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San Ignacio: comunidades mbya lograron frenar una construcción en su territorio

El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen informó que la obra iba a realizarse en territorio de las aldeas Mbokajaty 1 y 2, sin consulta previa, la cual es necesaria y obligatoria para el Pueblo Indígena.

16 mayo, 2023

Las comunidades Mbokajaty 1 y 2, ubicadas en San Ignacio, lograron frenar una construcción que se iba a realizar en territorio aborigen donde crece un pastizal de características únicas en el mundo.

El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) informó la situación que desde el jueves pasado viven los miembros de Mbokajaty 1 que enfrentan un conflicto con particulares que buscan apropiarse de sus territorios para realizar edificaciones.

“El apoyo mutuo entre ellos mismos y con otras comunidades de la zona es constante y no quedan dudas de que la unión hace la fuerza. Por eso, días atrás, la Comunidad Mbokajaty 2, logró frenar una construcción que estaba prevista dentro de su espacio territorial, de la que no habían sido consultados”, destacaron.

Reinalda Ramos, mburuvicha segunda de la comunidad, relató que “el problema empezó cuando la gente de Santa Fe vino y sin hacer consulta previa limpiaron lo que es el territorio Mbya relevado por Ley 26.160”. “Como no nos consultaron, mi papá fue a donde estaban trabajando y les explicó que tenemos derechos, que somos preexistentes como dice la Constitución”, recordó.

 

Precisamente, se refiere a la Fundación Hábitat y Desarrollo, con sede en Santa Fe y Buenos Aires, y que hace un par de años atrás compró dos lotes para conservación y posterior donación al Ministerio de Ecología de Misiones, bajo el nombre de Reserva Tenondé, en el Teyú Cuaré.

Según detalló el EMiPA “no hubo altercados y los representantes de la fundación se manejaron con respeto hacia la comunidad, pero no se hizo la consulta previa, libre e informada, un diálogo intercultural necesario y obligatorio para el Estado cuando se realiza cualquier actividad que pueda afectar a un Pueblo Indígena”. “Unos días después de ese primer encuentro, uno de los trabajadores se acercó a la comunidad para explicarles en concreto cuáles eran sus objetivos y por qué estaban allí”, apuntaron.

 

En este contexto, Reinalda explicó que: “Ellos tenían una propuesta muy agradable, de cómo cuidar el monte, pero no hicieron la consulta. Mi papá y yo les dijimos que no podíamos decidir solos porque hay otra Comunidad dentro del relevamiento, que es Mbokajaty 1. Hablamos con los otros caciques y ellos dijeron que no estaban de acuerdo con que vengan a vivir”.

Es que, dentro de este plan de conservación, estaba prevista –entre otras cosas- la construcción de una vivienda para un investigador, ya que el principal interés está puesto en el tipo de pastizal que crece en la zona, de características únicas en el mundo.

Fue entonces cuando convocaron a una reunión, de la que participaron varios mburuvicha de la zona, líderes de la organización tradicional Mbya, Aty Ñeychyrõ, y miembros de EMiPA.

“Los integrantes de la fundación entendieron lo que les dijimos del relevamiento, la Ley 26160, y nos dijeron que sigamos defendiendo nuestro territorio de la gente que quiere entrar, no solamente de ellos. No aparecieron más”, señaló Ramos.

Asimismo, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, aclaró que “por ahora hemos visto que pusieron portones en la entrada donde hicieron la construcción”.

“Los miembros de la comunidad irán hasta el lugar para ver si avanzó la construcción de la casa”, apuntó. Y sostuvo que “sabemos que hay pastizales muy raros que crecen en este lugar, para nosotros también son muy importantes”.

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Tags: comunidades Mbokajaty 1 y 2comunidades mbyaEquipo Misiones de Pastoral Aborigenpueblos aborigenesSan Ignacio
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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