La empresa multinacional Uber, que ofrece el servicio de transporte de pasajeros mediante una aplicación digital, se negó a adecuarse a la ordenanza sancionada el año pasado por el Concejo Deliberante de Posadas con el argumento de que tiene un amparo de la Justicia Civil nacional donde se determinó que “no es ilegal”.
Esta respuesta le dieron directivos de la empresa a los funcionarios del área de Movilidad Urbana de la Municipalidad local, quienes contactaron a su única sede con dirección física del país, en la provincia de Mendoza, para advertirle que deben adecuarse a las exigencias de la ordenanza para seguir operando en la ciudad.
Por otra parte, la Intendencia le solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloquee la página web y la aplicación en la ciudad, para que no pueda prestar servicios hasta ponerse “legal”, sin embargo el organismo nacional no tiene esa facultad al tratarse de una aplicación internacional. Por lo tanto, la empresa no se adecuó ni le pudieron bloquear, entonces sigue operando en forma irregular con un promedio de 8 a 10 autos en forma permanente.
Se niega a adecuarse
El secretario de Movilidad Urbana del Municipio, Lucas Jardín, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “ellos dicen que son una empresa multinacional que trabaja de esa manera en todos los países y que no se van a adecuar a la ordenanza”.
“Nosotros lo que pretendemos es que tengan una radicación en el Municipio, que tributen y que nos brinden la información indispensable referida a la seguridad de los conductores y de los vehículos”, sostuvo el funcionario.
“Hemos detectado algunos casos donde los conductores no tienen licencia, el pasajero no sabe ningún dato de quien conduce, los vehículos no tienen verificación técnica. Ese tipo de cosas hacen a la seguridad y queremos que cumplan”, agregó.
Jardín explicó que “la recaudación no nos mueve la aguja, no es lo que buscamos, lo que nos mueve la aguja es la competencia desleal con los taxistas y la posibilidad de que se afecte el empleo en la ciudad”.
La única herramienta que le queda al Municipio para combatir la informalidad es realizar controles y detectar a los conductores transportando pasajeros “in fraganti”.
“En esos casos se aplica una multa que llega a $200 mil por transporte ilegal de pasajeros, y a veces se puede sumar otro incumplimiento pero como mínimo esa es la multa”.
La ordenanza fue sancionada el año pasado, a pedido del sindicato de peones de taxis y en consenso con el Municipio, estableciendo una serie de requisitos para todas las aplicaciones digitales que ofrezcan servicios de transporte, entre las que se destacan: que tenga radicación en el municipio, que tribute, que contrate un seguro de pasajero transportado, entre otras.
Aplicación no bloqueada
Ante el incumplimiento de la ordenanza, en marzo, el intendente Leonardo Stelatto le envió una nota al ENACOM consultando los requisitos para promover el bloqueo de la aplicación.
Desde el organismo no respondieron pero extraoficialmente hicieron saber que no tienen facultades de bloquear la aplicación que tiene radicación en otro país. Sería un proceso judicial muy extenso que terminaría en tribunales internacionales.
Y en el caso de que se pudiera concretar el bloqueo, creen que hubieran seguido funcionando de igual manera, desde Garupá o Encarnación donde funcionan vehículos que prestan el servicio.
Costo y servicio
El intento de frenar el avance de Uber ocurrió en diversas ciudades y diversos países. La mayoría de las veces la empresa se impuso y continuó funcionando, sin acatar las disposiciones locales.
Su crecimiento va de la mano de la elección de los usuarios, que encuentran una opción más económica que los taxis y, en algunos casos, que ofrece vehículos más cómodos y limpios. Muchas veces los conductores de Uber solo ofrecen el servicio pocas horas al día, como un ingreso adicional, luego de terminar otro trabajo fijo. En cambio, los taxis suelen tener diez o doce horas el vehículo activo.
