La Argentina es una de las protagonistas de los Pandora Papers, la filtración de documentos de paraísos fiscales más amplia de la historia y que desde ayer sacará a la luz el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
El nuevo trabajo colaborativo global, en el que trabajaron varios de los medios más importantes del mundo, incluye secretos financieros de 35 líderes mundiales, de más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, de empresarios que figuran en los rankings de Forbes, y una larga lista de evasores que operaron en las sombras.
El capítulo argentino de los Pandora Papers incluye historias de interés público sobre figuras del kirchnerismo y del macrismo, de financistas vinculados a casos de corrupción y de grandes empresarios. Revelará datos comerciales, tributarios y societarios hasta ahora desconocidos sobre futbolistas de elite y celebrities locales.
Recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria a través un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Muchas personas que hacen negocios internacionales afirman que necesitan de estas firmas para llevar a cabo sus asuntos financieros. Pero si el responsable de esa operatoria no declara debidamente su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias, podría incurrir en elusión fiscal o en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.
La Argentina está en el podio de los Pandora Papers: es el tercer país con más beneficiarios finales detectados. Es decir, personas que son las verdaderas dueñas y tienen el control final de las sociedades offshore analizadas en los documentos, más allá de quiénes sean los “prestanombres” que aparezcan en los papeles de esas firmas en esas jurisdicciones de baja tributación.
Con 2.521 beneficiarios finales argentinos, el país sólo se ubica debajo de Rusia (4.437) y del Reino Unido (3.501). La mayoría de los argentinos optó por crear sus empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas (1.981 compañías), un pequeño archipiélago volcánico del Caribe. El resto se distribuyó entre Belice, Panamá y Estados Unidos, más otros destinos menores.
¿Cuán amplia es la filtración?
Si en 2016 los Panamá Papers abarcaron más de 11,5 millones de documentos del bufete Mossack Fonseca -equivalentes a 2,6 terabytes de información-, los Pandora Papers levantan ahora la apuesta: son más de 11,9 millones de registros (2,94 terabytes de datos confidenciales) vinculados a 14 proveedores de servicios offshore que ofrecen compañías de papel para mover -u ocultar- dinero en los principales paraísos fiscales del planeta.
La Argentina tiene su propio capítulo: el país aparece mencionado 57.307 veces en los documentos analizados durante meses por el equipo argentino. Se encuentran, entre otros, el fallecido exsecretario personal de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y el financista estrella y confeso de la causa de los “cuadernos de las coimas”, Ernesto Clarens.
También el gurú y consejero indispensable del Pro, Jaime Durán Barba, y Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario. La investigación ofrece, además, datos desconocidos hasta ahora sobre Zulemita Menem y Humberto Grondona, hijos de dos íconos de la historia argentina reciente. Y de astros del fútbol como Ángel Di María y Javier Mascherano, además del DT del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.
Entre los argentinos que aparecen mencionados en los papeles, pero que ICIJ corroboró con documentos que declararon sus estructuras financieras y sus activos offshore ante las autoridades tributarias correspondientes, figuran, por ejemplo, los dos empresarios más vinculados al desarrollo de vacunas contra el COVID-19: Hugo Sigman (Insud) y Marcelo Figueiras (Richmond).
El diario La Nación investigó estos datos junto a periodistas de Infobae y elDiarioAR. Se trata de la mayor alianza periodística mundial que lideró ICIJ desde su creación. Convocó a más de 600 reporteros de 117 países que compartieron un año de trabajo en el más profundo secreto.
Entre los más de 150 medios que participaron junto a los medios argentinos se encuentran The Washington Post y Miami Herald (Estados Unidos), BBC y The Guardian (Reino Unido), Le Monde (Francia), El País y La Sexta (España); Süddeutsche Zeitung (Alemania); entre muchos otros. Se conformó, así, la investigación periodística colaborativa más grande de la historia.
Si se analiza la información por cantidad de compañías involucradas, la Argentina también se posiciona en el “top five” de los Pandora Papers: es el quinto país con más sociedades controladas desde nuestro territorio en el más absoluto secreto. Al menos 1.448 compañías aparecen vinculadas a controlantes argentinos, detrás de Reino Unido (3.936), Rusia (3.694), Hong Kong (2104) y China (1.892).
Los números son conservadores. Entre otros motivos, porque sólo abarcan a los beneficiarios finales (verdaderos dueños) identificables. Pero otros roles societarios -accionistas, directores y apoderados, por ejemplo- no se tomaron en cuenta para los rankings que desarrolló el equipo de ICIJ, la asociación sin fines de lucro con sede en Washington que comandó la investigación.
