Durante seis años y pese a las alertas de la Justicia Federal e Interpol, una marplatense de 51 años permaneció prófuga en una investigación iniciada en enero de 2015 y denominada “Marea verde”, que desmanteló una organización de transporte y distribución de marihuana prensada que ingresaba a Misiones desde Paraguay y se comercializaba en localidades de la costa atlántica bonaerense.
En Tandil, el lunes por la tarde, fue interceptada por investigadores de la Policía Bonaerense Guillermina Cerviño imputada en la causa por la cual en junio de 2019 fueron juzgados quince involucrados ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.
Efectivos de la DDI Tandil junto a efectivos de la comisaría Segunda lograron aprehenderla cuando ingresaba a la ciudad mencionada en un automóvil.
La investigación a Cerviño se inició con un procedimiento policial realizado en la calle peatonal San Martín, de Mar del Plata, en enero de 2015 cuando agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) interceptaron a un joven que transportaba tres kilogramos de cannabis sativa en una mochila. De la información obtenida del teléfono celular secuestrado se obtuvieron los vínculos de un grupo de personas que, en forma indistinta, podían desempeñar tanto el rol proveedor, comprador y/o consumidor de diversos estupefacientes con todos los cuales compartía la actividad ilícita.
Durante los días y meses siguientes, los investigadores de la PFA recogieron datos de proveedores y secuaces de la organización. En agosto del mismo año se logró dar el golpe que derivó en la detención de quince personas y el secuestro de un camión con una carga acondicionada de 2.800 kilogramos de ladrillos de marihuana.
El domingo 23 de agosto en Wanda fue ubicado el transporte, un Scania con semirremolque y todos los documentos apócrifos, que escondía la carga de estupefaciente. De manera simultánea en Mar del Plata y otros puntos bonaerenses, fueron detenidos los principales sospechosos.
El estupefaciente era comprado en Paraguay y se “enfriaba” en Wanda para ser acondicionado en una caja con doble fondo del camión que tenía como destino Mar del Plata. La maniobra delictiva incluyó la adquisición del transporte y la adulteración de la documentación necesaria para colocar a una persona ajena a los hechos como titular del vehículo, con el objetivo de ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios.
Quince sentencias en 2019
El lunes 10 de junio el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, integrado por los camaristas Mario Portela, Roberto Falcone y Alfredo Ruiz Paz, condenó a quince de los 18 acusados a penas de prisión de entre uno y catorce años, inhabilitación de hasta seis años y el decomiso de un camión.
Como uno de los responsables de la maniobra fue condenado el presunto cabecilla de la banda, el marplatense Walter Daniel Omar Martínez (41) a la pena de 14 años de prisión por el delito de “organización de transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de participantes”.
El TOF consideró que fue una de las cuatro personas que organizaron la maniobra de tráfico de estupefacientes, incluso en suelo misionero. Cerviño (51) detenida el lunes y Hugo Alberto Esteban (atrapado cinco meses antes del juicio de 2019 en Entre Ríos), son los presuntos “cerebros” restantes que deberán ser juzgados.
De los quince sentenciados, fue clave el aporte de uno que reconoció su participación en la maniobra de transporte y aceptó declarar como “arrepentido” en los términos de la ley 23.737.
La información que aportó fue determinante para confirmar la identidad de los integrantes del escalón superior de la maniobra y los lugares utilizados por la organización. A cambio, fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, como “responsable del delito de transporte agravado de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
Además, fueron condenados por titularización falsa del camión utilizado, un escribano de Buenos Aires, Carlos Augusto Villanueva, a cuatro años de prisión por “falsedad ideológica de instrumento público agravada” y el gestor Juan Luis Ramón Martínez a tres años de prisión por “uso de documento público falso agravado”.
