Durante las últimas horas autoridades policiales fueron desplazadas de sus respectivos cargos cuando aún resuenan episodios polémicos que despertaron malestar interno entre los altos mandos de direcciones de la fuerza de seguridad provincial.
Uno de los reemplazos se concretó a las 19.30 con la salida de Sandro Martínez del cargo de mayor jerarquía en el Centro Integral de Operaciones 911, que reúne entre funciones clave el sistema de videovigilancia o la red de cámaras de seguridad montadas en toda la provincia.
Martínez fue reasignado en funciones en Asuntos Internos, confiaron a PRIMERA EDICIÓN fuentes próximas a estos estratos de responsabilidad.
Al frente del 911 fue presentado ayer el comisario mayor Oscar Acuña, quien hasta la firma de la disposición 827, se desempeñaba como subdirector de General de Seguridad.
Esta designación, en el entorno oficial de la fuerza, fue trascendida como “la persona con mejor perfil” para el inicio, en quince días aproximadamente, de la aplicación informática para establecer un “monitoreo o mapa del delito”. La APP funcionará en teléfonos celulares y permitirá registrar todos los movimientos y procedimientos policiales. La información que recoja facilitará la discriminación de los operativos y la asignación de recursos correspondiente para prevenir el delito.
En cuanto a los reemplazos en la Unidad Regional XI, con cabecera en Aristóbulo del Valle, las mismas fuentes adelantaron que hoy sería confirmada la disposición para que asuma como nuevo jefe el comisario inspector Marcelo Aníbal Chimniski, hasta ayer subjefe de la unidad.
Fue desplazado del cargo mayor de esta jurisdicción, el comisario general Ricardo Marcelo Espínola.
Este cambio se produjo tras el escándalo desatado el pasado domingo 29 de agosto tras la detención y pase a disponibilidad de un comisario a su cargo involucrado en una denuncia por cobro de coimas a transportistas de la zona.
El caso, que investiga el juez de Instrucción 2 de Oberá, Horacio Alarcón, fue caratulado como “presunto cohecho”, comenzó a ser investigado tras la denuncia que radicó un hombre de 31 años de San Vicente, quien manifestó que en un control policial en Aristóbulo del Valle, sobre la ruta nacional 14 se presentó para regularizar la situación de una carga de maíz que transportaba un camión Iveco procedente de Santiago del Estero y que tenía destino San Vicente.
Al arribar al control lo recibió un policía que le manifestó que la carga se verificó y que la documentación estaba en regla pero que debía pesar la carga y que “podíamos arreglar de otra manera” pero “tenía que conseguir 50 mil pesos”.
Accedió ante el funcionario e inmediatamente fue liberado el camión. Mientras tanto, el denunciante puso en conocimiento de lo sucedido a la Fiscalía de Instrucción de turno.
Desde sede judicial autorizaron al denunciante a que se reúna con el acusado en Aristóbulo del Valle, con el objetivo de que se haga “el pago” con billetes marcados y capturar al comisario.
