El fiscal federal Guillermo Marijuan realizó una grave denuncia penal por las incompatibilidades detectadas por la AFIP entre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y pidió la suspensión y el reempadronamiento de los planes sociales otorgados de manera irregular.
La investigación preliminar, basada sobre el relevamiento efectuado por la AFIP, que se realizó después de que Infobae revelara la existencia de beneficiarios de ese plan social que compraron dólares para ahorro y presentaron declaraciones de bienes personales, hechos que no los ubicaría entre los que pueden acceder al beneficio realizado sobre el universo de 1.383.279 titulares de ese plan, detectó que:
• 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil, que, según la última actualización, asciende a 57.900 pesos.
• 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
• 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales.
• 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave.
• 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.
• 835 pertenecen al régimen simplificado categoría C o superior.
• 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros.
• 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.
• 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.
• 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.
• 2.870 perciben el subsidio a pesar de estar muertos.
Con esos datos en la mano, Marijuan solicitó la información para analizar los números allí vertidos. La denuncia es por el delito de defraudación contra la administración pública cometido por quienes se inscribieron en el Programa Potenciar Trabajo sin tener las condiciones para hacerlo. Fue allí donde el fiscal pidió que una vez que sea impulsada la investigación penal se suspendan los beneficios del plan para las personas identificadas por cometer las irregularidades y se realice un reempadronamiento.
El Ministerio de Desarrollo Social había pedido que la AFIP cruzara la información disponible de los beneficiarios del Potenciar Trabajo para relevar cuál era la situación económico-financiera de los que recibían esa prestación estatal. La primera información relevada fue la de los consumos con tarjetas de crédito o débito que superaran en dos o más veces los ingresos provenientes del plan social.
El Programa Potenciar Trabajo depende, dentro de la estructura del ministerio de Tolosa Paz, de la Secretaría de Economía Popular a cargo de Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita e integrante de la Unión Trabajadores de la Economía Popular integrada.
Lo señalado por la AFIP, y tomado como propia por el fiscal Marijuan está comprendido entre las “incompatibilidades” previstas en la Resolución “2020-121-APN-MDS”, del 18 de marzo de 2020 y publicada en la página oficial del ministerio de Desarrollo Social.
Allí se precisa que entre las incompatibilidad al “ingreso y la permanencia en el programa Potenciar Trabajo” abarca a las personas que:
• “Sean titulares de cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo, así como con la titularidad de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera que no sean las establecidas en el Registro Nacional de la Economía Popular”.
• “Sean titulares de más de un bien inmueble”.
• “Sean titulares de un automotor, embarcaciones y/o aeronaves, cuya antigüedad sea menor a 10 años”.
• “Perciban pensiones o prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, mutualidades de previsión o de cualquier otro sistema público de protección”.
• “Perciban jubilación contributiva o no contributiva”.
• “Perciban prestación o subsidio por desempleo reconocido por pérdida de un empleo a jornada completa. Esto es que perciban más de la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil”.
La información volcada por Marijuan en su denuncia penal parece contradecir los dichos de la ministra. Más allá de la cantidad de personas que pagan o no el impuesto de Bienes Personales, que en todo caso es una tema de la AFIP, no de Desarrollo Social, lo que queda expuesto es que hay miles y miles de beneficiarios que cobran un subsidio por parte del Estado de manera irregular según las disposiciones de la propia cartera de Desarrollo Social.
La investigación de la AFIP no habla “de una motito o un autito viejo”, como afirma la ministra, sino de autos de menos de un año de antigüedad y gastos en tarjetas de crédito y débito varias veces superiores al monto percibido por los beneficiarios.
Todas incompatibilidades, que sin entrar en la discusión de la cantidad, evidencia el descontrol de los organismos del Gobierno para controlar a quien destina los beneficios que, según la resolución ministerial debe ser percibida por “personas físicas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica, con la finalidad de promover su inclusión social plena y mejoramiento progresivo de ingresos con vistas a alcanzar la autonomía económica”.
Apuntan a Pérsico
Los diputados de la Coalición Cívica (CC), el espacio político liderado por Elisa “Lilita” Carrió, presentaron un pedido de informes al ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, para que explique “cómo se verificaron los requisitos de ingreso de los titulares de planes sociales sobre los que se detectaron irregularidades”.
El escrito abre sospechas sobre la posible participación de Emilio Pérsico en la “incorporación de beneficiarios con incompatibilidades”. El exintegrante de Montoneros es el secretario de Economía Social, el área del ministerio del cual depende el programa Potenciar Trabajo; a la vez, es uno de los líderes del Movimiento Evita, una de las organizaciones populares cuyos militantes más planes recibieron. “Está de los dos lados del mostrador”, sostiene la Coalición Cívica.
