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La inflación golpea los bolsillos: pulseada por los sueldos

Mientras los sindicatos cercanos a Massa presionan por subas salariales por encima de la inflación para antes de las PASO, el ministro trabaja en una especie de “Precios Justos” en las paritarias. Buscan evitar “ruidos” antes de las elecciones.

6 julio, 2023

Algunos de los gremios más grandes de Argentina comenzaron las negociaciones para obtener aumentos salariales que vayan en línea con la inflación esperada para los próximos meses. Pretenden cerrar los acuerdos en las próximas semanas y asegurarse los ajustes antes de las próximas PASO.

Los sindicatos que están renegociando las pautas del tercer trimestre del año reúnen en total 2,3 millones de trabajadores. Representan algo así como la “crema” del mercado laboral: empleados en relación de dependencia, especializados en distintas profesiones, y con los mejores salarios del país.

La ola de negociaciones no debe excluirse del clima político, en el tramo hacia las PASO. Algunos de los grandes gremios, que ya han mostrado su respaldo a la candidatura de Sergio Massa, tendrán recomposiciones salariales antes del 13 de agosto, cuando se celebrarán las primarias.

Desde el equipo económico ven con aceptación la apertura alcista de las negociaciones salariales, de manera que una porción relevante de trabajadores pueda obtener una recomposición del poder de compra, perdido tras la aceleración inflacionaria de los últimos meses.

“Siempre y cuando no haya demasiadas tensiones, que metan ruido en la campaña”, dice a iProfesional un colaborador del ministro de Economía.

Algunos economistas observan que los márgenes de ganancias de las empresas se incrementaron en los últimos meses, en línea con la aceleración en la suba de los precios. Esa es la foto, producto de la mayor incertidumbre, con empresarios que no saben si van a poder seguir comprando insumos en el exterior, por ejemplo, ante la escasez de dólares.

“Todos sabemos que es una dinámica insostenible. Pero vemos bien que los sindicatos también se reacomoden. No sea cosa que el malestar de los trabajadores empeore antes de las elecciones”, completa el funcionario.

 

Reclamos y acuerdos

El primer sindicato que llegó a un acuerdo, en las últimas horas, fue la UOCRA (construcción). Los albañiles obtendrán un incremento del 29,6% para el trimestre julio a septiembre, que se suma al ajuste del 58% que esos trabajadores obtuvieron durante el primer semestre de este 2023.

En plena negociación se encuentran algunos de los principales sindicatos, algunos de los cuales se ubican bien cercanos políticamente al ministro de Economía.

Tal es el caso de la UOM, que está reclamando un 40%-30% para el próximo trimestre (julio a septiembre) y 10% adicional por el trimestre ya pasado, en el cual habían convenido un incremento del 18,8%-, además de un bono compensador de $60.000.

Los empleados de Comercio, el sindicato más grande con 1,2 millones de afiliados, están pidiendo un incremento cercano al 30% para el tercer trimestre, que se sume al 19,5% otorgado en el período abril-junio.

En el mismo escalón se sitúan los empleados de la Sanidad, representados por unos de los titulares de la CGT, Héctor Daer. Algo que ya había rubricado en el caso de las empresas prepagas y los sanatorios (aumentos mensuales del 8% durante un semestre).

Los que también se preparan son los bancarios, que acordaron aumentos del 66% pero cuyo convenio vence este mes, justo en la previa de las PASO.

Algo similar sucede con los ferroviarios, que hicieron un acuerdo que vence en agosto y que se preparan para negociar lo que viene.

 

Mesa de diálogo

Tras la llegada de Daniel Scioli a la campaña de Sergio Massa -una sorpresa por la mala relación personal entre ambos-, en las últimas horas también se confirmó el nombramiento de Julián Domínguez, el ex ministro de Agricultura que se alejó del Gobierno tras la asunción del tigrense.

La convocatoria a Domínguez se relaciona con la pretensión del ministro de Economía de confirmar -¿ahora sí?- una mesa de diálogo entre empresarios y gremialistas en medio de la campaña electoral.

