A días de las elecciones presidenciales, el gigante del consumo masivo Coca Cola avisó a los comercios de todo el país que subirá un 35% los precios de todos sus productos, el día después de los comicios.
La decisión tomó por sorpresa al Gobierno y generó malestar en el área de Comercio Interior manejada por Matías Tombolini, un funcionario que viene recibiendo durísimas críticas de parte de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien lo acusa de “manejos poco claros” con el sistema para autorizar importaciones, conocido como SIRA.
La multinacional de bebidas y gaseosas comunicó a los comercios de todo el país “aumentos preventivos”, y admitió que no respetarán los acuerdos de precios hasta que no haya nuevo presidente, para no perder márgenes de utilidad.
La decisión tiene gran impacto, ya que el gigante multinacional tiene una participación del 65% en las góndolas.
La comunicación del aumento la hicieron Coca Cola Company, la empresa madre, y las distribuidoras y embotelladoras que tiene la marca en el país. Entre ellas figuran las de la zona del AMBA, Reginald Lee y Femsa, y las del interior, Distribuidora Atlántica, Andina, Arca y Continental.
En paralelo, los comercios de Capital, GBA y del interior se sorprendieron, también, porque la firma aclaró que no respetará los acuerdos de precios ya que, señaló, no tiene claro quien gestionará el país luego de los comicios del 22 de octubre.
En el Ministerio de Economía hicieron notar que la actitud de Coca Cola “contrasta con una mesura” exhibida por gigantes de la alimentación como Arcor, Molinos, Ledesma y Mastellone (La Serenísima).
El peso clave de Coca Cola
Coca Cola tiene el 65% del total del rubro de bebidas, seguida por Pepsico, en gaseosas. Su producto más vendido es la Coca Cola de litro y medio, que está dentro de Precios Cuidados, con un valor de $622,07.
En proporción, esa gaseosa cuesta $322,07 por litro. En cambio, la de 2,25 litros tiene un valor de $849,73, es decir, $377,66 por litro, $50 más.
Hace unos meses, el Centro de Economía Política (CEPA) realizó un trabajo en el cual mostró quienes son los que se llevan la parte más jugosa en las góndolas. Reflejaron que hay 20 empresas que representan el 74% de la facturación de todo lo que se ve en los super.
El listado incluye a Coca Cola como líder, pero también a Unilever, Sancor, Mastellone, Danone, Procter and Gamble, Molinos Río de la Plata, Papelera del Plata y Arcor, entre otras.
Multas
No es la primera vez que Coca Cola tiene problemas con aumentos de precios por fuera de los acuerdos. A mediados de año, la Secretaría de Comercio le aplicó una multa de $45 millones por serias irregularidades con remarcaciones.
En aquel entonces, también se sancionó con $40 millones a la francesa Danone, que es muy fuerte en yogures.
En un operativo de fiscalización en comercios de cercanía, la cartera que conduce Tombolini corroboró en su momento que Coca Cola y Danone vendían sus productos con aumentos superiores a los que establece Precios Justos.
Coca Cola ya había aplicado remarcaciones de hasta 32,5% mensual, cuando el acuerdo de Precios Justos marcaba un sendero permitido de 3,2%.
Para llegar a esa información de aumentos, Comercio logró que los locales de cercanía y barriales entregaran las facturas de los proveedores de estas dos empresas y se verificó que vendían sus productos con un aumento superior al establecido en el acuerdo de precios.
Frente a este incumplimiento, Comercio sancionó por $40 y $45 millones a Coca-Cola y Danone, respectivamente.
Cabe destacar también, que los programas que establece el Gobierno nacional, fijan hasta un 5% de aumentos en los productos de la canasta básica. En este contexto, una de las herramientas que utiliza la gestión de Alberto Fernández, es no permitirle el acceso a los dólares a las empresas que no participen de los mismos.
Faltantes en las góndolas
Muchas empresas que firmaron Precios Justos están incumpliendo con las listas de precios acordadas. El motivo es que los costos siguen aumentando por lo que tendrían que vender a pérdida. Pero además ya poco les importa la amenaza de no poder acceder al mercado oficial, teniendo en cuenta la escasez de reservas del Central y que se aproximan elecciones con un posible cambio de signo político.
El fenomenal aumento de la brecha cambiaria también aumenta las expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial. La pregunta por supuesto no es si esto ocurrirá, sino cuándo sucederá. La fuerte presión no solo sobre el dólar libre sino también en los dólares financieros, hacen que se vuelva cada vez menos sostenible mantenerlo congelado en $350, una decisión que tomó Sergio Massa luego de la devaluación de agosto.
El Central mantiene una fuerte intervención, cercana a los US$ 100 millones diarios, para prevenir una mayor escalada del tipo de cambio. Sin embargo, esta oferta resulta insuficiente para contener las subas.
A la incertidumbre electoral se suman además las declaraciones de Javier Milei, quien ya venía insistiendo con la conveniencia de un tipo de cambio más alto para llevar adelante su plan dolarizador de manera más fácil. Ahora directamente recomendó no renovar plazos fijos, sugiriendo que el peso seguirá perdiendo valor. Un informe de Proficio Investment reveló que los depósitos a plazo cayeron un 11% en términos reales desde los máximos alcanzados el 18 de septiembre pasado.
