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Subsidio de luz y gas: cómo anotarse y evitar los aumentos

El Gobierno oficializó este miércoles la Declaración Jurada para solicitar que se mantengan los subsidios a la luz y el gas. ¿Quiénes pueden solicitarlo?

29 junio, 2022

Luego de que el Gobierno oficializara una segmentación de tarifas de luz y gas en tres grupos distintos, quitándole o recortando los subsidios a millones de usuarios, este miércoles se oficializó la planilla para pedir una revisión y no perder la asistencia estatal.

La medida se tomó este miércoles a través de la Disposición 1/2022 de la Subsecretaría de Planeamiento Energético, dependiente del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

La resolución aprobó tanto la base de datos para el Registro de Acceso para los Subsidios a la Energía (RASE) como la Declaración Jurada de Usuarias y Usuarios de Servicios Públicos, el documento que estos deberán presentar para solicitar que no se les quiten los subsidios.

Así, luego de que el Estado analice los datos ingresados a través de esta planilla, “se conformará el padrón de beneficiarios y beneficiarias del régimen de subsidios para las usuarias y usuarios del servicio“.

La segmentación de tarifas dividirá a los usuarios en tres tipos: el segmento de ingresos altos, el de ingresos intermedios y el de ingresos bajos. Cabe resaltar que alrededor del 90% de los usuarios del país están en los últimos dos segmentos, por lo tanto continuarán recibiendo el subsidio, aunque con recortes.

En principio, quiénes tengan ingresos familiares iguales o superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales ($ 348.869,50 por mes para junio), bienes suntuarios o tres o más automóviles y/o propiedades a su nombre, ya no serán beneficiarios de subsidios del Estado.

Por debajo de ese límite, los usuarios intermedios de los servicios públicos de electricidad y gas natural seguirán teniendo subsidios en más de un 75% del costo de la producción de gas y la generación de energía eléctrica. Se trata de quiénes acreditan ingresos mensuales totales entre $99.677 y $348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas), poseen hasta dos inmuebles y hasta un vehículo con menos de tres años de antigüedad.

Finalmente, los beneficiarios de la Tarifa Social, un programa ya vigente que permite a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad pagar un precio menor por los servicios públicos, seguirán pagando la tarifa con un fuerte descuento.

Este grupo incluye a jubilados o pensionados, individuos con alguna discapacidad, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de un subsidio de desempleo e individuos en situación de pobreza, es decir, quienes tengan ingresos netos menores a una canasta básica total.

Al presentar estos tres grupos el Gobierno también informó que habilitarán una planilla de inscripción para que los usuarios que lo precisen o lo deseen declaren al Estado su necesidad de que se les mantengan los subsidios.

En esta línea, este miércoles la Subsecretaría de Planeamiento Energético oficializó la planilla que deberán completar quiénes deseen pedirle al Estado mantener la asistencia para pagar los servicios públicos, información que luego este organismo analizará para confirmar los subsidios o efectivamente denegarlos y recortarlos.

Cabe resaltar que la sola realización del trámite servirá para evitar abonar la tarifa plena mientras el Estado continúa evaluando la pertinencia de la solicitud. En caso de que el pedido sea desestimado, los usuarios comenzarán a pagar las tarifas con aumentos graduales hasta fin de año.

Por otro lado, los beneficiarios de la Tarifa Social seguirán igualmente con la subvención pese a no inscribirse: esto se debe a que el Estado ya tiene en marcha herramientas para detectar el cobro de programas sociales.

 

Cómo anotarse 

Luego de oficializar el Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía (RASE) y la Declaración Jurada para ingresar a este, es inminente que el Gobierno abra el trámite para su realización en el sitio web oficial de la segmentación de tarifas: Segmentación energética: subsidios a la luz y el gas | Argentina.gob.ar.

Tal como aclaran desde el Gobierno, quiénes no tengan acceso digital al formulario podrán completarlo también de manera presencial en oficinas de la Administración Social de Seguridad Social (ANSES) y en las sedes de los prestadores de servicios.

La planilla para solicitar el mantenimiento de los subsidios es una sola tanto para la luz y para el gas y pedirá la siguiente información básica:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI)
  • Número de trámite del DNI (en el frente)
  • Nombre y apellido
  • CUIL
  • Género
  • Fecha de nacimiento
  • Datos socioeconómicos (ingresos netos)
  • Situación laboral
  • Datos de contacto
  • Domicilio declarado por el usuario
  • Código Postal
  • Relación con el domicilio
  • Datos del servicios de gas (consumo)
  • Datos del servicio de luz (consumo)
  • Datos del grupo conviviente (ingresos familiares)

 

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Fuente: Medios Digitales

Tags: Declaración JuradaEnergíaLuz y gasRegistro de Acceso para los Subsidios a la Energía (RASE)SubsidioSubsidios a la Energía
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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