El drama que atraviesan las más de 105.000 familias que tomaron los créditos UVA está a un paso de agravarse aún más. Ocurre que en julio próximo vence el decreto que estableció un 35% como tope de pago de cuota a partir de los ingresos en cada hogar.
El Gobierno no ha dado una sola señal de avanzar con una prórroga de la medida y todo indica que, si deja de regir ese límite, los endeudados podrían llegar a tener que responder con el 100% de, precisamente, los ingresos familiares.
El problema no concluye ahí: el cambio de régimen también habilitará a los bancos para que ejecuten las viviendas sin intermediación judicial. Esto, en los casos de familias que se atrasen con el pago de 3 cuotas consecutivas. Desde la agrupación Hipotecados UVA una de sus referentes informó a iProfesional que, en tanto ajustan por inflación, las cuotas no han dejado de aumentar. “La suba es mensual. Ahora estamos en el orden del 113%”, precisó.
Precisamente desde el colectivo acercaron un comunicado dando cuenta del desastre que, si no hay intervención política, se desataría precisamente en julio.
El texto señala que tras el día 31 de ese mes los endeudados “tendrán que pagar la cuota completa, así sea el 100% de sus ingresos. Y si no pagan 3 cuotas consecutivas, el banco está habilitado sin intermediación judicial a ejecutar la vivienda”.
“Esta verdad así de cruda es una bomba de tiempo que va a explotar muy pronto: el fantasma de las ejecuciones ya es una realidad que sobrevuela los hogares de miles de familias en todo el país, que no pueden afrontar el pago de las cuotas”, se añade.
Hipotecados UVA remarca el carácter “insostenible e inviable de un crédito que indexa en forma diaria según la inflación”, y señala que bajo ese sistema los créditos aumentaron hasta 600% más el capital solicitado.
Qué establece el decreto
El decreto 767/2020 de Emergencia Pública fue publicado el 25 de septiembre de 2020. La norma establece para todos los deudores UVA el prorrateo del aumento del valor de la cuota en 18 meses desde el 1° de febrero de 2021 hasta el 31 de julio de 2022 (sistema de convergencia).
Dispone, además, que los bancos “deben considerar la situación de aquellas familias que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35% de sus ingresos y aplicar ese tope para el pago de las cuotas”.
“A esto último, el sistema financiero puso desde su implementación, innumerables trabas a quienes solicitaban este beneficio: desde papeleos interminables y desgastantes, hasta respuestas que incumplen claramente con la normativa, como ofrecer la extensión del plazo del crédito”, expone Hipotecados UVA.
“Arbitrariamente, el decreto aumenta la relación cuota/ingreso, ya que al momento de calificar para acceder al crédito la cuota no podía superar el 25% de los ingresos”, agrega.
Concluye el comunicado: “Lejos de ser beneficioso para los hipotecados, estos supuestos alivios se han transformado en más deuda, ya que las diferencias tanto por convergencia como por tope de cuota son convertidas a UVA y refinanciadas a pagar a partir de la finalización del crédito, extendiendo así la agonía del deudor”.
Las deudas se quintuplicaron
Las deudas, en la mayoría de los casos, se quintuplicaron. Una de las portavoces de Hipotecados UVA detalló la evolución de su caso ante iProfesional: “En el 2008 inicié con 2,4 millones de pesos. Hoy tengo 9 millones de pesos de deuda más los microcréditos que se me generaron por haber diferido la cuota en época de pandemia. Debo más de 10 millones”.
“Sumé tres trabajos más. Doy clases, hago asesoramiento en comunicación, entre otras labores. Tenemos dos hijos adolescentes en la secundaria. Junto con el sueldo de mi esposo tratamos de cubrir la cuota, y el cuidado, la alimentación y la educación de nuestros hijos”, cuenta otra damnificada.
Otro testimonio: “Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano. La cuota que tenemos que afrontar es de 78.000 pesos. Se lleva íntegro uno de nuestros sueldos familiares. Empezó siendo de 16.000 pesos”.
Entre los hipotecados se multiplican las familias que han debido recurrir a nuevos créditos para cubrir el préstamo inmobiliario solicitado.
Según Hipotecados UVA, por estos días suman 500 las carpetas de hipotecas en proceso de ejecución. Señalan que la puesta en venta de las propiedades adquiridas a través de ese crédito es una tendencia consolidada. Y que, a este ritmo, las ejecuciones serán el rasgo dominante del problema a lo largo de 2022.
La Justicia de Mendoza enciende una luz de esperanza
Las más de 105.000 familias que tomaron créditos UVA vuelven a tener un horizonte de esperanza a partir de un fallo clave. Ocurre que, en Mendoza, y a partir de la acción iniciada por un endeudado, el Segundo Tribunal de Gestión Judicial ordenó a la entidad crediticia que se readecue el contrato para fijar los valores de las cuotas.
Según pudo saber iProfesional, la jueza Cecilia Landaburu emitió una resolución mediante la cual estableció eliminar el UVA como indicador de actualización. Determinó que en su lugar comience a aplicarse otra fórmula, el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), para fijar el monto de las cuotas mensuales y ordenó retrotraer las deudas al mes de agosto de 2019.
La elección de ese período no resulta casual: es el momento en que el Gobierno nacional decretó el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA y UVI. Landaburu consideró que ya el sistema se encontraba en crisis por lo que las deudas deben retornar a ese punto.
El fallo benefició al mendocino Marcos Azulay, quien había tramitado un crédito para refacción de su vivienda por 1,2 millones de pesos por un plazo de 15 años. Hoy debe 7 millones de pesos. Lo dispuesto para Azulay sienta un precedente de peso para los miles de familias que hoy padecen una deuda que, a partir de cuotas impagables, se multiplica cada mes.
Al margen de este fallo judicial y su efecto positivo, los hipotecados UVA transitan un momento de suma preocupación a partir de una variable que podría complicar el escenario a mediados de este año.
El problema no concluye ahí: el cambio de régimen también habilitará a los bancos para que ejecuten las viviendas sin la necesidad de intermediación judicial.
Con datos de iProfesional
