La protesta de internos federales en la unidad penal de Loreto persiste con trece personas en huelga de hambre que reclaman que se aceleren y resuelvan sus planteos de morigeración de su detención, entre otros puntos.
La medida de fuerza se inició el lunes con 26 reclusos, todos por delitos federales como violaciones a la ley de drogas o contrabando de mercaderías. Desistieron, hasta ayer al mediodía, la mitad de ellos luego que sus planteos fueron escuchados por autoridades judiciales.
En el grupo de internos que continúa la huelga, seis son ciudadanos paraguayos con la mitad de sus condenas cumplidas y que solicitaron oportunamente ser expulsados hacia su país de nacimiento y cumplir la totalidad de la pena sin regresar a la Argentina.
Cabe recordar, como lo publicó PRIMERA EDICIÓN, que ante esta situación el juez de Ejecución Penal Federal de Posadas, Manuel Alberto Jesús Moreira, denunció a las autoridades misioneras de la Dirección Nacional de Migraciones ante la posible comisión del delito de “desobediencia judicial” por no cumplir sus órdenes de expulsión que fueron firmadas, en cada caso, entre agosto y septiembre.
Los reclamos de estos seis huelguistas corresponden a sentencias federales que ya alcanzaron el plazo necesario previsto por la ley 25.871.
La denuncia ante la Fiscalía Federal de turno, realizada por el camarista del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, se concretó el martes con los documentos que ratifican que “hasta la fecha, no se hicieron efectivas las disposiciones de extrañamiento de los condenados que han cumplido su mitad de condena”.
El pedido de investigación alcanzaría a las funciones de Martín Braulio Sancho, delegado de la Dirección Nacional De Migraciones delegación “Posadas” y de asesores y directores de la dirección Asuntos Jurídicos y del departamento Extranjeros Judicializados, del mismo organismo dependiente del Ministerio del Interior.
Los seis casos cumplen penas por delitos de infracción a ley 23.737 o de drogas y la 22.415 denominado Código Aduanero. Todos con penas de cuatro años de prisión cuya mitad se cumplió este año, por lo que el pedido o beneficio de expulsión los contempla.
