirtió “incumplimientos graves a la ley” en la designación de Jonas Petterson como titular e intimó a que “en 24 horas el directorio revoque lo actuado”.

Jouliá lleva muchos años en el asesoramiento jurídico del INYM. Tras la medida intempestiva de los directores de la Producción y Secaderos, remitió el documento legal con dos puntos concretos: las maniobras para el desplazamiento y la supresión del cargo de vicepresidente del INYM, que “fueron viciadas” según Jouliá ya que la reunión donde Jonas Petterson se autodesignó el nuevo administrador del Instituto “no fue una convocatoria extraordinaria” y el “tratamiento del tema no se colocó ni constaba en el orden del día”.

“Acuso la nulidad del acto por contravenir el orden público (…) siendo la nulidad manifiesta e imposible de sanear porque se obró en fraude a la ley y con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto, entre otros vicios”, remarcó el texto del escrito al que accedió PRIMERA EDICIÓN.

Y prosiguió el abogado: “He sido designado síndico del INYM ganando en concurso público de oposición y antecedentes por las provincias de Corrientes y de Misiones y entre mis facultades se encuentra fiscalizar la administración del Instituto (…) razón que me obliga a intimarlos a que en 24 horas revoquen la resolución 353/2023”.

Además Jouliá resaltó dos puntos sobre el procedimiento de remoción que -a su entender- son claves porque la remoción de un síndico debe tratarse en asamblea extraordinaria y dicha posibilidad de destitución se debe dejar manifiesta en el orden del día. En ese mismo sentido, el síndico expuso que no solo no se incluyó la remoción en el temario sino que, previamente, ni siquiera se habilitó porque requiere del voto de los dos tercios de los integrantes del directorio, por lo tanto el debate se habilitó con anomalías.

 

MARCHA ATRÁS. El instrumento jurídico advierte “vicios”, puntualiza el pedido para revocar todo lo actuado desde el jueves 14 de este mes.

A la Justicia

Ayer los rostros de los productores no eran los más felices por cierto, pese a que posaron para la foto conjunta y así mostraron “unidad”, después de una reunión en la que se dijeron de todo. Tras la misma, primó una suerte de pacto de silencio hacia afuera, para dar la impresión de acuerdo y enfrentar juntos embates peores (por ejemplo, la desregulación del precio de la yerba o incluso la eliminación del organismo cuyo decreto ya se elaboró).

Sin embargo, nada quita que la Justicia termine dirimiendo sobre la validez de la reunión del jueves 14 o es al menos lo que espera Jouliá, quien advirtió en la intimación que de no retroceder en todo lo actuado iniciará acciones legales del caso.

 

“No quiero que el INYM desaparezca”

Por lo que Emilio Jouliá confirmó a la FM 89.3 Santa María de las Misiones, su contrato como síndico se extiende hasta febrero del año entrante. En ese contexto afirmó que la situación del INYM es “anormal” pero que así y todo tiene herramientas para la función orgánica.

“En este Instituto no tienen presidente”, sostuvo en abierta declaración que Petterson no ejerce tal autoridad, “sin vicepresidente, por haber dejado sin efecto el cargo de Ricardo Maciel y como síndico voy a presentar un informe, porque esa también es una anomalía”, acotó.

“Había una resolución que lo ratificaba como vicepresidente y lo dejaron sin efecto”, recordó.

La compleja situación no influiría en una eventual “desaparición del Instituto”.  “Soy defensor a ultranza de esta herramienta, no creo que desaparezca y el INYM, que ya ha pasado por varias gestiones de presidencias, viene haciendo una muy buena gestión” dijo.

Y agregó Emilio Jouliá: “Creo sí, que estamos ante una situación comprometida y no quiero bajo ningún punto de vista que el Instituto Nacional de la Yerba Mate desaparezca. Todo lo contrario. Ha sido una herramienta útil en estos 19 años y todavía puede ser de muchísima utilidad a toda la economía yerbatera, que tiene particularidades muy especiales”.

Finalmente, insistió con que “sería lamentable” que intervinieran el Instituto o lo que sería peor, que “lo liquidaran”, y estas cosas (autodesignaciones y desplazamientos) que están pasando “no favorecen”.

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Tags: Carta documentoEmilio JouliáINYMMisiones
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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