La Cámara de Senadores aprobó este jueves por la noche, por 36 votos a favor y 33 en contra, el proyecto de ley que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa, con modificaciones con respecto a la idea original, fue respaldada por el Frente de Todos y sus aliados, y rechazada por el interbloque de Juntos por el Cambio.
Por la resistencia de sectores internos del oficialismo al proyecto de reforma para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros (suscripto por José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, y motorizado por un grupo de 16 gobernadores oficialistas), el Frente de Todos cedió en las pretensiones y a último momento modificó la redacción del texto, acotando a 15 integrantes la composición del máximo tribunal de Justicia.
Ahora la propuesta será girada a la Cámara de Diputados, donde aseguran que tiene “casi nulas chances de avanzar”, donde “la oposición la rechazará”, según la agencia de noticias NA.
De hecho, legisladores de la oposición plantearon a iProfesional que “la victoria en el Senado es pírrica” porque el proyecto no recibirá los suficientes apoyos en la Cámara baja.
Sin la presencia de Cristina Kirchner, el bloque oficialista abrió la sesión con 37 senadores, el quorum justo. Lo logró gracias a los extrapartidarios Alberto Weretilneck, Clara Vega y Magdalena Solari. En el recinto, Anabel Fernández Sagasti, mano derecha de la vicepresidenta, contaba a los presentes de a uno porque la ausencia del misionero Maurice Closs por cuestiones de salud los había dejado al límite.
La bancada de Juntos por el Cambio recién entró al hemiciclo cuando hubo quorum.
El debate empezó con una particularidad que delató el apuro del kirchnerismo en tratar la polémica ampliación de la Corte Suprema de 5 a 15 miembros: el proyecto final tras la modificación que tuvieron que conceder para tener los votos todavía no estaba redactado.
El cambio fue clave porque el oficialista Adolfo Rodríguez Saá se negaba a votar el proyecto original acordado por Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que proponía una Corte de 25 jueces. Si bien el kirchnerismo consiguió finalmente su apoyo, dejó al descubierto la desprolijidad para aprobar un proyecto que, finalmente, podría quedar estancado en la Cámara de Diputados.
Con ese objetivo empezó a moverse el principal espacio opositor. Atentos a la dificultad que tuvo el oficialismo en el Senado, donde suele estar más holgado, los diputados de Juntos por el Cambio ya puntean la cantidad de voluntades en contra de la reforma de la Corte y aseguran que tienen las suficientes para impedir la sanción de la ley.
¿Cuál es el plan opositor?
En el interbloque de diputados Juntos por el Cambio ya empezaron a contar apoyos y rechazos a la iniciativa del kirchnerismo. Fuentes de la bancada señalaron a iProfesional que tienen unos 130 votos y aclaran: “No es una barbaridad, pero para frenar el proyecto se necesitan 129, o sea que sobra uno nomás”.
En esa cuenta incluyen a buena parte del Interbloque Federal que integran Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Florencio Randazzo entre otros; a los 4 liberales que lideran José Luis Espert y Javier Milei y a los 3 cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti: su esposa, la senadora Alejandra Vigo, no acompañó al oficialismo en el Senado.
Si el Frente de Todos cuenta en Diputados con los aliados misioneros y rionegrinos que lo apoyaron en el Senado y suma a los 4 de la Izquierda podría llegar a 125 y hay quienes evalúan en la oposición que podrían acercarse a los 127. El oficialismo quedaría así en Diputados a dos de los 129 necesarios para el quorum, pero ese número sería inalcanzable si el arco opositor reúne 130.
No obstante, la clave de todo el asunto estaría llegado el caso en la cantidad de presencias para una eventual sesión. El polo opositor presta atención a este detalle. Y es que, para aprobar el proyecto, se necesita de una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes.
En ese sentido, si el Frente de Todos decidiera avanzar en la Cámara baja con el proyecto podría apostar -más que al apoyo de diputados aliados- a las ausencias del otro lado para crecer en número y aprobar, en una eventual sesión la ley.
Ante ese escenario, Juntos por el Cambio y el resto de la oposición necesitarían sí o sí reunir 129 o 130 diputados que se nieguen a dar quorum para que el Frente de Todos no logre abrir el debate. “Si tienen quorum, pueden tener mayoría para aprobar el proyecto”, razonó una fuente consultada por este medio. El escenario está todavía abierto.
¿De qué trata el proyecto?
La iniciativa original proponía llevar la integración de la Corte Suprema de los 5 miembros actuales (4, debido a la vacante todavía no cubierta que dejó Elena Highton de Nolasco al jubilarse) a 25, con la idea de que estuvieran representadas todas las provincias.
Tras las modificaciones que decidió hacerle el Frente de Todos la integración que contempla el proyecto es de 15 jueces, en representación ya no de cada provincia sino de regiones: la región Centro; la región Sur; la región Norte; CABA y Provincia de Buenos Aires.
Los miembros actuales del máximo tribunal permanecerían en sus cargos y sólo se designarían a los 11 nuevos jueces, a propuesta del Poder Ejecutivo y con acuerdo final del Senado por mayoría de dos tercios, como establece la Constitución Nacional.
No obstante, según confirmaron fuentes parlamentarias, en el marco de la negociación para poder juntar los votos, el oficialismo dejaría librado a la reglamentación del Ejecutivo (siempre y cuando el proyecto se convierta en ley) la cuestión de la paridad de género en la composición del máximo tribunal y también la “federalización”.
Los argumentos del Frente de Todos para defender el proyecto fueron evolucionando de los cuestionamientos a su funcionamiento a fuertes críticas hacia los jueces actuales como hizo Juliana Di Tullio al sentenciar: “Sí, quiero que se termine esta Corte porque responde sólo al poder económico y a un solo partido político”.
En Juntos por el Cambio, en tanto, reconocieron que hay “desprestigio enorme del Poder Judicial” pero también advirtieron que la ampliación de la Corte no es una solución a “los problemas de la gente”. En este sentido, Martín Lousteau resumió: “El ciudadano de a pie no accede a la Corte Suprema de Justicia. Esta reforma no le mejora la vida a ninguno”.
