El último informe de Distribución del Ingreso emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDIC) dejó un dato revelador acerca de buena parte de la masa trabajadora argentina: el 80% de las personas con ingresos promedios de hasta 54.412 pesos y el 50% de los hogares con hasta 57.564 pesos, no alcanzaban a cubrir en junio último el costo de la canasta básica que define el nivel de pobreza.
De acuerdo al trabajo del organismo estadístico, el sector más bajo de la población tenía un ingreso individual de 5.675 pesos, mientras que el más rico tenía ingresos 25 veces más superior y llegaba a los 142.116 pesos.
El ingreso promedio per cápita del total de la población, alcanzó los 26.021 pesos, mientras la mediana del ingreso individual fue de 19.200 pesos, ambos por debajo del costo de la canasta básica alimentaria que define el nivel de indigencia. Cabe recordar que, en junio último, la Canasta Básica Alimentaria tenía un costo de 66.488 pesos y la básica alimentaria de 28.413 pesos.
Frente a este panorama, resulta evidente que el empleo no es una garantía de evitar la pobreza en la Argentina, un paradigma que se fue instalando en los últimos lustros. El fenómeno se hizo aún más evidente con la crisis sanitaria. La pandemia arrasó con las fuentes de trabajo, pero también deterioró la calidad de vida de quienes lo preservaron.
“Hay un fenómeno estructural de entre 15-20% de trabajadores que son pobres, pero desde 2017 comienza a agravarse. Por la inflación y la pérdida de capacidad de compra, hay un nuevo fenómeno, y es que cada vez es mayor la incidencia de trabajadores formales que son pobres”, analizó meses atrás Santiago Poy, uno de los autores del trabajo “Efectos de la Pandemia sobre la dinámica del trabajo en la Argentina Urbana”, publicado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
El fondo de la cuestión vuelve a ser la ausencia de medidas de base que rompan con la inercia de este nuevo tipo de crisis que se masificó en todo el país.
