Finalmente la Fiscalía de Estado de Misiones decidió presentar una denuncia penal en el fuero provincial, por la suplantación de identidad de la que es víctima el gobernador Oscar Herrera Ahuad, hecho revelado en exclusiva por este Diario en la edición del miércoles 28 de junio. Con este camino, el Gobierno no optó por el momento por solicitar ser querellante en la causa que se tramita en los Tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires.
PRIMERA EDICIÓN pudo confirmar que ayer, cerca del mediodía, se presentó el escrito por “usurpación de identidad” en el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, a cargo de Fernando Verón, magistrado en turno en los tribunales de calle Santa Fe de Posadas.
Las seis páginas de la demanda llevaron la firma de Fidel Duarte (Fiscal de Estado provincial) y el procurador fiscal Diego Oscar Bogado, como los responsables legales de dicha presentación.
La denuncia penal habría planteado términos como usurpación de identidad; robo/hurto de identidad digital; y suplantación de identidad para la investigación local.
Más víctimas
Según fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, en la denuncia se advirtió al juez Verón que habría más funcionarios de los tres Poderes de la provincia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que podrían ser víctimas del accionar de esta banda que está siendo investigada por el juez en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi y que tiene a tres misioneros detenidos y a un expolicía federal bonaerense.
Con el escrito, se habría explicado que -al hacer uso ilícito de los nombres de las personas para obtener chips telefónicos-, estas tarjetas SIM podrían utilizarse para estafas, sabotajes de información, que no solo perjudicarían a los funcionarios sino al Estado provincial, por tratarse de una herramienta de trabajo y, en consecuencia, generaría un riesgo para la seguridad y protección del patrimonio provincial en el supuesto que se hagan pasar por los gobernantes e impartan órdenes desde las líneas telefónicas.
Las fuentes oficiales explicaron a PRIMERA EDICIÓN que se plasmó un fuerte marco vinculado al ciberdelito del que fue víctima Herrera Ahuad, el hombre de mayor responsabilidad institucional que tiene Misiones.
Por sospechar que hay más afectados, en los próximos días se presentaría una lista de líneas y titulares en ejercicio del poder en el Estado, a fin de que el juez Verón solicite a las empresas Personal, Claro y Movistar para que informen los números que se encuentran activos en cada caso.
Desde la Fiscalía de Estado se solicitaría también que la Justicia misionera se haga de los antecedes de la investigación del juez porteño Martínez De Giorgi, en particular de la causa 987/2023 denominada “Falsificación de documentos destinados a acreditar identidad”, donde el gobernador Herrera Ahuad presentó su declaración testimonial a inicios de junio para dejar asentadas las seis líneas telefónicas que los delincuentes sacaron a su nombre.
Finalmente, el fiscal Duarte y el procurador Bogado pidieron a Verón que les permita constituirse en querellantes y en actores civiles en las actuaciones judiciales en Misiones.
¿Quiénes son los autores intelectuales?
Los tres detenidos por el juez federal porteño Martínez De Giorgi (Nelly Soledad Valdés, Santiago Machado de Posadas y el joven eldoradense Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro) no serían los principales interesados en los hackeos a las líneas de teléfono o las suplantaciones de identidad a jueces y políticos.
En el caso de Valdés, el abogado Sergio Báez confirmó a PRIMERA EDICIÓN que el magistrado le concedió la excarcelación a su defendida bajo caución juratoria.
Ya lo declaró Nuñes Pinheiro, cuando aseguró que un anónimo lo contactó por teléfono para que haga uno de los trabajos y le giró el dinero.
Para la Justicia, en el espionaje a Rosatti y otros jueces, hay una “gran organización encabezada por dos o tres personas que tercerizan los servicios de espionaje”, señalaron fuentes judiciales al diario porteño Clarín. Aunque no se descarta el vínculo político para espiar a determinados referentes.
La maniobra, según contó el matutino en base a fuentes del Ministerio Público Fiscal, buscaba “acceder ilegítimamente a aplicaciones de comunicación; lo que les permitió conocer su historial de conversaciones y demás documentos e información existente en dichas plataformas (fotografías, videos, opiniones, etc.), suplantar la identidad digital de las víctimas (lo que posibilitó enviar mensajes a su nombre) y tener en su poder información privada y acceso a sus cuentas con el fin de cometer otros delitos”.
