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El Gobierno modificó por octava vez el Presupuesto nacional de este año

Implica un aumento del gasto corriente y financiero de $7,65 billones, por lo cual el déficit de las cuentas públicas subió más de 37%.

30 agosto, 2023
Imagen ilustrativa

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El Gobierno modificó el Presupuesto nacional 2023 para aumentar el gasto en $7,65 millones, por lo cual el déficit de las cuentas públicas subió más de 37%.

La decisión se tomó a partir del DNU 436/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través del cual se ampliaron partidas de “diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

A través de 677 planillas, el Poder Ejecutivo ejecutó la octava modificación presupuestaria del año, que en este caso implica un aumento del gasto corriente y financiero de $7,65 billones.

Si se ejecutan todas las nuevas autorizaciones de gasto, el año cerrará con un déficit de $9,08 billones, monto que representa un aumento del déficit de 37,1% con relación a la pauta anterior de $6,62 billones.

Según el DNU, las áreas a las que se destinaron más recursos fueron las vinculadas con el pago de jubilaciones y pensiones, el  Fondo de Incentivo Docente, el aumento de las remuneraciones en la administración pública y el servicio de la deuda, de acuerdo con el siguiente detalle:

• Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales, Ministerio de Trabajo: $1.832.002 millones.

• Servicio de la Deuda Pública (Intereses y Comisiones): $1.548.600 millones.

• Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ministerio de Educación: $757.218 millones.

• Integración Socio Urbana, Ministerio de Desarrollo Social: $743.607 millones.

• Asistencia Social, Obligaciones a Cargo del Tesoro: $652.687 millones.

• Prevención y Control de Discapacidades, Presidencia de la Nación: $231.082 millones.

• Administración de Beneficios Previsionales Servicio Penitenciario Federal, Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina, Ministerio de Seguridad: $224.776 millones.

• Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo, Ministerio de Transporte: $174.092 millones.

• Sastrería Militar, Estado Mayor General del Ejército Argentino, Ministerio de Defensa: $171.015 millones.

• Prestaciones de Previsión Social, Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, Ministerio de Defensa: $157.442 millones.

• Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, Ministerio de Seguridad: $126.487 millones.

• Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Poder Legislativo Nacional: $81.840 millones.

• Servicios de Informática y Comunicaciones, Ministerio de Seguridad: $72.690 millones.

• Sostenimiento Operacional, Estado Mayor General de la Armada Argentina, Ministerio de Defensa: $61.330 millones.

• Desarrollo de Políticas de Vinculación Tecnológica y Social, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: $60.294 millones.

• Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación, Prefectura Naval Argentina, Ministerio de Seguridad: $56.484 millones.

• Ejercicio del Derecho a la Protección de la Salud Mental, Ministerio Público: $50.975 millones.

• Funcionamiento Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, Ministerio de Salud: $50.286 millones.

• Asistencia Financiera a Empresas Públicas, Ministerio de Economía: $49.625 millones.

• Formación y Capacitación, Servicio Penitenciario Federal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: $44.817 millones.

• Servicio Meteorológico Nacional, Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Ministerio de Defensa: $40.301 millones.

 

Fuente: Noticias Argentinas.

Tags: #economíaDéficitfinanzasGasto corrienteGobierno nacionalpresupuesto nacional
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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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