Domínguez es actual director de proyectos especiales de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, y además es coordinador técnico de la Confederación de Gremios Industriales. Massa cree que puede ser útil en la organización de la mesa de diálogo social.

El ministro quiere que las discusiones salariales transiten por un buen tono, sin que haya conflictos pero tampoco aceptará que los empresarios se pongan duros en las negociaciones. “Se busca una especie de ‘Precios Justos’ en las paritarias”, grafica un funcionario del equipo económico.

Lo que también está claro es que, para el ministro, una realidad es la que transitan las grandes empresas -formadoras de precios en los distintos sectores de la economía- y otra muy diferente es la que viven las PyMEs, más atadas a la problemática diaria. A ellas la inflación les está pegando tanto como a los bolsillos de la mayoría de la población. Para las grandes empresas, la amenaza de un bono obligatorio siempre está latente, aunque Alberto Fernández planteó consecutivamente sus reparos a esa instrumentación.

Por ahora no habrá ningún planteo de este tipo sino que, más bien, Massa apuesta a una negociación sensata.

 

Apenas 166 dólares por mes

Ya varios gremios vienen discutiendo ajustes en las paritarias, a partir de que la inflación se disparó muy por encima de lo previsto. En el llamado oficial, se recordó que en la anterior sesión del 21 de marzo se acordaron los nuevos montos del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) y prestaciones por desempleo, en distintas vigencias.

Allí, se determinó un sueldo mínimo de $80.342 y una base de prestación por desempleo de $24.440,33 (el máximo es de $40.733,88).

En el marco de la inflación y los aumentos de precios, se reconoce que “resulta pertinente decidir la convocatoria a sesión plenaria ordinaria del Consejo, con el fin de actualizar los montos”. La definición también impactará en el valor de los planes sociales que otorga el Gobierno.

 

Salario mínimo medido en dólares

En Argentina por ley las remuneraciones tienen que pagarse en la moneda de curso legal, que es el peso argentino. No obstante, se puede hacer el cálculo de cuánto equivale el salario mínimo en dólares.

Claro que para determinar el salario mínimo en dólares, en la Argentina siempre estará la complicación de definir a qué tipo de cambio se realiza la conversión a moneda extranjera.

Asimismo, hay que advertir que en relación a los sueldos que se pagan en la región, los expertos coinciden en que el salario mínimo en dólares en la Argentina se pulverizó en los últimos años, e incluso los sueldos ejecutivos no tienen valor frente a lo que se paga a sus pares o incluso a sus reportes en países vecinos.

El Salario Mínimo en la Argentina es un valor que define y actualiza periódicamente el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, un órgano tripartito que reúne a las cámaras empresariales, los representantes de los trabajadores (sindicatos, gremios, etc.) y al Estado nacional y el Consejo Federal del Trabajo, compuesto por autoridades de Trabajo de los gobiernos provinciales.

Por ley, el sueldo básico legal se expresa y se paga en pesos argentinos. Al cierre de este artículo, para junio de 2023 la cifra era de $ 80.342 por mes para trabajadores mensualizados. A la vez, el salario mínimo por hora en Argentina en ese período era de 439,94 pesos.

Esto quiere decir que al valor oficial que brinda el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en junio de 2023 -que era de $ 267 la unidad- el salario mínimo en dólares que se paga en Argentina era de US$ 300,90 por mes o de 1,64 dólares la hora.

No obstante, si se toma la cotización “libre” (no oficial) a la cual se vende el dólar en la Argentina ($493 por unidad), el mismo salario mínimo en dólares cotizaba a menos de 163 dólares por mes y a menos de un dólar la hora.

Algo similar ocurre con la cotización del dólar futuro o MEP (483 pesos por dólar). En ese caso, un salario mínimo en dólares en la Argentina equivaldría a 166 dólares por mes y 0,91 dólares la hora.

El próximo informe técnico salarial del INDEC para el período mayo/23 se conocerá el 26 de julio.

Fuente: Medios Digitales

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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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