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Acuerdo con el FMI: Guzmán abrió el debate en comisión

7 marzo, 2022
Martín Guzmán

 

El ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, explicó hoy al exponer en la Cámara de Diputados que en el acuerdo de facilidades extendidas alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional “no hay ninguna reforma que implique quita de derechos”, y reveló que “el primer objetivo” del programa económico comprometido con el organismo multilateral de crédito es “la acumulación de reservas internacionales”.

 

“No hay una reforma previsional, la actualización de haberes se seguirá rigiendo en base a la ley vigente y no hay ninguna reforma laboral”, destacó al tomar la palabra en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas, en la primera jornada del tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a fin de convalidar el entendimiento con el FMI.

 

A Guzmán le tocó hablar luego de que el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, inaugurara el debate con un mensaje introductorio, seguido del discurso del jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien desarrolló el cuadro de situación y el contexto en el que se produjo el acuerdo del Gobierno para refinanciar la deuda por 44.500 millones de dólares contraída por la administración de Mauricio Macri entre 2018 y 2019.

 

“Este es el mejor acuerdo posible”, afirmó Manzur, citando el argumento que el Gobierno y sus referentes legislativos vienen repitiendo hasta el cansancio para intentar captar más voluntades a favor de la ley.

 

 

 

Minutos más tarde, Guzmán recordó que “es la primera vez en la historia argentina que un acuerdo entre un Gobierno nacional el staff del FMI será puesto a consideración del Congreso nacional de acuerdo la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública” sancionada en 2021.

 

El ministro advirtió que en la actualidad el país “enfrenta una situación de gran potencial desestabilizador que es el problema de la deuda con el FMI”, y alertó que “Argentina no cuenta con los recursos para hacer frente a los vencimientos programados en el programa stand by del 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos”.

 

“Estamos hablando de este mismo mes”, acotó, en alusión al vencimiento del 22 de marzo por más de 2.800 millones de dólares.

 

“Si no se pudiese resolver el problema de balanza de pagos que Argentina tiene debido los problemas de pagos con el FMI, se enfrentaría a una situación significativa más difícil y dañina en el frente cambiario, de la inflación, del empleo, de la actividad y en todo el frente social”, dijo al alertar sobre las presuntas consecuencias de un escenario de default.

 

Guzmán detalló que de acuerdo al cronograma original del programa stand by firmado por Macri, este año el país debería desembolsar entre capital e intereses unos 19.000 millones de dólares y el año que viene otros 20.000 millones adicionales.

 

Según dijo, se trata de una carga de deuda imposible de saldar en los plazos establecidos, por lo que aseguró que “la única alternativa para poder hacer frente a esos vencimientos es obtener nuevo financiamiento y la única forma es a través de un nuevo programa de financiamiento con el FMI”.

 

El funcionario detalló que el financiamiento acordado con el FMI comprende un crédito por 44.500 millones de dólares, equivalentes a la deuda del programa stand by del 2018.

 

Al respecto, resaltó que “no se está agregando un solo dólar de deuda a la deuda que se tomó en el programa stand by” que firmó el macrismo.

 

En otro orden, Guzmán señaló que durante el proceso de diálogo con el staff del FMI se llegó a la conclusión de que “la principal limitante al crecimiento sostenido en Argentina es la restricción de divisas”. En base a este diagnóstico, “se definió como primer objetivo la acumulación de reservas internacionales”.

 

“Por lo tanto resulta fundamental potenciar el desarrollo de los sectores con capacidad de generar divisas en la Argentina para poder generar las condiciones de crecer de forma sostenida”, puntualizó.

 

En este sentido, precisó que Argentina se compromete a un crecimiento de las reservas en 5.800 millones de dólares en 2022, de 4.000 millones en 2023 y de 5.200 millones en 2024.

 

“Poder contar con más reservas en el Banco Central es la primera condición necesaria para calmar las expectativas y para que ayude a atacar con más fuerza el mal inflacionario. De modo general, es necesario para que en Argentina haya estabilidad macroeconómica”, analizó.

 

El segundo objetivo que definió Guzmán es el de “reducir el déficit fiscal para ir dependiendo menos del endeudamiento y de la emisión monetaria”.

 

En este sentido, apuntó que la meta para este año es bajar el déficit fiscal al 2,5% del PBI, el año que viene al 1,9%, y en 2024 al 0,9%.

 

No obstante, aclaró que la política fiscal no será de ajuste sino “moderadamente expansiva”, con especial hincapié en la inversión en infraestructura pública.

 

“Junto a ello se plantea una reducción de la emisión monetaria lo cual también es un camino necesario para esta Argentina”, sostuvo acerca del tercer objetivo trazado. En esta línea, se definió que este año el financiamiento monetario baje al 1% del producto bruto, y continué descendiendo en 2023 al 0,6% para converger en 2014 a la emisión cero.

Tags: acuerdo con el FMICámara de DiputadosMartín Guzmán
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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