Bajo una copiosa e intensa lluvia, la policía desplegó ayer viernes un operativo especial para poner freno a una serie de estafas cometidas en principio por un hombre de 31 años quien se hacía pasar por un trabajador del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) y recaudaba dinero en efectivo a cambio de la entrega de viviendas a familias que no poseían propiedades y que supuestamente provenían de casos de “viviendas de recupero o recuperadas”.
El sospechoso fue detenido en su casa y hasta el momento fue denunciado en cuatro comisarías distintas, aunque los casos de estafas superarían la docena y el monto recaudado rondaría los 4 millones de pesos o incluso más.
Fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN indicaron que confirmadas hay cuatro denuncias por un monto cercano a los 800 mil pesos que distintas familias entregaron al sospechoso bajo la promesa de recibir una vivienda. Los contactos con las diferentes víctimas comenzaron en octubre del año pasado, aunque las denuncias se formalizaron entre enero, febrero y marzo de este 2022.
En todos los casos, el hombre tomaba contacto con las familias presentando identificación de trabajador del Iprodha y que era mano derecha de un “peso” fuerte de esta entidad. La propuesta consistía en entregar entre 80 y 100 mil pesos como adelanto para iniciar el trámite de acceder a una “vivienda recuperada” que supuestamente se redistribuían por incumplimiento de pagos u otros inconvenientes con los titulares originales. En algunos casos, el monto solicitado era de 200 y hasta 300 mil pesos.
El presunto estafador brindada “facilidades” de pago como por ejemplo cuotas de 100 mil pesos o el monto que podían entregar las víctimas. El pago a través de transferencias en aplicaciones como Mercado Pago u otras billeteras virtuales o simplemente dinero en mano cuando los requirentes le comunicaban que tenían una suma para entregar.
Les pedía documentación como fotocopias de DNI del futuro titular y su grupo familiar, recibos de sueldo y hasta en algunas oportunidades, recibía mercadería como parte de pago ya que algunas de las víctimas son comerciantes.
El tope a entregar era 300 mil pesos y una vez conseguido eso, hasta con la fecha de entrega de la casa, el “falso gestor” desaparecía por completo y no había forma de volver a contactarlo.
Ayer finalmente efectivos de la brigada de Investigaciones de la comisaría Quinta dieron con su ubicación, en el barrio 90 Viviendas de Garupá, con órdenes de captura dispuestas de cuatro de los cinco Juzgados de Instrucción que componen la primera Circunscripción Judicial de Misiones. El caso más antiguo se denunció en el Juzgado de Instrucción 6 a cargo de Ricardo Walter Balor en noviembre del año pasado.
Después vinieron presentaciones en el juzgado de Instrucción 1 de Marcelo Cardozo (enero del 2022), en el juzgado de Instrucción 2 de Juan Manuel Monte en febrero de este año y en el juzgado de Instrucción 3 a cargo de Fernando Verón en marzo, también de 2022.
Aunque aclararon las fuentes, que los hechos sucedieron entre octubre y noviembre del año pasado, pero como el trámite para acceder a la vivienda podía demorar entre tres y seis meses, los casos no eran expuestos judicialmente de manera inmediata.
De acuerdo al Código Penal Argentino, el delito de estafa está comprendido en el capítulo IV y su artículo 172 dice: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
