A pocos días de gestión, el gobierno de Javier Milei enfrentará su primera jornada nacional de lucha en manos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por “no garantizar el pago del aguinaldo, el pago de salarios en cuotas, la suspensión de las paritarias y el congelamiento de la planta de personal, entre otras medidas”. Según informó la organización social, en las próximas horas, cada distrito definirá la modalidad de la medida de fuerza.
Advirtiendo las críticas que le van a llover por esta decisión en el comienzo de la administración libertaria, el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que “es el Gobierno el que empieza a afectar la paz social con sus políticas. Las medidas económicas están agravando las condiciones de vida de todos los trabajadores, jubilados y sectores populares”.
Añadió que “el potente ajuste regresivo que se anunció a nivel nacional se dispara rápidamente a las provincias”, en referencia a las primeras medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El sindicato de los estatales informó que “esta decisión forma parte del plan de acción definido en la reunión que el Consejo Directivo Nacional mantuvo con todas las provincias el jueves. Allí se otorgó el mandato a la conducción nacional, encabezada por Aguiar, para determinar la medida de fuerza”.
Al respecto, las fuentes gremiales consultadas por iProfesional, indicaron que cada seccional resolverá si aplica paros parciales, totales o marchas.
Sobre el tema de las movilizaciones, también se tendrá que ver cómo se aplica el anunciado protocolo antipiquete elaborado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que debutará oficialmente mañana, cuando se lleve a cabo una manifestación de las organizaciones sociales y numerosos sindicatos (se estima también la participación de ATE), en un nuevo aniversario del estallido social que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
Aguiar sostuvo que “también estamos preocupados por las definiciones que se adoptaron en distintas provincias, como en San Luis, donde el gobernador Claudio Poggi, ya anunció el pago en cuotas de los salarios de diciembre y enero, medida que también evalúan adoptar sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, con el aguinaldo en este último caso, entre otros”.
Aguinaldo
El dirigente añadió que “a su vez, algunas gobernaciones dejaron trascender la posibilidad de emitir cuasimonedas”, en referencia a dichos del mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Reiteró que “no está garantizado el pago de los aguinaldos en la mayoría de las provincias y municipios. Hay gobernadores que ya anunciaron el pago de salarios en cuotas. Se suspendieron paritarias. Se congelan las plantas de personal”.
Remarcó que “la situación no da para más y hemos resuelto una medida de fuerza nacional. Cada distrito definirá la modalidad de protesta y lo anunciaremos próximamente”.
Sobre el protocolo antipiquetes, expresó que “frente a semejante avance sobre nuestros derechos e intentos de represión y criminalización de la protesta por parte del Gobierno, necesitamos empezar a ejercer plenamente nuestros derechos de huelga y movilización”.
Alerta por los jubilados
Subrayó que “la remarcación generalizada e indiscriminada de todos los precios de la economía en la previa de la asunción del nuevo Gobierno, y luego la devaluación de más del 118 por ciento han terminado de aniquilar los ingresos de los trabajadores del sector público y también de los jubilados” y añadió que “nadie puede acusarnos de no haber agotado todas las instancias”.
El referente estatal manifestó que “el Gobierno lleva tan solo siete días, pero el daño que ya ocasionó agravando las condiciones de vida de toda la gente tardará años en poder repararse” y anticipó que “al shock de ajuste le tenemos que empezar a responder con la progresividad de las protestas”.
Por último, Aguiar reafirmó que “ATE es uno de los sindicatos más grandes y antiguos de la Argentina. Nuestras generaciones anteriores pasaron por todas, hasta por la Dictadura Cívico-Militar”. Y planteó que “tenemos la responsabilidad no solo de resistir en unidad en este momento, sino también de proponer frente a esta crisis que nos está hundiendo, una salida en favor de todo nuestro pueblo”.
En línea con lo que había anunciado el Gobierno, se definieron los nuevos montos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar que regirán a partir de enero. Los incrementos serán del 100% y 50%, respectivamente, en comparación a los montos vigentes y están en línea con lo que había anticipado la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del primer paquete de medidas económicas que lanzó el gobierno de Javier Milei.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, la AUH pasará de $20.661 a $41.332 a partir de 2024. En el caso de los beneficiarios que se encuentran en provincias patagónicas, el monto será de $53.720 desde el próximo mes.
La asignación garantiza una prestación mensual a la madre o padre que está a cargo de sus hijas o hijos menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad. Está destinado a desocupados, trabajadores no registrados, de casas particulares y monotributistas sociales.
