Los concejales de El Alcázar volvieron a sesionar el martes por la noche y una vez más los efectivos policiales estuvieron presentes en el Concejo Deliberante. Es que la “patota municipal” -que la semana pasada irrumpió la actividad del deliberativo y atacó de forma verbal a los ediles, lo cual obligó a la suspensión de la sesión-, volvió a estar presente en el recinto; pero -en esta oportunidad- no se registraron sobresaltos.
Los ediles llevan adelante el análisis del balance municipal 2021 que fue presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, ya adelantaron que se observaron nuevas irregularidades.
En conversación con PRIMERA EDICIÓN, el concejal Eduardo Vázquez comentó que “tenemos que hacer el cierre del balance para fin de mayo y ya detectamos algunas irregularidades”.
En este punto, enumeró que “se incluyó esa partida presupuestaria en la cual él (el intendente José Ferreira) quiso hacer la modificación. Nosotros no habíamos avalado eso, pero el intendente igual lo incluyó. Es decir que esa es una irregularidad”.
Agregó que “incumplió con algo que nosotros (los concejales) desautorizamos”.
A la vez, mencionó que “lo mismo sucede con las facturaciones, de las cuales pedimos cierta información y el Ejecutivo no nos respondió sino que sólo pasó algunos documentos. Pero, todas esas obras se pagan con plata del municipio”.
Sostuvo que “insistimos en la incompatibilidad de las facturaciones”.
En lo que respecta a la comisión investigadora, Vázquez remarcó que “la decisión ya está tomada y sólo resta la conformación”.
Subrayó que “no queremos que se dilate más este tema y queremos seguir avanzando en todos estos puntos, no podemos tener en vilo a todo el pueblo que nos está reclamando. Además, todo esto quedó asentado en acta”.
Por otro lado, los concejales no descartan acercarse hasta el Juzgado Penal de Puerto Rico con el objetivo de interiorizarse sobre cómo avanza la denuncia penal realizada contra el intendente.
Los ediles de El Alcázar habían detectado varias irregularidades en una obra que “fue facturada y certificada, pero que no se concretó”, ante esta situación y la falta de respuesta por parte del Ejecutivo decidieron ir por la vía judicial.
