Tal como lo anticipó en exclusiva PRIMERA EDICIÓN el pasado domingo 4 de septiembre, el expresidente de Aguas Misioneras SE (AMSE), Jorge Lisandro Galeano, fue denunciado por segunda vez por la nueva conducción de la empresa del Estado que comercializa la marca “Aguas de las Misiones”.
Esta vez, se trata de una demanda en el fuero Civil y Comercial y será la jueza Gabriela Canalis la que deba investigar la presentación realizada por las apoderadas de la AMSE el lunes 12 de septiembre pasado.
En la misma, a la que accedió PRIMERA EDICIÓN, se pide investigar no sólo al exdiputado Galeano, sino también a los exdirectores César Edil Menem y María Isabel Ghiglione por la demanda de acción societaria de responsabilidad que les cabe en el escandaloso negocio de las Aquacoins que podrían costarle al Estado misioneros varios millones de pesos.
A su vez, solicitaron a la mencionada magistrada que se investigue a la exapoderada de la AMSE y, finalmente, administradora de las Aquacoins por la presunta responsabilidad civil por incumplimiento contractual y de consecuente nulidad.
En el escrito, las abogadas María Fernanda Ordoñez y María Sol Irrazabal por AMSE, pidieron a la jueza Canalis que declare la nulidad de los actos jurídicos o contrato que componen el “Proyecto Aquacoins”, “condenando a los demandados en forma solidaria al resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados, intereses de ley y costas”.
La cifra inicial que el Estado misionero reclama a los denunciados es de casi 9 millones de pesos.
Esta nueva presentación se suma a la denuncia penal contra los cuatro mencionados, radicada a fines de agosto en el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, a cargo de Fernando Verón, quien se encontraba de turno en esa fecha. Se los acusó de presunta administración fraudulenta, fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
Lealtad, buena fe y buen hombre de negocios
En la denuncia de 48 páginas, las abogadas de AMSE hicieron un pormenorizado alegato de los “excesos” de los demandados con el proyecto Aquacoins.
Para el Gobierno, según fuentes consultadas por este Diario, habrían existido “al menos dos actuaciones jurídicas ilícitas: la del presidente del directorio, que no cumplió con sus deberes de lealtad y diligencia de buen hombre de negocios que le impone la Ley de Sociedades; y la de la mandataria (por Torre) que violó también sus deberes de lealtad y buena fe”.
Sostuvieron que en la intervención de los exdirectores para sellar el proceso contractual y contratación surgen “una ineficacia y nulidad” del acuerdo comercial.
Al igual que en la demanda penal, se insistió en el conflicto de intereses en que habrían caído Galeano y Torre porque:
• Torre era apoderada de la empresa que dirigía Galeano.
• El trato como “tío” y “sobrina” (entre comillados porque no existe certeza si hay un lazo sanguíneo o del corazón) entre ambos, que se expone como relación de cercanía como base de un contrato denunciado por posponer los intereses del Estado en pos de la letrada, en medio de una delicada situación financiera de la AMSE.
“Además, al ser su ‘sobrina’, el presidente del directorio estaba incurso también él en un conflicto de intereses con la sociedad, en los términos del art. 272 de la Ley General de Sociedades, ya que es de suponer que estaría interesado en que su familiar obtuviese beneficios o mejoras en la contratación, los que inevitablemente se contrapondrían a los de AMSE. Por lo tanto debió abstenerse de intervenir desde el principio. Básicamente puede considerarse como propio el interés de su “sobrina” y allí entra a jugar también el art. 1002 inciso a) del Código Civil y Comercial”, reza la demanda.
