Desde la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina el 30 de diciembre del 2020, las organizaciones sociales reclaman por su correcta implementación. Ayer se realizó una jornada en toda Latinoamérica con movilizaciones en las principales ciudades. En Misiones, hubo pañuelazos en Posadas, Oberá y Eldorado para visibilizar los obstáculos presentes hasta la fecha en la provincia.
A nivel internacional
En Eldorado, la referente de la Red de Mujeres Profesionales por el Derecho a Decidir, Carolina Carbó, explicó a PRIMERA EDICIÓN que el 28 de septiembre “es un día de lucha por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. En particular, en nuestro país tomamos este día para recordar que, a pesar de la ley, es muy dispar el cumplimiento y hay muchos obstáculos”.
En la provincia, aseguró “incluso evaluamos que desde la aprobación de la Ley hubo un retroceso en algunos aspectos. Se empieza a pedir más requisitos en casos donde es claro que se puede acceder a una ILE (Interrupción Legal de Embarazo), es decir, casos de niñas que sufrieron abuso sexual, con embarazos producto de esto”.
Carbó remarcó que “Misiones encabeza índices de abuso sexual en la infancia, embarazo en menores de 15 años”. En tanto que “la ESI es otro eje a pelear. En la provincia, es como si verdaderamente no existiera esta ley y todo depende de los directivos y docentes de cada escuela. Por parte del Consejo General de Educación tampoco tienen una postura clara y es necesaria su implementación. Fruto de su escasa llegada, podemos ver los resultados”, agregó.
Los obstáculos
Desde el Colectivo de Mujeres y Disidencias de Oberá, Natalia Ruiz contó a este Diario que antes de la concentración en el Centro Cívico, realizada ayer por la tarde, “tuvimos una reunión para organizarnos en vistas al 25 de noviembre, Día de la No Violencia. Las organizaciones sociales y políticas estamos viendo cómo encarar esa manifestación. A su vez, charlamos sobre las dificultades que encontramos con el cumplimiento de la ley del aborto en la ciudad”.
Acceder a la ley IVE en la ciudad “se garantiza sólo cuando se encuentra a las personas indicadas. Sucede que hay muchos médicos y clínicas que son objetores de conciencia”, aseguró. Sobre el lema “Niñas no madres”, aclaró “es porque hablamos de chicas menores de edad, en su mayoría por debajo de los 15 años, que atraviesan esta situación”.
Asimismo, Ruiz indicó que “dentro del Poder Judicial, hay una falta de perspectiva de género cuando llegan los casos de abusos en las infancias. Si estos no son bien canalizados, los tiempos se dilatan tanto que luego no se puede llevar adelante la interrupción del embarazo”. En los casos de embarazo adolescente y niñas víctimas, manifestó que “hablamos de abusos intrafamiliares, difíciles de detectar por la falta de ESI”.
La lucha más allá de una ley aprobada
Con respecto a esta jornada de lucha, la abogada y militante feminista Florencia González compartió con PRIMERA EDICIÓN que “Argentina ha sido un faro a nivel Latinoamérica en cuanto al derecho al aborto. El año pasado fue sancionada la ley, pero es una lucha histórica de más de 30 años para poder acceder a la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. A partir de ese momento, otros países como Chile y Perú iniciaron un movimiento similar a la marea verde argentina. Así se exige el derecho a la interrupción voluntaria como derecho humano de decidir sobre nuestros cuerpos”.
Más allá de esto, “sabíamos que la lucha no concluiría con la sanción de la Ley. La plena aplicación de la ILE y la IVE varía según cada sistema sanitario, no sólo dentro de una misma provincia, sino que es diferente en cada ciudad. En instituciones públicas y privadas, la objeción de conciencia fue una herramienta para privar de derechos. Todavía tenemos dificultades para garantizar el traslado a un centro de salud donde se pueda realizar el procedimiento”, añadió.
Por último, señaló que “el desafío desde los movimientos feministas es que las personas estén informadas. El conocimiento empodera y es fundamental que sepan los derechos que tenemos para exigir su cumplimiento”.
