Hace doce años era una adolescente de 17 que decidió romper el silencio y buscó ayuda para ponerle final a su calvario de niña, el que le arrancó su derecho a jugar y ser cuidada por su padre, ya que este la obligó a actos indescriptibles contra su integridad sexual.
Ayer martes, los jueces Carlos Jorge Giménez, César Antonio Yaya y Juan Manuel Monte (subrogante), integrantes del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial, condenaron a un comerciante y constructor a pasar los próximos diez años en prisión como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual sin acceso carnal, agravado por el resultado gravemente ultrajante”, previsto en el artículo 119 del Código Penal Argentino.
Durante dos jornadas iniciadas el lunes y con la acusación del fiscal del TP-2, Vladimir Glinka, el debate se llevó a cabo a puertas cerradas para público en general por tratarse de un delito de instancia privada. El banquillo fue reservado para el encartado de 49 años, posadeño con domicilio en la zona sur de Posadas.
De fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN se pudo establecer que el momento de mayor tensión de las audiencias fue el que correspondió a la declaración de la víctima, quien ratificó lo que sufrió entre los 7 y 13 años nuevamente y delante de su victimario.
Fue contundente su relato y el valor desplegado confiaron las mismas voces a este Diario. Detalló los actos sexuales y reiteró coincidente quién y cómo se los obligó a practicar reiteradamente durante seis años.
Los testimonios restantes correspondieron a los aportados en el expediente en la etapa de Instrucción y también fueron recogidos y analizados en el juicio realizado en la sala de calle San Martín (entre 25 de Mayo y 3 de Febrero).
El acusado, propietario de un emprendimiento con servicio de Internet, entre otros rubros, también se lo vincula a la construcción y habría mantenido en silencio los abusos por las amenazas que le realizó a su propia hija.
Relato creíble
Durante la mañana de ayer fue el turno de alegatos. El fiscal Glinka describió y puntualizó el relato de la víctima, despejó cualquier atisbo de duda respecto a un hecho fabulado por una menor o inoculado por algún familiar o allegado.
No sólo el encargado de acusar le creyó a la víctima, también los jueces mencionados porque su fallo fue por unanimidad.
La única diferencia fue el monto de la pena solicitada. El fiscal Glinka pidió 18 años de prisión efectiva y el Tribunal Penal se inclinó por diez.
El acusado llegó en libertad al debate y acompañado por su abogado particular que invocó el beneficio de la duda en beneficio del imputado (principio “In dubio pro reo”) a su turno de alegar y para instar por la absolución directa.
Pero los camaristas opinaron en sentido contrario, lo hallaron culpable y ordenaron que su retiro de la sala de audiencia sea también acompañado pero esta vez por efectivos del Servicio Penitenciario Provincial y que la ejecución de la pena firmada se inicie de inmediato.
Los fundamentos del fallo se leerán el martes 15 de noviembre en la misma sede del Tribunal.