El material analizado revela movimientos financieros de figuras argentinas de alto y bajo perfil. En 57.307 documentos de la filtración apareció la palabra “Argentina”, en diferentes formatos. Desde documentos de texto y hojas de cálculo, hasta PDFs y mails. Algunos de esos archivos contenían una carilla; otros, más de 1.000 páginas.
Entre los archivos a los que tuvo acceso el equipo argentino de ICIJ aparecen más de 2.500 argentinos dueños de empresas creadas en paraísos fiscales, con nombres de fantasía y directores “prestanombres” que cumplen ese mismo rol para cientos de firmas. ¿Para qué las utilizaron? Desde adquirir propiedades en el extranjero sin estampar sus nombres en las escrituras y eludir al fisco, hasta evitar pagar el impuesto a la herencia en Estados Unidos el día que sus hijos tramiten la sucesión. Desde tramitar poderes para movilizar fondos en forma opaca, hasta armar estructuras y fideicomisos que dificulten rastrear la ruta del dinero.
Líderes de Latinoamérica
Uno de los mandatarios de América Latina que aparece en los Pandora Papers es el chileno, Sebastián Piñera. La investigación hecha por el equipo chileno del ICIJ reveló que el presidente compró junto a su amigo, el empresario Carlos Alberto Délano, la Minera Dominga a través de una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas.
Nueve meses después de que Piñera asumiera su primera presidencia, en diciembre de 2010, el mandatario dejó el negocio en manos de Délano mediante la firma de un acta en Chile por 14 millones de dólares y otra en el paraíso fiscal por 138 millones. El monto debía cumplirse en tres cuotas, pero el último pago estaba sujeto a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera.
El gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró que el Presidente no maneja sus negocios desde hace 12 años, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la operación terminó en sobreseimiento.
Por otra parte, Guillermo Lasso, el exbanquero y presidente de Ecuador, figura en los documentos: en 2017, tres meses después que el congreso de Ecuador aprobara una ley que prohibía a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales, Lasso abrió un trust en Dakota del Sur, Estados Unidos.
A su vez, se conoció que Horacio Cartes, expresidente de Paraguay, era propietario junto a su familia de empresas offshore mientras ocupaba la primera magistratura con una valoración que superaba el millón de dólares. El exmandatario y sus tres hijos eran dueños de una empresa en Panamá llamada Dominicana Acquisition SA que tenía un departamento en Miami y una cuenta bancaria en el Banco Amambay de Paraguay -que ahora se llama Banco BASA- propiedad del Grupo Cartes.
Por su parte, en Brasil, los Papeles de Pandora apuntan a los dos hombres más poderosos del mundo económico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opinión pública sus operaciones offshore antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones que afectan a este tipo de inversiones.
Este posible conflicto de intereses afecta especialmente al ministro de Economía, quien lidera un proyecto de reforma fiscal que, en su versión actual, reduce la presión sobre el dinero de particulares en paraísos fiscales.
Guedes, de 72 años, figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Se trata de una sociedad de las que en el argot financiero se denomina shelf company: firmas que se abren en paraísos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante años, a la espera de que alguien les dé un destino.
Los documentos muestran que el ministro, gurú económico del presidente Jair Bolsonaro y una de las personalidades más polémicas del gigante sudamericano por sus conexiones con la élite financiera, tenía en 2014 al menos ocho millones de dólares invertidos en la compañía, registrada a su nombre, al de su esposa, María Cristina Bolívar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes.
El Ministerio de Economía, como respuesta a la investigación, envió un comunicado a la revista Piauí en el que señala que estas actividades “fueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los demás organismos competentes, lo que incluye su participación en la empresa Dreadnoughts International Group”. “Su actuación siempre respetó la legislación aplicable y se guió por la ética y la responsabilidad”, indica la nota.
El presidente del Banco Central, Campos Neto, es propietario de cuatro empresas. Dos de ellas, Cor Assets y ROCN Limited, están registradas en Panamá en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compañías era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Las otras empresas opacas son Peacock Asset, gestionada por el banco Goldman Sachs, y que fue descubierta en la investigación Bahama Leaks de 2016; y Darling Group, una empresa de “gestión inmobiliaria”.
Al igual que Guedes, el presidente del Banco Central afirma que declaró todo su dinero en el exterior a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, así como a la agencia tributaria brasileña y al propio Banco Central. También insiste en que ha construido su “patrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 años de trabajo en el mercado financiero”.