El pedido de informes, que la exdiputada nacional debería responder en los próximos 15 días, hace referencia a los 253.184 titulares del Potenciar Trabajo que, al menos durante seis meses, cobraron aportes del Estado a pesar de tener serias “incompatibilidades”, como comprar dólares, declarar bienes personales, e incluso hay 2.800 muertos, según un informe elaborado por la AFIP que ingresó a Desarrollo Social el 24 de octubre, 11 días después de que Tolosa Paz jurara como ministra.
El mismo pedido de informes de la CC destaca que la ministra, “da cuenta de la necesidad de empezar a trabajar en la articulación entre el Ministerio de Trabajo, con la AFIP y el Sistema Tributario y Social (SINTyS), para poder entrecruzar datos no sólo en el momento del ingreso al Potenciar Trabajo, sino previo a la liquidación cada 30 días, para poder trabajar con las certezas que necesitamos a la hora de transferir los recursos a los beneficiarios”.
Asimismo, Tolosa Paz sostuvo que se daría de baja la titularidad de las personas que hayan realizado compras de divisas extranjeras y que fueran titulares de planes sociales.
En ese marco, buscan implementar un sistema de validación de identidad utilizando la aplicación Mi Argentina, tal como informó este medio.
El escrito solicita que se Informe a qué organizaciones sociales pertenecen las personas titulares sobre las cuales se detectaron incompatibilidades y otras irregularidades, de acuerdo al cruce de información realizado a partir del pedido de informes solicitado por el Ministerio de Desarrollo Social -por entonces a cargo de Juan Zabaleta- a la AFIP el día 30 de junio de 2022, aclarando la cantidad para cada una de ellas y distinguiendo por el tipo de incompatibilidad y/o irregularidad”.
El “pedido a la información pública” solicitado a la ministra Tolosa Paz está firmado por la diputada Fernanda Reyes; Maximiliano Ferraro; Juan Manuel López; Maricel Etchecoin; Mariana Stilman; Héctor “Toty” Flores y Hernán Reyes.
“Suponemos que los que incorporaron beneficiarios con incompatibilidades son los dirigentes y funcionarios que otorgan y reciben estos planes. Es decir, los que están de los dos lados del mostrador”, destacaron en el escrito. “A la incompatibilidad se le suma la posibilidad de uso de estas personas”, apuntan antes de señalar “las reiteradas ocasiones en que quedó expuesta la falta de control por parte del Poder Ejecutivo nacional del acceso y la distribución de los planes sociales”.
Los dirigentes liderados por Carrió también le pidieron al ministerio de Desarrollo Social “que indique qué organismos avalaron el ingreso de estos titulares que registran incompatibilidades para acceder al plan, cuántas de ellas ingresaron de manera directa sin validación de información, a que unidades ejecutoras pertenecen y a qué organizaciones”.
Los diputados de la CC infieren que Pérsico, desde su secretaría, podría haber habilitado la posibilidad de ese cobro irregular según los datos detectados por la AFIP.
“Luego de haberse conocido que 253.184 titulares del Programa Potenciar Trabajo (18,3% del total) declararon Bienes Personales y que 35.398 (2,6% del total) compraron dólares a través del mercado oficial, lo realmente importante de esta noticia es la falta de verificación de compatibilidades para el ingreso al plan”, señalaron en un comunicado los dirigentes de la CC.
“Suponemos que una cantidad importante de las personas que tenían incompatibilidades para recibir el plan ingresaron al Potenciar Trabajo con la verificación directa de la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Economía Social, cuyo titular es Emilio Pérsico y que está integrada por funcionarios que son dirigentes de organizaciones sociales”, plantean desde la CC. “Es decir, creemos que los dirigentes de las organizaciones sociales, que diseñan, asignan, ejecutan y controlan los planes sociales, incorporaron gente que no cumplía los requisitos correspondientes”, agregaron los legisladores.
Por esa razón, le exigen a Tolosa Paz que se precise “cuántas personas fueron incorporadas de manera directa por Pérsico (…) porque esto sería una prueba directa del manejo discrecional y arbitrario que realizan estos dirigentes de los planes sociales”, manifestaron.
La CC requiere, además, que se informe la cantidad de veces que se cruzó o verificó la información contenida en las bases de datos vinculadas al Programa “Potenciar Trabajo” con el Sistema de Información Tributario y Social (SINTyS) o con información de otros organismos o dependencias públicas, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos e incompatibilidades”.
