Los próximos vencimientos que Argentina afrontará ante el FMI operan en el último tercio de junio, lo cual ofrece una ventana de tiempo para intentar buscar la reformulación del acuerdo con el organismo.
Si bien el mercado financiero, las empresas y los agentes económicos en general buscan una definición de cómo sigue la relación con el organismo internacional, la ausencia de obligaciones a saldar en las próximos cinco semanas quita urgencia desde el punto de vista legal y operativo dada la situación de reservas del Banco Central.
“Luego del vencimiento hay un plazo de 60 o 90 días para pagar y recién luego se cae en atrasos, sin excepción”, explicó a NA Claudio Loser, al ser consultado sobre las opciones que tiene Argentina en caso de no lograr consensuar las nuevas metas con el organismo.
De todas formas, la pretensión del Gobierno es acordar tan rápido como se pueda para darle certidumbre a la economía en momentos en que se lucha para frenar la tasa de inflación y evitar una profundización de la recesión.
Según el cronograma oficial, Argentina deberá pagarle al FMI US$ 926 millones el 21 de junio y un día después US$ 1.787 millones. En principio, estos pagos se realizarían con parte de los DEGs (Derechos Especiales de Giro, la moneda del FMI) que Argentina aún computa en sus reserva de envíos anteriores.
Pero desde el Ministerio de Economía se trabaja para cerrar el acuerdo antes de esa fecha y por consiguiente obtener el desembolso programado por una suma similar. Ese giro estaba condicionado a la aprobación de las metas al tercer trimestre, que al haberse incumplido obliga a una readecuación del programa para mantenerse “performing”.
Para acercarse a los pedidos del organismo, Economía avanzó en una serie de exigencias. En primer lugar, aceleró la quita de subsidios, avanzó en un mayor recorte de gastos y en las últimas horas moderó la intervención en los mercados financieros del dólar.
La decisión complementaria sería una aceleración en la devaluación diaria de la cotización del dólar oficial, lo cual tiene atentos a los operadores financieros.
Este combo de decisiones de políticas económicas es lo que pondrá sobre la mesa el Ministerio de Economía para convencer al FMI para la entrega de algún tipo de ayuda financiera extra para paliar la falta de US$ 20 mil millones de ingresos por culpa de la sequía.
Entre enero 2020 y abril 2023 las erogaciones por intereses de la deuda pública sumaron un total de US$ 25.051 millones, pese a las reestructuraciones y canjes de deuda.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que este año la cuenta de intereses con el FMI superaría los US$2.800 millones, versus los US$1.721 millones de 2022.
El error de 2018
El FMI dejó en claro que su intención es evitar que suceda lo mismo que ocurrió en 2018, cuando otorgó a la gestión de Mauricio Macri un desembolso de dólares necesarios para estabilizar la economía, que fueron absorbidos por el mercado rápidamente.
Por este motivo, las reuniones bilaterales han tenido como protagonista fundamental el aceleramiento del ritmo de devaluación.
En concreto, la institución internacional insiste en su afirmación de que el tipo de cambio oficial estaría atrasado en 20%, tal como lo afirmó en marzo en las divulgaciones de metas del cuatro trimestre.
Es decir que, al menos, el dólar mayorista debería posicionarse alrededor de los $276, mientras que hoy cotiza en cercanía a los $230.
Devaluación
En este sentido, Sergio Feniak, Director de Finex CABA, señaló a iProfesional que el FMI está exigiendo una devaluación de más del 30%. Aunque, de acuerdo al especialista, “el escenario político pre electoral no da espacio para llevar adelante una depreciación de esa magnitud de una sola vez”.
Y en cuanto al ritmo que podría tomar el crawling peg, sentencia que el mercado, a través del reflejo de los precios de activos dólar linked, está observando que se generará un ancla cambiaria, viendo más alejada la posibilidad de un salto discreto.
Fuente: agencia Noticias Argentinas