Colombia es otro de los países donde se advierte un empleo intensivo de la opacidad financiera en las altas esferas políticas. Entre las personalidades que figuran en la filtración destacan dos expresidentes: el liberal César Gaviria Trujillo (con mandato de 1990 a 1994) y el conservador Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Ambos, que mantienen una notable influencia política, tocaron a las puertas de estos servicios cuando ya habían dejado el poder.
La respuesta de Cartes
El expresidente de Paraguay, a través de sus abogados, se refirió sobre esta investigación de la ICIJ y respondió que, efectivamente, se trata de una sociedad panameña adquirida en el 2011 como vehículo legal para la compra de un departamento para su familia en la ciudad de Miami, Florida.
Los representantes del exmandatario agregaron que la adquisición de bienes raíces en la Florida o en otras jurisdicciones a través de este tipo de estructuras societarias era en el 2011, y lo sigue siendo hasta ahora, una modalidad absolutamente legal y muy utilizada porque agiliza los procesos de compra y venta de los activos subyacentes y a la vez permite organizar el traspaso ordenado de los bienes a los herederos en caso de fallecimiento del titular.
Por otro lado, OMC Group es una firma panameña que presta servicios corporativos, contables y fiduciarios desde hace más de 60 años a clientes globales y fue recomendada a la familia Cartes por un estudio de abogados de Estados Unidos.
Asimismo, fue consultado sobre la transferencia de las acciones hasta entonces al portador de Dominicana Acquisition S.A. a nombre de Cartes y al de sus tres hijos. Sobre ello, el expresidente respondió que en el año 2015 entró en vigencia en Panamá una modificación de la ley de sociedades, que dispuso la obligatoriedad de canjear las acciones al portador por acciones nominativas.
Desde el entorno de Cartes dijeron además que tener una cuenta offshore no representa delito en si mismo y que en este caso, las cuentas permanecieron inactivas desde que finalizó la operación de compra venta del departamento.
Un impacto millonario en las arcas de los Estados
El sistema de sociedades offshore en paraísos o guaridas fiscales -como se quiera llamar a los países que ofrecen nula o baja tributación a grandes empresas, PyME y adinerados- le quita al mundo cada año US$ 427.000 millones de recaudación impositiva, según el informe “El estado de la justicia fiscal 2020” que elaboraron las ONG internacionales Global Alliance for Tax Justice, PSI y Tax Justice Network (TJN).
Se trata de un cálculo conservador. Para entender su impacto en tiempos de pandemia, los estados perdieron el sueldo de un enfermero por segundo.
El informe incluye a la Argentina y calcula que el país dejó de recolectar gravámenes por US$ 2.341 millones de empresas multinacionales. El estudio advierte que las compañías “transfieren sus ganancias a paraísos fiscales a fin de ocultar las ganancias que obtuvieron realmente en los países en los que operan y, por tanto, pagan menos impuestos de los que deberían”. Eso incluye también compañías argentinas con sociedades offshore.
El reporte también advierte de que al Estado se le escurrieron otros US$ 343 millones porque “personas adineradas ocultan activos e ingresos no declarados en el extranjero, fuera del alcance de la ley”. Con esos US$ 2.684 millones se podrían haber pagado los sueldos de 421.000 enfermeros todo el año o un décimo del presupuesto educativo.
Es decir, los estados, incluido el argentino, pierden tanto por dinero que se elude por artilugios legales y que está declarado como por lo que se evade lisa y llanamente.
La sombra de los Panama Papers
Mientras los Panama Papers se basó en documentos del estudio Mossack Fonseca, los Pandora Papers provienen de otros 14 proveedores del mundo offshore que trabajan con múltiples jurisdicciones, entre los que se encuentran el estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), elegido por la mayoría de los beneficiarios finales argentinos; y Trident Trust Company, elegida por los argentinos para armar fideicomisos vinculados a las Islas Vírgenes Británicas.
Según publicó ICIJ en su web, Alcogal trabajó con figuras involucradas en casos célebres de corrupción: Odebrecht SA (ahora bajo el nombre de Novonor) y el Fifagate.
Gerard Ryle, director de ICIJ, sostuvo que el proyecto “es Panama Papers con esteroides”, ya que Pandora Papers supera en número de documentos a la célebre filtración de 2016 y “muestra a Estados Unidos por primera vez como un paraíso fiscal”.
En la filtración de los Panamá Papers, figuraba el nombre del expresidente Mauricio Macri y otros miembros de su familia, como parte del directorio de la offshore Fleg Trading Ltd. Está constituida en Bahamas.