“Está claro que los demandados pretendieron comprometer a la empresa en un contrato con objeto ilegal (indirecta transferencia del 20% de la explotación del agua del Acuífero Guaraní a una persona no designada legalmente para ello) y conjuntamente con causa ilícita, un ‘negocio’ altamente riesgoso sobre ‘activos’ de dudosa legalidad; reconociendo la propiedad del mismo a la cocontratante, comprometiendo fortunas de dinero de la empresa únicamente por la cesión de los presuntos derechos; con cláusulas y adendas abusivas y desproporcionadas todas a favor de la cocontratante, en otras palabras todo se haría con un montón de plata de la empresa y esta no sería dueña de nada, ni de la marca, di del proyecto, sólo se le cedería su uso, aunque pagaría todo el desarrollo (anticipadamente), la promoción, la ‘desarrolladora’ no asumía ningún riesgo puesto que todo se garantizaba con el valor del agua del acuífero, y estaría expuesta a pagar exorbitantes indemnizaciones, multas e intereses abusivos ante el más mínimo incumplimiento, etc. Semejante ‘negocio’ al menos debía ser sometido a la consideración, análisis y aprobación del dueño de la empresa, es decir el Estado Misionero, titular de los certificados nominativos (equivalentes a acciones) del capital social”, sentenciaron en el Gobierno en el escrito judicial.
Negocio de riesgo
En varios tramos de la demanda civil, las letradas firmantes por el Estado misionero, hicieron alusión a la falta de previsibilidad por parte de los exdirectores, del riesgo que se tomaba con el negocio de las Aquacoins.
A tal punto, que observaron la posibilidad de llevar a la AMSE a la quiebra ante una “corrida” en el mercado al que ingresaban con las criptomonedas.
“Otra observación que un ‘buen hombre de negocios’ debería haber tenido en cuenta y ni hablar de un funcionario del Estado Provincial ¿qué pasaría si por cualquier situación en el mercado de criptomonedas, tokens, etc. se produjese alguna ‘corrida’ y todos los tenedores o una gran mayoría de ellos se presentaran a reclamar a AMSE el 100% del metro cúbico de agua a la vez? Sería una situación catastrófica que llevaría sin lugar a dudas al quebranto de la empresa. Que ello pudiera suceder tiene una probabilidad muy alta en este tipo de mercados tan volátiles, de hecho ha sucedido en ocasiones anteriores, ya que es de público y notorio conocimiento que los activos digitales presentan no una tremenda volatilidad y se consideran ‘inversiones’ o ‘activos’ de altísimo riesgo, altamente manipulables, no estando exentas de estos vaivenes ni siquiera las llamadas ‘stablecoins’ (criptomonedas estables, que están ligadas al valor de otro activo, como el dólar, el oro, el agua como en este caso, etc.)”, explicaron al momento de plantear ese riesgo.
A la espera de medidas del juez Verón
En el Gobierno esperan conocer qué medidas adoptará el Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, tras la presentación el pasado 31 de agosto de la denuncia penal contra Jorge Galeano, César Menem y María Isabel Ghiglione, además de la abogada Gloria Torre, por el escándalo de las criptomonedas Aquacoins.
Según pudo saber este Diario, el expediente se encuentra en análisis de la Fiscalía que podría proponer una serie de medidas al juez Fernando Verón respecto de la misma.
El escrito contra los exfuncionario tiene 27 páginas, firmadas por el contador Ángel Ismael Vallejos Larrea (sucesor de Galeano al frente de Aguas Misioneras) con el patrocinio de las abogadas María Fernanda Ordoñez y María Sol Irrazábal.
Fue acompañado de 15 documentos anexos, entre los que se encuentran varias actas de asambleas; el informe de auditoría inicial de la gestión posterior a la de Galeano; informe sobre el estado de situación del proyecto “Aquacoins”; copia del Poder General y de la devolución (revocación) del mismo a la abogada Gloria Torre; 24 copias de facturas por honorarios profesionales a la mencionada letrada; actuaciones judiciales de la misma en favor de AMSE; copia de las polémicas decisiones oficiales que el directorio conformado por los ahora denunciados, tomaron respecto de las criptomonedas; entre otros.
