“Un compromiso central de las democracias es proveer, en un marco de plenas libertades políticas, condiciones para el desarrollo económico, el bienestar y la movilidad social de las personas con una exigible relativa igualdad de oportunidades. Las democracias tienen más probabilidades de sobrevivir a medida que mejoran el bienestar de la población. Si no lo logran, su legitimidad y existencia están en riego”.
La reflexión, que surgió días atrás cuando se conoció el dato de pobreza del primer semestre, corresponde a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, un organismo que mide como pocos la estructuralidad del flagelo en el país.
Describe el único contexto posible de resolución de conflictos y alerta sobre su perdurabilidad y credibilidad si es que, quienes son elegidos para dar soluciones, no alcanzan la estatura profesional, técnica y moral que se requiere.
La reflexión de Salvia puede extenderse sobre la historia reciente del país para examinar sus resultados.
Según analizó Damián Di Pace (director de Focus Market) en 1988 el INDEC publicó los primeros datos referidos a la pobreza en Argentina. En mayo de 1994, se registró el nivel más bajo de la serie con un 16,1%. El peor dato fue en 2002 cuando llegó a un 57,5%.
En la actualidad se obtiene el tercer peor dato de la serie con 40,1%. Y, actualmente, cuatro de cada diez argentinos está trabajando con un salario registrado que se encontraría por debajo de la línea de pobreza.
Así expuesto, podría decirse que quienes fueron llamados a resolver el drama de la pobreza en Argentina fallaron en mayor o menor medida poniendo en riesgo no solo a la población, sino que también al sistema en sí mismo.
Por fortuna, sostiene Salvia, “más tarde o más temprano, nuestra democracia, ya sea con los actores actuales actores políticos, o si no será con otros, logrará fortalecer las instituciones democráticas mediante la construcción lazos colaborativos”.
