Durante el miércoles se realizó una audiencia entre el Defensor del Pueblo, el Consejo Provincial del Adulto Mayor y autoridades de Salud Pública donde estuvo presente el propietario de una residencia de ancianos en proceso de habilitación. Sobre este geriátrico está en investigación la muerte de una mujer de 81 años, tras la denuncia de sus familiares.
En comunicación con PRIMERA EDICIÓN el titular de la Defensoría del Pueblo, Alberto Penayo, contó que “conformamos el Observatorio del Adulto Mayor donde, a través de la participación de distintos organismos, intervenimos en cualquier situación como la de este caso”. Ayer por la mañana “en la Defensoría se realizó una audiencia, donde buscamos que den explicaciones”.
Tras este encuentro “solicité un pedido de informe para saber el estado real de avance de la habilitación del geriátrico”.
Detalló además que “en el marco del Observatorio, pero actuando como Defensor del Pueblo, convoqué a instituciones para tratar la situación actual de este lugar y estuvo también el propietario, el señor Cordero”. Aclaró también que “en cuanto al caso judicializado por esta familia, no me puedo meter”.
Penayo remarcó que “acá tenemos otros 11 residentes, de los cuales los familiares son los primeros convocados por la Defensoría para que nos expliquen porqué depositan a estas personas en un lugar sin habilitación”. Fue claro en señalar que en este caso y con los residentes aún viviendo en ese lugar “hay una responsabilidad que es compartida”.
Compartió que “en el transcurso de la mañana del jueves, va a ir a este lugar personal de Salud Pública, la Comisión de Prevención de la Tortura (que ya estuvo antes y está elevando un informe), junto con la Defensoría. Es para constatar si aquel proceso iniciado que ya tuvo una observación por parte de Salud Pública, según lo que manifestó el representante del área de Gerontología, tuvo algún avance.
El Defensor del Pueblo indicó que “dentro de lo que nos interiorizamos en el marco del expediente presentado, técnicamente este geriátrico estaría en proceso de normalización. Este señor también está dentro del proceso del Observatorio y tiene otra empresa que está habilitada formalmente”.
En cuanto a la habilitación, señaló que “el proceso inició en diciembre, tenía 90 días para cumplir con todo, aunque todavía tiene unos días, pedí que por favor se cumpla con todo”. En el caso de que aún no se cumpla con lo pautado, adelantó que “oficialmente voy a pedir la clausura porque evidentemente no hay una voluntad por parte del propietario de cumplimentar con lo básico para garantizar el cuidado de los adultos mayores”.
Respecto al propietario, compartió que “manifestó muchas cosas abstractas y debemos manejarnos con hechos, ver qué cosas se cumplieron y cuáles no. No se pueden fundamentar excusas. Si consideran que cobran muy poco, no es rentable y es un negocio, le decimos que cierre. No podemos permitir que siga funcionando de la manera en que está, porque acata las normas o cierra”.
Alberto Penayo reiteró que “se convocará a los familiares y realizaremos un seguimiento de acá a seis meses. Si estos residentes son trasladados también deben tomarse los recaudos y exigimos a los familiares que no vayan a cualquier lugar”.
Como Defensor del Pueblo, “cuando se vulneran derechos y garantías constitucionales recién podemos actuar. Es un caso de público conocimiento y tengo que actuar de oficio”, agregó. En cuanto al caso para la habilitación y el resguardo de los residentes, indicó que “veremos qué informe envían desde Salud Pública. Desde la Comisión de la Tortura, un dato relevante es si estas personas quieren estar en el lugar en que están actualmente”.
