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Advierten que las protestas se profundizarán por la limitación de los planes sociales

“En vez de tener una política para desarrollar el trabajo, y mientras tanto tener una contención para los que la necesitan, ahora se está yendo a un ajuste brutal contra los trabajadores”, indicaron.

5 noviembre, 2022
EN LA CALLE. Las organizaciones no oficialistas preparan movilizaciones masivas.

EN LA CALLE. Las organizaciones no oficialistas preparan movilizaciones masivas.

El pasado jueves el Gobierno nacional anunció un decreto para vincular empleo genuino con los planes sociales. Al mismo tiempo, se limitará la incorporación de beneficiarios de algunos programas sociales con el objetivo de que no se amplíe el número de titulares.

Para ello, el presidente Alberto Fernández se reunió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, las ministras Victoria Tolosa Paz, de Desarrollo Social; Raquel Olmos de Trabajo; y el ministro Sergio Massa, Economía, para definir la nueva disposición oficial. Y es que mediante un trabajo conjunto entre los ministerios de Economía, Desarrollo y Trabajo, el Ejecutivo apuntó a un cese en nuevas altas para los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencia.

“En su lugar, las transferencias previstas serán destinadas a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral”, según remarcaron desde el Gobierno.

El decreto también otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $300 millones, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

También instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a priorizar a los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al programa “Puente al Empleo”.

El Gobierno asegura que hubo acuerdo previo con los movimientos sociales para avanzar con el Decreto. Sin embargo, las organizaciones sociales no oficialistas cuestionaron que la medida “agrava” el conflicto, y por ello llevarán a cabo movilizaciones masivas con posibilidad de acampe, la semana próxima frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Cabe recordar que el Potenciar Trabajo alcanza a unos 1,3 millones de beneficiarios, pero alrededor de 400.000 podrían ser dados de baja con la auditoría que se está realizando. El objetivo es que cada persona que pierda el beneficio no sea reemplazada por otra.

Entrevistado por FM 89.3 Santa María de las Misiones, Eduardo Belliboni, referente nacional del Polo Obrero, recordó que “la política social y económica ha fracasado, y eso hace que el Gobierno haga anuncios. Hace dos meses, Sergio Massa anunció que 200.000 planes sociales se iban a convertir en trabajo. Pero las cosas no se convierten por arte de magia o por decreto. Se convierten los planes sociales en trabajo cuando se desarrolla la fuerza productiva, porque la gente cuando ve la posibilidad de un trabajo inmediatamente abandona el plan. En el 2002 había muchos más planes que ahora, eran 2.200.000 que los había implementado el Gobierno de Duhalde, pero en el 2003 y 2005 se acabaron los planes sociales cuando hubo una reactivación económica”.

“Cuando se desarrolla la economía, el trabajo rápidamente es el objetivo que tienen la mayoría de los desocupados”, remarcó.

Por ello, opinó que “esta medida no va a resolver el problema y va a agravar la situación porque va en paralelo de lo que ha sido la votación de un Presupuesto de ajuste brutal contra los trabajadores, salud y educación”.

“En general este es un presupuesto que tira a la baja lo que es el gasto social que incluye el ingreso de los jubilados y otros aspectos fundamentales del país. Como contrapartida se mantiene un altísimo índice de subsidios a las grandes corporaciones, con una política de endeudamiento que seguramente será de inflación”, cuestionó y añadió: “Esto está produciendo una crisis en el Gobierno y en la oposición, porque la oposición ve que le han sacado el programa y porque el peronismo que decía que defendía la soberanía nacional y la justicia social hoy es una correa de transmisión del FMI”.

Como consecuencia “se viene una profundización de las luchas de los trabajadores y seguramente también de las organizaciones de los desocupados, porque el ajuste avanza y golpea fuertemente la ayuda social”.

“La medida de que se va a congelar la planta de los programas sociales, y que inclusive irán a la baja a partir de que no se pueden reemplazar a aquellos que pierden el beneficio social, claramente es una política de ajuste. No es que ha mejorado la situación social sino que lo que determina que se achiquen y congelen los programas sociales es el ajuste del FMI, que implementa el gobierno y que se va a seguir profundizando con la votación del presupuesto”.

