Quejas y versiones se desplegaron con preocupación la semana pasada luego de las disposiciones firmadas por los jefes de mayor rango dentro de la fuerza de seguridad provincial que decidieron, entre varios cambios de funciones y cargos, desplazar a los directores de Investigaciones Complejas y Drogas Peligrosas, pero la medida más llamativa fue la de crear una Dirección de “Control de Personas Privadas de su Libertad” para que uno de los removidos no perdiera función jerárquica.
“Se retobó y apareció la nueva dirección para que trabaje como observador de las condiciones de alojamiento de los detenidos en las comisarías”, lanzó una fuente contactada por PRIMERA EDICIÓN tras el revuelo de rumores que recorrían los pasillos de la manzana (entre las calles Félix de Azara, Santiago del Estero, Buenos Aires y Tucumán) sede de la Jefatura de la Policía de Misiones y varias de sus direcciones en el centro posadeño.
De acuerdo a lo averiguado, el relevamiento de celdas ahora como función de Dirección fue otorgado a Oscar Rotela, comisario que estaba al frente de Investigaciones Complejas y quien se habría quejado por el cambio.
En su lugar fue trasladado el comisario César Reimundo Peralta, jefe de Drogas Peligrosas y en reemplazo de éste Marcelo Aníbal Chimiski fue notificado que deberá mudarse desde la Unidad Regional XI, donde ocupaba la responsabilidad de jefe.
“No es época de cambios y tampoco fueron analizados. La medida provocó tanto alboroto que se le requirió a todas las direcciones, unidades y áreas que comuniquen por escrito qué cargo y quién estaba al frente ante la confusión que generó en áreas administrativas”, agregó otra voz confiable dentro de la policía.
El malestar entre camaradas hacia “la cúpula”, no solo apuntó a la creación de una dirección para intentar calmar las quejas sino a las medidas anteriores tomadas con policías imputados en delitos graves en la Justicia provincial a los que se les devolvió función y cargo, “cuando a los agentes de menor rango y sin roce con la jerarquía se los aparta de la fuerza sin siquiera tener una acusación judicial formalizada. Con algunos hay velocidad y se los utiliza para ejemplificar o bajar línea de mando. Con otros, el trato es privilegiado”.
Fue información exclusiva de esta medio, durante la primera semana de julio, que un oficial ayudante de 40 años y una sargento de 39, imputados por participar en el golpe de los 700 mil dólares en julio del año pasado a un empresario obereño de 70 años, recuperaron sus puestos de tareas en la fuerza de seguridad aunque continúan ligados a la causa y podrían ser acusados formalmente por el juez de Instrucción 1 (subrogante) de Oberá, Pedro Benito Piriz.
Esta decisión tomada por el jefe y subjefe de la Policía de Misiones, comisarios generales Carlos Miguel Merlo y Víctor Eduardo Maj, respectivamente, disparó aún más el malestar entre las líneas de menor rango.
