A más de un año de iniciarse los problemas entre las comunidades mbya guaraní por el uso de territorios en la zona de Campo Grande y en el Valle del Cuña Pirú, los conflictos continúan en aumento.
Se vivieron momentos de tensión cuando jóvenes de la comunidad Ka’a Kupé se encontraron en la selva con trabajadores de la empresa que consiguió el permiso del Ministerio de Ecología para un Plan de Manejo Sustentable. Denuncian que hubo violencia y personas resultaron heridas, lo cual generó diferencias entre los pueblos por el manejo de este caso.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN el cacique de la comunidad Koenjú, Néstor Morinigo, contó que “la gente de la comunidad Ka’a Kupé pasó el límite y generó un atropello a la propiedad. Esto es una mala forma de actuar y no entendemos que tipo de justicia se busca con semejantes actos”.
Remarcó que esto “es violencia y provoca sólo perjuicios para las comunidades”. Aseguró que “estas personas han maltratado al personal de la empresa Carba y eso ya no es algo de los mbya guaraní, porque no somos un pueblo violento. En Ka’a Kupé, Mario Borjas es cacique, pero sin un consentimiento”.
Sobre este conflicto con los trabajadores de la empresa, en comunicación con este Diario, desde la comunidad Ka’a Kupé Mario Borjas confirmó que “hubo un choque con jóvenes de la comunidad, el pasado 8 de noviembre”.
Sin embargo, aseguró que “hay otras imágenes circulando que no son ciertas y no son otra cosa que inventos de la empresa”, en referencia al robo de materiales, caños rotos y daños en máquinas.
Recordó que, en ese momento, “los chicos fueron al lugar y se encontraron con los trabajadores de la empresa”. Tras el conflicto vivido, “después estuvieron acompañados por la Policía de Campo Grande”. Asimismo, señaló que “luego de esto, se trasladaron a otra zona, pero de todas formas se trata de territorios que se encuentran relevados dentro de la Ley 26.160”.
Borjas indicó que “aunque esto pasó, siguieron las actividades dentro del monte y seguimos esperando respuestas a los pedidos hechos para el cese de actividades. A la empresa nunca le importó nada y siguieron talando un poco más lejos de la comunidad. En estos días, los jóvenes volverán a trasladarse para ver qué está sucediendo en el monte”.
En conflicto
Por su parte, Néstor Morinigo compartió que “dentro de la propiedad de Carba, estamos asentadas tres comunidades y estamos intentando conseguir el uso de la propiedad, pero tenemos a ENDEPA y EMIPA en nuestra contra”.
Sobre el rol que juegan desde la Pastoral Aborigen, aseguró que “no están dialogando bien con las comunidades y están causando problemas”. De momento, comentó que “procuramos solucionar el problema de la propiedad de los terrenos para la comunidad y las familias, pero estas organizaciones sólo causan problemas en lugar de procurar soluciones”.
Para llegar a un tipo de acuerdo, el cacique de la comunidad Koenjú contó que comenzaron con “trámites con Catastro de la provincia junto a Carba para conseguir el permiso para el uso de la tierra. Pero se complica todo porque estas personas continúan generando conflictos en el área”.
Morinigo lamentó que “el relevamiento territorial no sirve para nada y no asegura la propiedad de las comunidades, incluso muchos no están de acuerdo con que se realice”.
Adelantó que “vamos a hacer una reunión con los caciques porque la Pastoral Aborigen llena la cabeza a las personas. No es sólo una cosa del monte y las tierras, sino que debemos pensar en el futuro”. Además, opinó que “debemos respetar las leyes, porque si los blancos nos respetan se merecen el mismo trato”.
El cuidado de la selva
El Plan de Manejo Sustentable de la Selva permite una autorización para la extracción de cierta cantidad de madera en un lugar determinado según un estudio previo para evitar generar un impacto ambiental en el suelo.
5000
fueron las hectáreas que iniciaron el conflicto en el Valle del Cuña Pirú y territorios aledaños.
El reclamo
Desde las tres comunidades en esta área cercana a Campo Grande reclaman que se encuentran en terrenos relevados según la ley 26.160, de emergencia territorial indígena, que se extendió por 4 años más mediante un DNU.