En el caso de la Tarjeta Alimentar, la prestación actual es de $22.000 para un hijo, de $34.500 para dos y $68.250 para tres. Con el incremento del 50% nominal que decidió el Gobierno, desde enero los montos ascenderán a $33.000, $51.750 y $68.250, respectivamente. Este es un instrumento que entrega el Estado nacional para que los sectores de menores ingresos accedan a la canasta básica alimentaria.
Está focalizado a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad (inclusive) que reciben la AUH. También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH y madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.
Los incrementos en los programas sociales fueron en línea con lo anunciado por el ministro de Economía como paliativo frente al efecto de la liberación de precios y la devaluación. “Por esta situación de emergencia vamos a complementar las medidas. Lo que vamos a hacer es duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar”, había señalado.
Por otro lado, Caputo informó que el plan Potenciar Trabajo se mantendrá, sin recortes, en base a lo que refleja el presupuesto de 2023. Esto implica que habrá un recorte en términos reales, ya que la inflación licuará esos ingresos. “Vamos a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes la necesitan, sin intermediarios”, señaló el ministro. De esta forma, los beneficiarios percibirán $78.000, según lo establecido en noviembre de este año.
Estrategia piquetera
Mañana, miércoles, todas las miradas estarán puestas en dos hechos que serán clave en los primeros 10 días de gobierno de Javier Milei.
Por un lado, la marcha piquetera contra las medidas anunciada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; por el otro la aplicación del protocolo antipiquete que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que utilizará el 20 de diciembre.
Ni uno ni otro demostraron voluntad de ceder. De hecho, ante la consulta de Infobae, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, ratificó la marcha luego de que Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, dijera que los que corten calles no cobrarán el plan social. “Más que nunca”, sentenció el piquetero.
Sin embargo, la Unidad Piquetera, para minimizar posibles focos de incidentes, resolvió ingresar a CABA por subterráneo y tren y en las principales estaciones, como Constitución, Pompeya, Once, y las tres líneas de Retiro del ferrocarril Mitre, San Martín y Belgrano instalar “un equipo multidisciplinario de organismos, dirigentes de Derechos Humanos y políticos; abogados laboralistas, la Gremial de Abogados y otras organizaciones de abogados”, según Belliboni, para “garantizar que Patricia Bullrich no pueda actuar sobre los ciudadanos comunes en las estaciones de trenes para defender el derecho de poder ingresar a la Capital”.
Este despliegue fue diseñado porque la ministra de Seguridad advirtió: “Habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautadas: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.
La funcionaria aclaró que las protestas en las veredas, sin cortes de calles, avenidas, rutas y accesos -parciales o totales- serán disueltas con la intervención de las cuatro fuerzas federales, PSA; Policía Federal, Gendarmería y Prefectura.
Para eso, “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”. También aclaró que “se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación”.
Belliboni anticipó que eso no ocurrirá. En tono casi de burla, anticipó que es imposible que 50 mil personas caminen por la vereda, como pretende la exministra de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri.
Las columnas intentarán llegar a la ciudad desde el mediodía. Se concentrarán en los alrededores del Congreso de la Nación y de allí, a partir de las 16, bajarán por Avenida Rivadavia y Avenida de Mayo; otras dos lo harán por Diagonal Norte y Diagonal Sur para desembocar en Plaza de Mayo. Se generará un caos de tránsito vehicular en pleno horario pico de regreso a casa.
Una de las estrategias que se maneja en Gelly y Obes 2289, sede del Ministerio de Seguridad, es evitar que los piqueteros lleguen al centro porteño. Habrá operativos de las fuerzas federales en los puentes Pueyrredón, Alsina y en estaciones de trenes.
Las organizaciones de izquierda afirman que, con el fin de evitar los incidentes que suelen ocurrir en ese punto, no cortarán el Puente Pueyrredón, el principal acceso a CABA desde la zona sur del conurbano.
“Si quieren poner la ‘supervalla’ ahí que lo hagan, pero nosotros no vamos a ir por ese lugar”, le aseguraron a este medio integrantes de la organización de la protesta y aclararon: “Vamos a ir en tren y en subte”.
Para coordinar esa respuesta, Bullrich se reunió con el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, su par de CABA, Waldo Wolff, y con el jefe civil de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, entre otros funcionarios nacionales como Federico Angelini, el subsecretario de Intervención Federal, área que depende de la Secretaría de Seguridad.
