Tras conocerse la denuncia contra el exdirector de Salud Mental, todas las miradas están puestas sobre la Residencia Socioeducativa Lucas, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de Misiones.
En este espacio, creado para la contención de niños y adolescentes judicializados o en conflicto con la ley, uno de sus residentes acusó a un médico por abusar sexualmente de él cuando tenía 11 años. Lo llamativo de este caso es que, en sus declaraciones, el menor aseguró que el abuso ocurrió en la casa del acusado.
Esto da a entender que el chico podía retirarse del lugar sin los controles pertinentes de un hogar convivencial.
Aplicar protocolos
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN la subsecretaria del Niño, Niña y Adolescentes, del Ministerio de Desarrollo Social, Florencia Leiva, comentó que, desde el inicio de esta gestión hace un año, “en los dispositivos a nuestro cargo no sabían cómo proceder en determinadas cuestiones básicas, por ejemplo, si un niño sale sin autorización o no regresa a horario”.
A nivel pedagógico y social, compartió que “si bien no están privados de la libertad, están un poco más restringidos porque se trabaja en la conducta, para que no sean un peligro para sí mismos ni para los demás. Aunque, fomentamos las actividades externas, que puedan vincularse con la sociedad”.
Respecto a la denuncia por abuso de un menor, la cual se efectuó desde Salud Pública, Leiva respondió que, desde lo jurídico, “quien toma conocimiento es quien debe hacer la denuncia”. Tras esto, “lo primero que pasó fue tener una comunicación entre los equipos, ver cómo haríamos el acompañamiento, con equipos técnicos que han tenido que ir a declarar, presentar informes. Es un proceso que ahora tomó estado público, pero que inició en marzo”.
En este caso puntual, remarcó que “todos los protocolos están vistos y se está investigando este caso, que involucra a un profesional que lo atendía como paciente y es algo grave”.
La subsecretaria aclaró que “hablamos de chicos judicializados, con casos de chicos en conflicto con la ley penal. Todos ellos en procesos judiciales o medidas excepcionales por las cuales desvinculamos a estos niños de su familia o centro de vida, porque existe un riesgo de vida, de salud, situaciones de violencia o abuso”.
En situaciones de abuso de menores, remarcó que “trabajamos en conjunto con Salud Mental, el área jurídica y distintos organismos, porque como Estado debemos dar la mejor respuesta posible”.
En este recambio de gestión, Leiva señaló que “llegamos a un área muy compleja y sensible. Por mi parte, llegué a una Subsecretaría que estaba acéfala y teníamos que empezar desde cero a modificar protocolos”. Por este motivo, “hicimos capacitaciones con equipos técnicos y reformulamos protocolos”, agregó. Leiva señaló que, entre las necesidades, “hubo que renovar a ciertas personas en lugares, ya sea de coordinación o poner gente con otra visión”.
El trabajo con los menores
Por su parte, la directora de Infancia y Minoridad, Jasmine Revinski, indicó que en la residencia Lucas “hoy tenemos 6 chicos adolescentes en conflicto con la ley, todos varones. Para ello, contamos con un equipo interdisciplinario de psicólogos, psicopedagogos, maestros de apoyo y acompañantes terapéuticos, sumado a que los chicos hacen actividades extracurriculares además de ir a la escuela”.
Con esta población de menores, “se hace un abordaje de las situaciones que fueron atravesando, porque al estar en un dispositivo convivencial atravesaron un montón de vivencias que no fueron fáciles. La idea es que se sientan acompañados y que sientan que es un lugar seguro para ellos”, agregó.
Resaltó que “hoy son 6, pero cuando llegamos eran 20. Es un número que va variando porque se trabaja mucho en las vinculaciones en todos los dispositivos. Por suerte, en la mayoría de los casos lograron salir, se revinculan con los padres o algunos cumplen la mayoría de edad”.
En estos dispositivos convivenciales, Florencia Leiva detalló que “notamos que los chicos llegaban y permanecían. Entonces, era poco claro porqué permanecían tanto tiempo, porque no se buscó a la familia ampliada. La ley es clara, porque estos dispositivos son lugares temporarios”. Por este motivo, señaló que “llegar y encontrarnos con eso, fue algo muy fuerte”.
De todas formas, aclaró que “puede pasar de chicos que no tengan familias o no fueron adoptados y llegan a la mayoría de edad”, añadió. En esto, contó que “hemos tenido casos de chicos que ingresaron con 6 años y egresaron con 18”.
Al tratar con la infancia y la revinculación, Jasmine Revinski, explicó que “vemos primero con familias extendidas, con tíos o abuelos, donde puedan mantener un entorno familiar, pero muchas veces eso no es viable. Entonces, buscamos familias de acogida o dispositivos convivenciales, los hogares”.
Cuando todo esto no es posible y ha pasado un tiempo en la residencia, indicó que “se decreta el estado de adoptabilidad, para restituir el derecho a una familia”.
Bajo la tutela del Estado
La violación denunciada por la víctima habría ocurrido cuando tenía 11 años y estaba bajo la tutela del Estado. El actual imputado era el médico psiquiatra que lo trataba, con quien tuvo su primer contacto en el Hogar Lucas.
Según se desprende de la causa, el adolescente mantuvo el silencio durante cinco años y en marzo de este año, cuando volvió a tener conflictos con la ley, regresó al Hogar y ante la posibilidad de ser asistido por el mismo psiquiatra, decidió denunciar porque no quería que lo manden nuevamente “con ese hijo de puta”.
Luego de que la denuncia llegara a la Fiscalía de Instrucción 7 y el caso quedara a cargo del juez Miguel Mattos, la víctima que hoy tiene 16 años ratificó todo en Cámara Gesell.
