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Denuncian que algunas inmobiliarias cobran erróneo cálculo para contratos de diciembre

La Asociación de Inquilinos de Misiones reportó un alto número de reclamos al respecto. La diferencia que puede llegar a pagar un inquilino desprevenido es de hasta 10 puntos porcentuales, porque se estaría tomando la inflación interanual de 88% en vez de la intermensual que está en el orden del 76%.

22 noviembre, 2022

La Asociación de Inquilinos de Misiones, a través de su titular, Adrián Torres, salió a alertar sobre una situación que se está repitiendo en reiteradas ocasiones en algunas inmobiliarias del medio y tiene que ver con una forma de cálculo errónea para obtener el coeficiente que determinará mes a mes la actualización en el valor de los alquileres.

Tal actualización está atada a la suba los precios general y sobre los salarios. Pero en principio debe hacerse con el porcentaje del Indice de Precios al Consumidor (IPC) intermensual, que para diciembre se situó el 76% y no en base al interanual que está ubicada en el 88%.

“Si se lo hace mal se obtiene una cifra que es hasta 10 puntos porcentuales más alto que el que debería”, remarcó el titular de la Asociación de Inquilinos.

“Hay que tener muy en cuenta esto y fijarse muy bien las cifras de inflación en la página del Banco Central antes de firmar. Es lo que nos están reportando algunos inquilinos. Ocurre que el Central publica muchos índices y entre ellos, este del IPC interanual que muchos están usando para hacer los cálculos y no corresponde. En este descontrol que hay con la cuestión de inflación y precios, caen muchos incautos”, insistió al pedir el dirigente de la asociación para que la gente que alquila esté atenta a la situación y “exigir el índice elaborado para el rubro alquileres”.

“Hemos recibido muchas denuncias con respecto a eso, algunos inquilinos, claro, escuchan el índice de aumento para el mes de noviembre y resulta que cuando van a materializar y firmar el contrato se encuentran con un porcentaje mayor y tiene que ver con que están midiendo mal el índice”, amplió Torres.

“En la web de Nación y en la web en general hay un montón de calculadoras para sacar las distintas cifras actualizadas, donde lo único que se hace es colocar el último monto del contrato y la fecha de la renovación del contrato, y listo, se obtiene el coeficiente. Nosotros recomendamos hacer el cálculo antes de firmar nada”, pidió el hombre.

“Esto no debe causar ninguna incomodidad entre las partes, pero se hace necesario exigir que se respeten los derechos. A la inmobiliaria se le hace ver que su cálculo está mal y que debe corregir lo que está midiendo”, reiteró.

“Yo creo que en algunos casos es una avivada, porque las inmobiliarias deberían poder hacer bien el cálculo, pero bueno, a río revuelto provecho de pescadores. Porque eso es lo que está pasando, es tanta la inflación que la gente se pierde un poco”, citó el hombre.

“La gente ya no tiene referencia de nada, se han disparado tantos los precios y no hay una referencia marcada. En todos los rubos uno puede notar las abismales diferencias de precios. Eso está a la vista de todo el mundo, uno va al supermercado o a un quiosco de barrio y se encuentra a veces en este último lugar con artículo en mejor oferta. No hay referencia de nada”, reiteró.

 

El aumento para diciembre

El incremento que pagaran los inquilinos, en base a cálculo correctos, será muy alto de todos modos, ya que para obtener el coeficiente también se toman los resultados de las negociaciones paritarias, pero en las provincias de la periferia del país “estamos muy alejados de los valores de los sueldos que se cobran en las provincias centrales”.

“Si tenemos en cuenta en nuevo IPC y los acuerdos de salarios, lo que se va a reflejar ahora, con la llegada de diciembre es que el nuevo cálculo va a tocar o a superar el 80%. El mes pasado llegó a 77% y va a dar otro salto”, analizó.

“El revuelo de precios ha llevado a la actividad a varios escenarios, uno de ellos a que el propietario inclusive trate que su inquilino se vaya, y no renovar contrato, porque conviene hacer uno nuevo con otro inquilino. Necesitamos urgente una regulación y un organismo que a su vez lo controle”, reclamó el dirigente.

 

Por una Defensoría del Pueblo para Inquilinos

Adrián Torres brindó un amplio panorama del actual esquema de vida de las personas que viven de alquiler, ante la imposibilidad de acceder a la casa propias, pero con la necesidad de independizarse.

Sin embargo, es tan poco claro el panorama sobre los costos que se van a terminar pagando los alquileres, que el comportamiento que se está mostrando es o volver a vivir en la casa de sus padres o avanzar en una suerte de alquiler cooperativo, donde dos familias se van a vivir juntas, para dividir los costos.

“Todo ello nos muestra un escenario complejo donde hace clara la necesidad de insistir en una normativa, pero que en los hechos no perjudique al socio más débil de la relación de contrato”, evaluó.

“Cuesta muchísimo conseguir alquileres, una familia tipo no encuentra casa de dos o más habitaciones en ninguna parte de la ciudad. Se está volviendo algo muy complicado”, amplió.

E insistió: “Urge la normativa, pero también penalizar el incumplimiento. Hoy se invoca mucho el derecho a la propiedad privada; sin embargo, la propiedad privada puesta en locación ya es otra cosa porque estamos hablando de una explotación comercial con respecto a una vivienda. Eso no está regulado hoy como debería, doy un ejemplo con el servicio de taxis, ya que si yo tengo un auto y no lo tengo registrado como transporte público no lo puedo poner a trabajar. Aquí tenemos un marco normativo y no un organismo de control y ahí se falla. Debería existir una oficina de Defensoría para el Inquilino para mejorar las cosas”, urgió el hombre.

“Hay un montón de controles que se deben hacer y no se hacen, algo que realmente nos muestra qué pasó, como hay una Defensoría del Consumidor, que se dedica a mediar entre un sinnúmero de conflictos, debería haber una oficina puntual para defender al inquilino. Que la persona o la familia que alquila tenga un lugar donde pueda canalizar sus reclamos y poner de manifiesto los incumplimientos como los que estamos notando y que la verdad es que la realidad nos muestra que estamos luchando solos”, enfatizó.

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Tags: AlquileresAsociación Misionera de InquilinosInflaciónInmobiliarias
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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