Llegó el día de la segunda elección que los misioneros tendrán (de las posibles tres o cuatro si hubiera balotaje) durante este 2023 electoral. Son las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), de las que tanto se debatió meses atrás sobre la conveniencia de realizarlas.
Hace poco tiempo, con proyectos de ley en el Congreso, los espacios políticos tomaban postura ante un movimiento que rechazaba el gasto y la importancia de las Primarias a nivel nacional; y proponía internas entre afiliados a los partidos para determinar a los candidatos. Pero, pasado el tiempo, la propuesta no tuvo quórum y llegamos al día de la votación.
Aunque algunos sectores pregonan que no son más que internas para elegir candidatos, las PASO vienen representando un verdadero “termómetro político” de lo que piensan los electores sobre los dirigentes que se ponen a su consideración en la elección. Los resultados toman fuerza y generan toda una línea de acciones públicas, según para dónde se mueve la “temperatura electoral”.
Las PASO, incluso, son más que una gran encuesta abierta que podría aventurar un posible resultado del sufragio de octubre. Este año, con una característica previa: el posible mayor ausentismo.
Si los misioneros y argentinos en general van a votar, quienes resulten ganadores podrían provocar movimientos en diferentes ámbitos en apenas unas horas de distancia con el resultado de hoy. El oficialismo y los espacios de oposición harán uso de los porcentajes en el camino a octubre, para imponer agendas; torcer decisiones sobre los temas cotidianos y, en consecuencia, pugnar por conseguir más adhesiones para las elecciones generales.
A su vez, quienes no vayan a votar, también harán un llamado de atención a la dirigencia de todos los partidos, que deberán trabajar para atraer a los ausentes para octubre y preguntarse por qué razones las propuestas de campaña no sirvieron para generar movilización ciudadana.
Las PASO son la herramienta que tiene un ciudadano argentino, nativo o por opción de serlo, para llamar la atención de los políticos de una manera pacífica.
En estas PASO también se podrá medir la fortaleza del sistema republicano, representativo, federal y democrático cuatro décadas después, donde hay mucho por mejorar, especialmente la percepción que la ciudadanía tiene de las únicas herramientas de participación que existen: los partidos y frentes, aunque los cuestionados debieran ser los hombres y mujeres que los representan y no consiguen ser el “espejo” de los votantes en los temas de mayor complejidad que vive el país.
Por las redes está mejor
Sobre la participación ciudadana, esta semana se vivió un ejemplo claro de nula movilización por los derechos, donde la posición más cómoda de quejarse por las redes sociales parece estar mucho mejor valorada por la enorme mayoría de los miles de pasajeros frecuentes del transporte público.
Posadas, Oberá, Garupá, Candelaria y Eldorado fueron algunas de las que se quedaron sin servicio durante tres días (la mayor duración de protestas de choferes), porque los empresarios del Grupo Z y el Grupo Horianski no pagaron los haberes en tiempo y forma, provocando un paro como medida de presión.
Vale destacar que, salvo Horianski (ETCE de Eldorado) al que no le dieron todavía una suba del boleto, en las demás ciudades se aplicó un incremento del 200% hasta fin de año. “Boletazo”, más subsidios nacionales, provinciales y municipales no fueron “suficientes” para que las empresas cumplan su parte y los vecinos viajen (en condiciones indignas), sin tener que pagar más dinero por un taxi, un Uber o moviendo un automóvil.
Lo curioso es que Bencivenga sí pudo y consiguió prestar un servicio de emergencia para algunos usuarios en las pocas líneas que el Gobierno le dio, frente al poderoso Grupo Z que cada vez quiere más, aunque incumpla de modo constante.
Pero, lamentablemente, los presidentes de las comisiones vecinales que habían pedido apoyo para presentar petitorios por un “boletazo” menos caro y un mejor servicio Z, no lograron sumar adhesiones.
Tal vez haya sido por el mismo paro; por saber que en los despachos oficiales los petitorios “duermen” por la eternidad o por el cansancio y el hartazgo. Pero, en la práctica, las empresas cuestionadas tuvieron un respiro al ver que no hubo presión social. Lo que podría generar que, ahora menos que nunca, algo vaya a mejorar.
Más allá de la intervención que realizó la Provincia para destrabar el conflicto privado (pago de sueldos) de un servicio concesionado, habrá que conseguir que los municipios se muevan para revertir la prestación en ese enorme porcentaje de líneas que se les dio a las firmas en conflicto.
Para después de las PASO, Posadas debe decidir incluso si licita nuevamente o va por las extensiones por decreto de las concesiones a quienes tienen actualmente los permisos. De realizar el llamado a licitación, habrá que seguir de cerca la letra de las exigencias y, de las mismas, se desprenderá quiénes podrían presentarse como oferentes para competirle al Grupo Z.
Cada uno con su precio
Con la sesión de precios abierta, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) discute la grilla de precios para la próxima cosecha. Emulando aquella campaña donde se promovió que cada uno tenga su mate por la pandemia, hoy se traduce en cada uno con su precio.
En el norte, un grupo de productores liderados por los hermanos Julio y Jonas Petterson (diputado provincial y director del INYM respectivamente), pidieron primero un valor de 248 pesos para el kilo de hoja verde y, unos días después, subieron la apuesta hasta los $253 por kilo.
Para tener una idea, hoy el valor legal es 120 pesos por kilo y se abonan hasta 140 por esa cantidad de producto. Sería imponer más de un 100% de aumento.
Esta cifra generó malestar en algunos despachos oficiales que -aún en disidencia- se mantienen en silencio mediático hasta que se llegue al día en que los representantes de los distintos eslabones de la cadena yerbatera pongan sobre la mesa sus costos.
Pero con el precio pretendido por los del norte, los empresarios misioneros de la yerba mate pidieron audiencia con el gobernador Herrera Ahuad, para preguntar si compartía ese precio, en caso de ir a negociar con la Nación un eventual laudo.
La respuesta habría sido que “no apoyará valores irracionales” aunque sin mencionar una cifra concreta. Sin embargo, en algunas oficinas estatales analizaban hasta el viernes precios escalonados hasta fin de año: partirían de 180 pesos hasta llegar a 210 en diciembre.
El fundamento es que Misiones ya consiguió -con la oposición de los representantes correntinos- un importante “blanqueo” de los valores en el laudo pasado; y que el contexto del país no está para querer imponer un 100% más. Además, se sostiene que el piso de precios termina siendo superado en el mercado, por la demanda.
Aunque públicamente los dirigentes hablan de agotar las instancias para llegar a un consenso, por lo bajo saben que hay representaciones que no están dispuestas a ceder ni un centavo, rompiendo la exigencia de unanimidad que impuso la ley de creación del INYM. En consecuencia, el laudo sería el camino a transitar.