Belliboni también sostuvo que “seguramente se incrementará lo que se llama la protesta social, que incluye a los trabajadores, pero lamentablemente esas protestas son bastante anárquicas porque no son encabezadas por la CGT y CTA que están borradas totalmente mientras discuten las candidaturas del año que viene, en vez de discutir por un plan de lucha que necesitamos en Argentina para frenar el ajuste”.

“Todo esto está arrojando a la gente a la desesperación. Tuvimos problemas de desesperación en 2001. La gente no se resigna a no tener para comer”, consideró y añadió: “En vez de tener una política para desarrollar el trabajo, y mientras tanto tener una contención social para aquellos que la necesitan, ahora se está yendo a un ajuste muy brutal contra los trabajadores que no va a tener buenos resultados”.

“Los comedores populares hoy están desabastecidos por el Gobierno nacional. Esto va a afectar al conjunto de la sociedad que obviamente no tendrá una convivencia armónica”, remarcó y criticó que “el presupuesto lo armó la directora del FMI, un organismo que lo único que le interesa es cobrar una deuda que se produjo durante el gobierno de Macri pero que también está siendo reivindicada por el gobierno actual que decía que venía a cambiar las cosas”.

“Macri llegó diciendo que iba a haber pobreza cero y duplicó o triplicó la pobreza. Este gobierno (de Alberto Fernández) llegó diciendo que iban a ser primeros los últimos, pero ahora resulta que los últimos están más que últimos y han bajado a muchos que estaban en la mitad de la tabla al último de los puestos”, apuntó.

Por su parte, Fabricio Tejerina, referente en Misiones de Barrios de Pie y Libres del Sur, en diálogo con la radio de PRIMERA EDICIÓN, comentó que “nosotros siempre dijimos que los planes sociales son un parche que tienen que ir cambiando por trabajo genuino, pero el gran problema en este país es que no hay trabajo genuino. El 25% de los trabajadores en blanco están por debajo de la canasta básica”.

“No sabemos qué solución se le va a dar a una sociedad tan empobrecida, afectada además por la falta de opciones laborales”, recalcó.

Al mismo tiempo, subrayó: “Vemos que hay que pagar al FMI y que una parte de esos fondos achica la inversión social, en la salud y la educación. Y en eso, uno de los puntos era achicar todo lo que tiene que ver con la ayuda social y el Potenciar”.

“Los planes deberían caerse solo porque se genera trabajo y la gente opta por trabajar”, finalizó.

 

Modificaciones en las auditorías

El pasado lunes la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz realizó su primera visita oficial a Misiones. Al ser entrevistada por PRIMERA EDICIÓN, indicó: “Estamos trabajando con el inicio de las auditorías que estableció el exministro Juan Zabaleta. Si conocemos mejor a los ciudadanos que tienen Potenciar Trabajo, mejor vamos a poder articular esas capacidades y esos haberes”.

Agregó que “por eso hemos determinado una auditoría con otro sistema que no sea vía Universidades y cuerpo a cuerpo, sino que sea una auditoría más digital y más de autogestión, con datos biométricos, condiciones de las personas, de cómo está conformado el grupo familiar, de qué nivel de estudio tienen y de qué niveles y experiencia tienen, y qué quieren ser, es decir que si la contraprestación será el estudio, qué estudio será; si la contraprestación será laboral a dónde quiere ir a trabajar, cuáles son sus capacidades y cómo el Estado tiene que desembolsar parte de los recursos para que ese capital esté y para que esa persona pueda mejorar su ingreso”.

“La idea es lograr con éxito el objetivo del presidente de la nación (Alberto Fernández) que es conocer mejor a la población para llegar mejor al objetivo de que todos y cada uno de los Potenciar estén asociados a una unidad productiva, que se produzca, porque si hay producción hay riqueza, y si hay riqueza hay ingresos, y si hay ingresos estamos mejorando las condiciones de vida de las familias argentinas”, completó.

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
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