Siempre en el sector tabacalero se habla de una “cifra millonaria” que deja de ingresar a la actividad por maniobras judiciales de empresas argentinas para evadir la denominada “ley de impuesto mínimo”. Por primera vez, la afirmación y el malestar de, especialmente, los productores tiene números oficiales: más de 8 mil millones de pesos.
En diciembre de 2017 se sancionó la Ley N° 27.430 que, a través de su Artículo 103, estableció el pago de un “Impuesto Mínimo” para los paquetes de cigarrillos que se comercializan en el mercado interno.
A partir del momento en que salió la normativa, una serie de empresas tabacaleras han acudido a los distintos tribunales federales, solicitando mediante el mecanismo de medidas cautelares la inconstitucionalidad de dicho artículo.
De acuerdo a un documento oficial con datos del Ministerio de Economía, al que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene en sus registros trece empresas que interpusieron medidas cautelares para eludir el pago del impuesto interno. Las mismas son:
1) Tabes SA.
2) Coimexpor Argentina SA.
3) Espert SA.
4) Global Tabaco SA.
5) Tabacalera Sarandí SA.
6) Bronway Technology SA.
7) Centro tabacalera SA.
8) Monterrico SA.
9) Fenoglio, Mauricio José (titular de Sayri tabacos).
10) Cigarrillos & tabaco SA.
11) British American Tobacco.
12) Todo tabaco SRL.
13) For Men SA.
El impacto en el FET
La empresa Tabacalera Sarandí, que posee más del 20% del mercado de cigarrillos, en marzo de 2018 inició una cautelar en la Justicia Contenciosa Administrativa Federal. En junio de 2022, la firma obtuvo sentencia de primera instancia la cual hizo lugar a su reclamo decretando la inconstitucionalidad del Artículo 103.
El accionar de la Tabacalera Sarandí motivó a otras empresas del sector a replicar su reclamo, dejar de liquidar y abonar los tributos internos establecidos mediante la normativa local.
La evasión del impuesto mínimo permite a estas compañías vender los paquetes de 20 cigarrillos más baratos en el mercado, lo que impacta directamente en el Fondo Especial del Tabaco (FET), que financia al sector. El mismo está integrado por el 7% del precio total de la venta al público mensual de cada marquilla, más un componente fijo que se actualiza de forma semestral.
Así, el incumplimiento del pago del impuesto mínimo por parte de estas empresas significa una menor facturación de dichas marquillas, que tributan por debajo del 7% establecido, lo que resiente de lleno la recaudación del FET y el pago a las obras sociales correspondientes a los productores.
Millonarias pérdidas
En un resumen de “empresas deudoras con medidas cautelares” que hizo la Coordinación de Tabaco (que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca) confirman que entre 2015 y 2022, productores de las siete provincias tabacaleras (Misiones, Corrientes, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca) dejaron de percibir 8.073.612.130,21 pesos en concepto del impuesto del 7% y de obras sociales, por las medidas cautelares.
El monto anterior se divide en cuatro empresas. La más “deudora” es Tabacalera Sarandí, cuyo producto insignia es Red Point, que entre 2019 y 2022 dejó de aportar en ambos conceptos $4.437.379.467,70.
El segundo lugar lo ocupa Bronway Technology (produce el cigarrillo Pier) con un total no declarado entre 2019 y 2022 de $1.657.589.873,09.
Con anterioridad a la sanción de la Ley 27.430, ya existía desde 2009 un piso mínimo de tributación para las empresas tabacaleras que se calculaba en base al precio de la categoría de cigarrillos más vendida, lo que dio lugar al dictado de medidas cautelares a favor de diversas firmas, que las eximía de ese pago.
Por ese motivo, en el tercer lugar aparece Espert SA (tiene la marca Melbourne) que ya en 2015 había obtenido cautelares en su favor, que le permitió dejar de pagar $1.533.925.279,56.
El cuarto lugar es para For Men (cigarrillos Liverpool) que entre 2020 y 2022, gracias a la maniobra judicial, dejó de aportar $444.717.509,70.
Qué dicen las empresas
Las tabacaleras que interpusieron medidas cautelares argumentan que el “impuesto mínimo” es distorsivo y las deja en desventaja frente a las grandes multinacionales como Massalin Particulares (Marlboro).
“La Ley 27.430, sancionada repentinamente a fines de 2017, redujo el impuesto interno de las marcas internacionales y lo aumentó drásticamente para las marcas nacionales. Buscaban así concentrar la totalidad del mercado sin competencia, destruyendo la industria nacional”, argumentó la Tabacalera Sarandí, tras un fallo favorable el año pasado, al que calificaron en un comunicado como “una victoria del trabajo y la industria argentina”.
La misma tabacalera sostuvo que la normativa “vergonzosamente interviene el mercado bajo fraudulentos argumentos de salud” y lo atribuyó a “un lobby de un monopolio global.”
Fallo a favor del impuesto mínimo
Recientemente, un fallo judicial obligó a una tabacalera a pagar el impuesto mínimo y abrió aires de esperanzas entre los productores.
A finales de junio, el juez Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia número 1 de Rosario, dictó en los autos Massalin Particulares SRL c/ Bronway Technology SA s/ Daños Varios, una medida cautelar por la cual ordenó a la empresa Bronway a pagar el Impuesto Interno Mínimo en los términos que establece la Ley 24.674.
Según informó el portal rosarino La Capital, Darío Ippolito, presidente de Bronway, quien se encuentra embargado por la AFIP en una suma multimillonaria por incumplir la ley tributaria, denunció penalmente a los magistrados que fallaron en contra.
La tabacalera en cuestión se defiende bajo el argumento de que inició su actividad con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 27.430. La misma defensa hace For Men, otra tabacalera de la provincia de Santa Fe, que judicializó la medida.