También, los representantes de la bancada opositora requirieron el detalle de la fecha, el tipo de cruces y verificaciones realizados y el organismo o base de datos con los cuales se realizó para cada caso.
Movimientos sociales en pie de guerra
El Polo Obrero confirmó que marchará el martes 22 de noviembre en reclamo para que la suba del salario mínimo supere a la inflación, luego de que la Argentina juegue el primer partido en el Mundial de Fútbol de Qatar. “Alentamos a la Selección y después vamos al Ministerio de Trabajo”, dice la convocatoria de la organización.
Por otra parte, los movimientos sociales que conforman Unidad Piquetera junto al Polo Obrero postergaron para la tarde de hoy un encuentro en el que tienen previsto se analizará el cumplimiento de las promesas del Gobierno de enviar partidas alimentarias a los comedores populares y definir si retoman el plan de lucha con acampes y movilizaciones en distintos puntos del país.
La reunión se enmarca en la creciente disconformidad con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Dudan que cumpla con el cronograma de envío de alimentos o con los plazos establecidos. También cuestionan la auditoría que se mandó a hacer sobre los planes sociales y la decisión de no renovar los programas que se den de baja ni abrir nuevos cupos.
El Presidente se pronunció durante el fin de semana
La organización Barrios de Pie clausuró este domingo en la ex-ESMA su Encuentro Nacional de delegados y militantes de todo el país con un mensaje del presidente Alberto Fernández, quien destacó que el Gobierno creó 1.300.000 empleos y llamó a generar “más trabajo formal”.
El mensaje del presidente Alberto Fernández se dio en el marco de una semana donde los planes sociales han estado en el ojo de la tormenta y donde el fiscal Guillermo Marijuan pidió la lista, al Ministerio de Desarrollo Social, de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, los cuales, tras un informe de la AFIP, quedaron marcados por la declaración de bienes y el acceso a la compra de dólar ahorro.
“Me hubiera encantando poder acompañarlos, pero no estoy en Buenos Aires. Así que preferí no estar ausente de este encuentro y dejarles este mensaje. Es un mensaje donde en primer lugar les agradezco el compromiso, el acompañamiento”, expresó Fernández a través de un video que se emitió durante el cierre del encuentro.
El jefe de Estado señaló que se vivieron “años muy difíciles en Argentina y en el mundo”, y afirmó: “Vamos a ser un Gobierno que en sus dos primeros años soportó una pandemia y en sus segundos dos años soportó una guerra que puso en crisis el sistema energético del mundo y la seguridad alimentaria”.
En esa línea, recordó que el Frente de Todos nació “con una cultura política que nos obliga a estar cerca de los que menos tienen”, y a “prestarle atención a los que están más afectados por la realidad”.
“Esto que dije el mismo día que asumí: ‘Primero los últimos’. Los que más necesitan son de los que primero debemos ocuparnos”, aseguró el primer mandatario, y destacó “el trabajo de Barrios de Pie, del querido Chuki (Daniel Menéndez)”.
El jefe de Estado dijo valorar “todo ese esfuerzo”, así como “el compromiso político” con el Gobierno y prometió “ir poco a poco levantando cabeza”.
Finalmente, el presidente señaló: “Hemos creado 1.300.000 puestos de trabajo”, pero advirtió que “hay que crear más trabajo y hay que crear más trabajo formal para que todos los trabajadores en la Argentina puedan disfrutar de los derechos que la legislación argentina reconoce a los que trabajan”.
El Encuentro Nacional se realizó entre el jueves y este domingo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA) con el objetivo de “intercambiar y construir miradas colectivas sobre los desafíos de los movimientos populares”, informó Barrios de Pie.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió también su saludo a la organización social, que contó además con las presencias en el evento del cosecretario general de la CGT Héctor Daer; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Por su parte, Daniel Menéndez, llamó a dar “un paso de vital importancia” con la “urgente institucionalización del Frente de Todos”.
“Venimos, además, muy consternados por el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los discursos de odio extendidos en la sociedad”, señaló.
En ese sentido, indicó que es “vital que la herramienta política que permitió derrotar al macrismo en las últimas elecciones presidenciales emita señales de madurez al conjunto de la sociedad que le entregó con confianza el mandato popular”.
“La situación actual de nuestro país nos demanda tener más responsabilidad”, marcó Menéndez al cerrar el encuentro el último fin de semana.
Fuente: Medios Digitales
