Ya sea por la retracción de la oferta o por los elevados valores en el mercado, seguramente no haya existido un momento tan complejo para los alquileres de inmuebles a lo largo de estos cuarenta años de democracia.
La actual Legislatura concluirá su período sin haber resuelto la cuestión de fondo y siendo gran responsable de la crisis del sector. Pasaron apenas tres años desde la sanción de la ley anterior y ya se debió trabajar en una modificación que modere el impacto del fenomenal fracaso que significó la ley 27.551 aprobada en junio de 2020.
La reciente reforma que entró en vigencia el 18 de octubre pasado trajo consigo diversas modificaciones que lejos están de transformar el panorama y el sector sigue hundido en una crisis sin precedente. Los contratos de alquiler en Argentina continúan actualizando sus valores a través del Índice de Contratos de Locación (ICL) y este mes, se espera que sufran un aumento del 119,5% en comparación con el valor del año anterior.
Los inquilinos enfrentan un panorama verdaderamente desafiante frente a los exorbitantes incrementos en los alquileres y restricciones a la hora de negociar contratos. Y si bien las medidas implementadas tardíamente por el Congreso buscan brindar mayor estabilidad y protección, también generan enorme preocupación en el sector inmobiliario y entre los propietarios.
Hace un mes se sancionó la nueva ley de alquileres que prevé que los contratos se mantendrán por tres años y tendrán una actualización semestral, a través de un nuevo índice. También establece la prohibición de dolarizar los alquileres.
Frente a ese contexto, los propietarios optan por retirar inmuebles en oferta o directamente no firmar contratos bajo la el nuevo cuadro normativo.
En Argentina, más de 13 millones de personas viven en propiedades alquiladas, una cifra que aumentó por encima del 10% en tres años, justamente desde que se sancionó la ley anterior. La realidad hoy es igual o peor para todos los actores de rubro.
