Seis funcionarios de la Aduana y siete empresarios y comerciantes fueron condenados ayer a penas de entre tres años y cinco años y medio de prisión por contrabando, coimas y lavado de dinero, tras una investigación que siguió las pistas de una serie de irregularidades detectadas en el puesto fronterizo con Brasil en Paso de los Libres, Corrientes.
Las penas fueron dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Manuel Alberto Jesús Moreira (subrogante e integrante del TOF de Posadas) y Enrique Jorge Bosch, tras un juicio oral en el que también fueron absueltos dos empleados aduaneros, cuatro empresarios y una mujer, considerada “pasera”.
Del debate oral participaron los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel y las querellas de la AFIP Aduana y la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Nación, que coincidieron en su pedido de condena con lo que aplicó el tribunal.
Héctor Sebastián Gavarone, Héctor Marsilli y Fernando Daniel Marticorena fueron considerados coautores del delito de “lavado de activos agravado por habitualidad, como miembros de una asociación”. A Garavone y a Marsilli les fijaron una pena de cinco años de prisión y deberán abonar una multa de dos veces el valor de los bienes objeto del delito mientras que a Marticorena lo condenaron a tres años.
Con respecto a Pablo Martín Marsilli, los jueces lo condenaron a cinco años y cuatro meses por el mismo delito y por el uso de arma de uso civil condicional, además de que también deberá abonar una multa. A Leonel Elías Zappa y a David Osmar Loza se les fijo una pena a tres años de prisión como partícipes secundarios del lavado mientras que para Eduardo Matías Bravo se estableció una condena de tres años y seis meses de prisión como participe secundario del mismo delito.
En relación a la responsabilidad de los funcionarios de la sede de Paso de los Libres de la AFIP-DGA, fueron condenados Carlos Martín Dubra, José Ángel Longhi, Horacio José Velozo, Carolina Alejandra Vesga Gómez, María Claudia Gatti, Lucia Pompeya Fernández y el denominado “pasero” Fabián Alfredo Moreno, quien llegó a juicio acusado de traspasar mercaderías a través de la frontera entre Corrientes y Uruguayana.
De esta manera, Longhi, Velozo, Vesga Gómez, Gatti y Pompeya Fernández recibieron penas de entre cinco y cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos al ser considerados responsables de los delitos de cohecho pasivo y contrabando agravado. Por su parte, Dubra fue condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua por los delitos de “cohecho pasivo, contrabando agravado”.
Finalmente, Moreno recibió una pena de cuatro años de prisión por ser considerado responsable de los delitos de cohecho activo, contrabando agravado y tenencia injustificada de arma de uso civil condicional. Por otra parte, el Tribunal ordenó la absolución de siete personas. En su alegato, el fiscal había solicitado penas de entre tres y diez años de prisión para las 21 personas que llegaron al juicio.
También intervinieron las querellas de la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) y a la Unidad de Información Financiero (UIF). Todas las personas fueron acusadas de integrar una organización que entre 2015 y 2017 se dedicó al contrabando de divisas, tanto como de mercaderías en pequeña y gran escala, así como al paso clandestino de personas y, además, al lavado de los activos generados en esas operaciones.
Según el alegato de los fiscales, las maniobras investigadas a este grupo “les permitió incrementar de modo exorbitante, irregular e ilícito su patrimonio”.
“Tenían tarifario para pasar cualquier cosa”
Carlos Schaefer, fiscal General Federal de Corrientes dialogó ayer con “Primera Plana” (FM 89.3 Santa María de las MIsiones) sobre la importancia del juicio y desenlace de ayer: “Del todo no, pero bastante conforme estoy. La investigación comenzó en 2016 y de los 21 acusados fueron condenados catorce. Ahora nos queda evaluar, oportunamente con los fundamentos de la sentencia, los recursos de casación respectivos para los que nos resultaron penados”.
“No es fácil cuando se investiga a funcionarios públicos, sobre todo los de Aduana y cuando se involucran en el lavado de activos”.
“Lo grave de esta causa es que se inicia con denuncias de trata de personas. Una persona denuncia anónimamente a la línea 145, cansada de ver a las menores pasando a Brasil en los baúles de los autos cada vez que había allanamientos en Paso de los Libres por el delito de trata. Esto desencadenó en una megacausa que tiene 28 acusados esperando juicio y 40 víctimas (por trata de personas). A partir de este punto se generó la causa por lavado de activos y otra más que involucra a los aduaneros”.
“Arribamos a condenas de funcionarios públicos en una causa muy importante en la que intervienen muchos agentes de seguridad. Las cabezas formaron un empresa para garantizar el lavado del contrabando de divisas. Dejaban pasar el dinero. Compraban reales en Uruguayana y los llevaban a Paraguay para adquirir dólares que entraban a la Argentina y desembocaban en una financiera en Buenos Aires. La mecánica con empresas para la lavar los activos quedó probada. Blanqueaban el dinero de esos delitos”.
“La Aduana es la puerta de ingreso al país. En este caso dejaban entrar cualquier cosa con un canon de tres mil pesos por automóvil y cuatro mil por camioneta, sin importar qué ingresaban. Hasta pactaban con paseros para para que realicen tours de ferias o compras de seis o siete vehículos. Se podía entrar una persona, droga o cualquier cosa. Incluso hasta las coimas las cobraban en un domicilio particular”.
