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“Me van a condenar por los 12 años de gobierno, pero si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”

Desde su despacho del Senado, luego del rechazo de la Justicia para ampliar su indagatoria, la vicepresidenta Cristina Kirchner, responde la acusación de Diego Luciani y Sergio Mola.

23 agosto, 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner arribó a las 10.50 al Congreso nacional, donde minutos después comenzó la transmisión desde su despacho del Senado a través de sus redes sociales luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía pidió que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Rodeada de militantes que hicieron una vigilia en la puerta de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta, Fernández de Kirchner salió pasada las 10.30 desde su casa y arribó antes de las 11 al Congreso nacional, en cuyas inmediaciones también se congregaron manifestantes para expresarle su apoyo.

 

 

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante 5 días en mayo de 2019”, expresó la expresidenta anoche, en Twitter, tras la negativa del tribunal.

En ese marco, anunció: “A través de mis redes voy demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”.

El rechazo a su pedido de ampliación de la indagatoria fue comunicado por el presidente del TOF2, Rodrigo Giménez Uriburu, tras una deliberación de 30 minutos con sus colegas Andrés Basso y Jorge Gorini, con quienes coincidió en que la próxima instancia que tiene la vicepresidenta para exponer ante el tribunal es la que se conoce como “últimas palabras”, previo al veredicto.

Este lunes se completó la novena audiencia del alegato acusador en la causa también conocida como Vialidad, en la que los fiscales pidieron penas para todos los acusados. Sobre el pedido de condena a Fernández de Kirchner, el Frente de Todos advirtió que se trata de un intento de proscripción o condicionamiento contra la exmandataria. El debate se reanudará el 5 de septiembre.

Durante más de una hora la Vicepresidenta aseguró que Diego Luciani y Sergio Mola montaron una ficción y no probaron nada de lo que dijeron. Además, repasó mensajes de texto de José López con los empresarios Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez, similares a los que fueron utilizados para probar su relación con Lázaro Báez

Luego de reiterar que a su entender el juicio es nulo porque los hechos ya se habían juzgado en otras instancias, la ex jefa de Estado acusó a los representantes del Ministerio Publico de seguir “un guión”, “una ficción”, creada por la oposición y por medios de comunicación.

“Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, introdujo Cristina Kirchner en un discurso transmitido en vivo desde su despacho del Congreso.

Luego de recordar que el ex funcionario macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón continúa prófugo de la Justicia y contraponerlo a su actitud y a la de otros dirigentes peronistas investigados en causas judiciales, Cristina Kirchner aludió a los mensajes de texto utilizados por los fiscales Luciani y Mola para probar su vínculo con el empresario de la construcción Lázaro Báez.

“Mi sorpresa cuando ingreso a las 9 mil páginas es que Lázaro Báez, que sería socio o asociado ilícito mío, de José López, del arquitecto De Vido… tiene un mensaje el 8 de octubre de 2014, otro entrante en julio de 2015 y uno del 1° de diciembre de 2015″, aseguró.

Como contraste, la Vicepresidenta leyó una larga lista de mensajes entre funcionarios de su gestión -especialmente José López- y los empresarios de la construcción Nicolás Caputo y Eduardo Gutiérrez, también adjudicatarios de obras públicas. Al leer uno de esos intercambios, ironizó: “La que me siento muy boluda soy yo”.

Caputo además de ser uno de los empresarios de la construcción más importante del país, es reconocido por el ex presidente Mauricio Macri como “un hermano de la vida”. Gutiérrez es una de las cabezas del Grupo Farallón.

“El trato de familiaridad con Nicky Caputo y con Eduardo Gutiérrez no lo veo con ningún otro. Yo no considero que la amistad sea un pecado, pero quien ha considerado que esto es delito son los fiscales Luciani y Mola. ¿No les llamó la atención esta familiaridad a los fiscales y a los jueces?”, se preguntó Cristina Kirchner.

Los mensajes presentados incluyen diálogos sobre trámites y pagos vinculados a obras públicas. “No estoy horrorizada, sólo estoy marcando cuáles son los criterios de Luciani y Mola”, resaltó la Vicepresidenta para contraponer la ponderación de la prueba realizada por los integrantes del Ministerio Público Fiscal durante el juicio oral.

Cristina Kirchner también hizo hincapié sobre un mensaje del ex presidente de la Cámara Argentina de Construcción, José Chediak, que insistió en pedirle un encuentro a José López para hablar del “tema presupuestario” y del bono “asfaltos”.

Además, aseguró que la Justicia nunca se interesó en investigar el origen de los 9 millones de dólares que el ex secretario de Obras Públicas López intentó esconder en un convento. La vicepresidenta asoció los fajos termosellados encontrados en los bolsos al empresario Jorge Sánchez Córdoba, según CFK, un aliado de Mauricio Macri y Daniel Angelici en la Comisión Directiva del club Boca Juniors.

“Comodoro Pro no lo investigó. No lo hicieron porque no les convenía: ¡Los 9 millones de dólares que le pagaron al Secretario de Obra Pública era de ellos, los macristas! No tengo dudas. ¿Ahí no hubo asociación ilícita?”, disparó.

Luego, llegó el pico de máxima tensión cuando Cristina Kirchner asoció las causas judiciales en su contra con los 12 años de gobierno encabezados por ella y por su marido, ex presidente fallecido Néstor Kirchner.

“Este partido judicial no sólo nos estigmatiza a nosotros, sino que los protege a ellos, porque no sabemos donde están los 45 mil millones de dólares del FMI y no pasa nada, se comprueba que Macri hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la tragedia mas grande que tuvo la Argentina en democracia y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, que juega con Macri al fútbol en Los Abrojos, junto a Luciano. Son ellos”.

“Me van a condenar por los 12 años de gobierno, pero si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. Por eso me van a condenar. ¿Cómo voy a pensar que este es un tribunal de la Constitución si permite este tipo de cosas? El papá del presidente del Tribunal, oficial de la Marina Giménez Uriburu, postea en contra mío en el mismo espacio del Liverpool. Fue director de Bignone y Galtieri. ¿Qué me van a decir? ¿Que me van a absolver? Quieren tomarse revancha. ¿De qué? El fiscal pide 12 años porque son 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina”, agregó.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: #CorrupciónCristina KirchnerdefensajuicioPolítica
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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