Luego de los fuertes cuestionamientos que la Auditoría General de la Nación (AGN) hizo a las cuentas de inversión de 2016 y 2017, el organismo elaboró un relevamiento sobre la deuda contingente.
Se trata de pasivos públicos sujetos a un suceso de ocurrencia eventual pero de carácter obligatorio. Uno de los focos fue el caso de los holdouts. El documento al que pudo acceder Ámbito, afirma que la registración volcó “información incompleta, imprecisa y contradictoria”. En esa línea, se remarca que no se cumplieron las prácticas del Banco Mundial y la Conferencia de las Naciones Unidas a las que Argentina adhiere. El resultado fue una emisión de deuda en dólares mayor a la que el Gobierno de Mauricio Macri necesitaba para cancelar el reclamo en efectivo.
Los analistas consultados, comparan a la deuda contingente con la parte de abajo de un iceberg: “No se ve pero siempre está”, dicen. Por eso resulta fundamental una registración completa y precisa del fenómeno que clarifique los posibles escenarios económicos y financieros. Algo que según el informe del organismo de control, que ya fue rubricado por los auditores y será publicado en las próximas horas, no sucedió durante el ejercicio 2016.
Justamente el cierre de ese período es el que impactó de lleno en el cálculo de cuánto se debía emitir con el objetivo de cancelar la deuda originada en el juicio de los holdouts, es decir, los acreedores que no habían ingresado a los canjes de 2005 y 2010. No son pocos los economistas que señalan al pago en efectivo a los llamados “fondos buitres” como el hecho que marcó el comienzo de un ciclo de endeudamiento que culminó con el préstamo más grande de la historia por parte del Fondo Monetario Internacional a Argentina en 2018.
El proceso en cuestión fue analizado en detalle por el organismo de control. Una decena de hallazgos permite concluir que no se cumplieron los criterios de buenas prácticas de análisis de endeudamiento a los que el país adhiere a nivel internacional.
De la documentación expuesta surge que las emisiones realizadas con fundamento en la Ley 27.249, fueron superiores a lo que se necesitaba para saldar el reclamo de los holdouts.
En la normativa sancionada por el Congreso se autorizaron u$s12.500 millones pero luego en el Sistema Integrado de Información Financiera sólo se registraron pagos por u$s9.926 millones. Es decir que hay un monto residual de más de u$s2.159 millones que no se utilizó para los fines indicados en el proyecto que aprobó el Poder Legislativo.
Por lo que el Gobierno de Macri no sólo pagó en efectivo el 100% de una sentencia cuestionada por distintos organismos internacionales, por la que había negociaciones en curso, sino que además realizó una emisión superior a las necesidades de financiamiento. La ley sancionada por el Congreso sólo la había habilitado para el pago a los buitres.
El informe de la AGN sostiene que la información provista y expuesta por la Contaduría General de la Nación (CGN) “no fue completa y precisa en lo que respecta a los totales de deuda pública contingente por los holdouts”.
A su vez, señala que se observaron “contradicciones en las manifestaciones de la Oficina Nacional de Crédito Público y la Secretaría de Finanzas, en referencia al mismo asunto”.
Para el organismo de control, el sistema de registración de juicios resultó incompleto, por lo que se incumple la Ley 25.344. “No se pudo concluir que se incluyeran la totalidad de las jurisdicciones internacionales donde el Estado litiga”, dice. En la misma línea, sostiene que la CGN se refiere a montos globales, por lo que no se puede discernir entre la ley nacional y la extranjera.
Más polémica
Un día antes de que Mauricio Macri decretara un cepo cambiario que redujo la posibilidad de comprar dólares de 2 millones mensuales a 10 mil para particulares, empresarios que se reunieron con el expresidente y con varios de sus principales funcionarios compraron grandes sumas de divisa norteamericana y las enviaron al exterior.
El jueves 29 de agosto Macri recibió en la Casa Rosada a Alejandro Asrin, de Tarjeta Naranja; Daniel Denigris, de la petrolera Exxon; Martín Guimaraes, de British AM Tobacco; Miguel Devoto, de Danone; y Alberto Arizu, de la bodega Arizu-Luigi Bosca. La reunión no figura en los registros de la Casa Rosada, pero la reflejaron diarios y portales.
De la información aportada por el BCRA a la causa sobre el destino del préstamo del FMI que investiga la jueza María Eugenia Capuchetti surge que al día siguiente de la reunión, Tarjeta Naranja SA, la empresa cuyo CEO es Alejandro Asrin, compró 31.932.000 dólares y ese mismo día los transfirió a una cuenta en los Estados Unidos. Cobranzas Regionales SA, empresa integrante del mismo grupo económico, compró también ese día 1.260.000 dólares. Fueron las únicas compras de divisas de ambas empresas en 2019.
Fuente: Medios Digitales
