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Se tramitan 169 solicitudes entre ventanas jubilatorias y moratorias

Desde la Subgerencia Previsional del Instituto de Previsión Social de Misiones explicaron que 146 son expedientes para la ventana jubilatoria y 23 corresponden a la moratoria.

2 noviembre, 2022

A través de la firma del Decreto 636 en mayo pasado, el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad implementó el régimen de ventana jubilatoria y moratoria previsional para los trabajadores de la administración pública provincial. Es así que hasta el momento se están tramitando 146 expedientes de solicitudes de ventanas jubilatorias y 23 moratorias previsional.

Además, el primer mandatario invitó a los municipios a que se adhieran a la medida y con el decreto 1.145 de julio implementó un régimen de retiro extraordinario, exclusivo para los empleados municipales. La autoridad de aplicación que reglamentó la modalidad de realizar las adhesiones de los municipios es el Ministerio de Hacienda de la Provincia.

Es así que desde el área técnica de la Subgerencia Previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) Misiones están en contacto con las Direcciones de Recursos Humanos de cada una de las reparticiones o de los municipios que cuentan con empleados interesados en acogerse a los regímenes implementados por dichos decretos, con el objetivo de coordinar las presentaciones que se deben realizar. En este sentido, serían varios “los agentes que han presentado ya sus renuncias condicionadas y seguramente sus carpetas estarían ingresando en los próximos días a la dependencia del IPS”, indicaron a PRIMERA EDICIÓN desde el área.

Por otro lado, desde la Subgerencia Previsional explicaron que “lo que cambia a través de estos decretos es la determinación del primer haber previsional de los agentes, en la cual existirá la posibilidad de incorporar los haberes no remunerativos (meses de mayo o junio), según sea encuadrado en los decretos 636 o 1.145, situación inexistente con la ley vigente XIX-N°2 mediante la cual se determinan las jubilaciones ordinarias sobre el promedio de haberes remunerativos de los 10 años anteriores al cese; con todos los incrementos posteriores de carácter general que le sean otorgados hasta su efectivo cese”.

Explicaron que los requisitos de edad y tiempos de servicios, para acceder a la ventana en el decreto 636 son iguales a los de la jubilación ordinaria, es decir 60 años de edad para las mujeres, 65 años de edad para los hombres y 30 años de servicios con aportes para ambos, de los cuales 15 años más 1 día deben ser aportes al IPS, y pueden completar el tiempo faltante con reconocimientos de servicios de otras cajas. De esta manera, los beneficiarios accederían a un 75% de su ingreso base, con un 1% más por cada año que los exceda, hasta el máximo del 82%, equivalente a 37 años de servicios computables.

Y recordaron que “para la moratoria se necesitan 20 años de aportes exclusivamente al IPS, y el requisito de edad es el mismo y los beneficiarios accederían al 75% de su ingreso base, con un descuento de los aportes y contribuciones por el tiempo faltante, que nunca excedería a 20% del haber previsional”.

Señalaron que “los requisitos de edad disminuyen en cinco años en el retiro extraordinario implementado por el decreto 1.145 exclusivo para empleados municipales, de todos aquellos municipios que se hayan adherido, con el mismo tipo de determinación de su haber previsional, pero deben tener 20 años de aportes exclusivamente al IPS para la ventana y la moratoria”.

Destacaron que “el decreto 636 prevé que el área técnica previsional, por lo cual llegado el momento del efectivo cese y alta del haber previsional, se hará la comparación entre las diferentes maneras de determinación de ese primer haber, por jubilación ordinaria o ventana jubilatoria, para que se otorgue la más conveniente al afiliado”.

Tags: IPSMisionesMoratoriaVentana jubilatoria
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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